La mitad de las víctimas del conflicto han sido menores de edad: Procuraduría

La Procuraduría presentó en Palmira el “Informe de vigilancia preventiva a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en 139 municipios de Colombia”.

De las 6.231.617 víctimas del conflicto armado registradas entre 1985 y 2013, el 49,6% corresponde a personas que tenían entre 0 y 26 años de edad en el momento de su victimización. Lea: Seis municipios del Valle, en alerta por reclutamiento infantil de las bacrimEstas cifras hacen parte del “Informe de vigilancia preventiva a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en 139 municipios de Colombia”, presentado este lunes por la Procuraduría General de la Nación en Palmira (Valle del Cauca). El informe, que consulta fuentes como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), fue elaborado con el propósito de evidenciar la situación de derechos de los menores de edad en los municipios priorizados por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado, y generar conciencia sobre el imperativo de la paz. Lea: Martín, la historia de un niño desmovilizado que venció a la guerraEn el informe, la Procuraduría resaltó la exclusión de “la cuestión de los niños y el conflicto armado” en las negociaciones de La Habana; las dificultades para acceder a la justicia, el reclutamiento y el uso generalizado y sistemático de niños en la Guerra y la dificultad para conocer el alcance y la magnitud de la problemática. Además, se resaltó que existe poca denuncia de los casos de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto, así como de actos de violencia sexual contra niños y niñas, el ataque y la amenaza contra los maestros y los alumnos, entre otros. Así, entre las recomendaciones formuladas está la de incorporar en el Acuerdo General de La Habana la problemática de los niños víctimas en el conflicto armado interno. De hecho, en la presentación del informe realizado en Palmira, Valle, la procuradora delegada para los temas de infancia, Ilva Myriam Hoyos, hizo referencia a una serie de recomendaciones formuladas por el procurador general al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado 2 de agosto. En esa ocasión, jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, señaló que el proceso de paz debe adelantarse en un escenario de protección de los derechos fundamentales de las víctimas, garantizando máximos de verdad, medios de reparación integral y mínimos de justicia para no dar cabida a la impunidad, y que los derechos de las víctimas son los límites de la actuación del Estado en los procesos de paz. Entre otras recomendaciones formuladas por la Procuraduría está la de articular las políticas públicas para asegurar su impacto en la prevención y la protección de los derechos fundamentales, garantizar la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos de los niños en el contexto del conflicto armado interno, y asegurar la investigación integral y la sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra menores de edad. En la presentación del informe realizada en Palmira, Valle, se hizo referencia a la Directiva 003 expedida por el Procurador General de la Nación el 27 de marzo de 2012 y que establece el deber de implementar el Conpes 3673 de 2010, relacionado con la política de prevención del reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de los grupos ilegales. El informe La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado priorizó en 2014 a 108 municipios de 22 departamentos, por su situación especialmente crítica, no solo en referencia al reclutamiento de menores de edad, sino a las condiciones de violencia e inequidad que afectan los derechos fundamentales de esa población. El informe de la Procuraduría incluye a estos 108 municipios y a los demás priorizados anteriormente por la Comisión. Entre los 139 municipios analizados está la capital del país y las ciudades de Barranquilla, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira, Popayán, Riohacha, San José del Guaviare, Valledupar y Villavicencio. La Procuraduría evaluó 38 indicadores relacionados con la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud y encontró como “críticas”, entre otras, las de acceso a los servicios de salud, atención prenatal, lactancia materna, gratuidad en la educación, salud visual, formación para el trabajo orientado a adolescentes y jóvenes, conflicto con la ley penal, violencia sexual, explotación sexual, desplazamiento y consumo de sustancias psicoactivas. El Ministerio Público, además, evidenció debilidades relacionadas con la precisión de la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el diagnóstico; la diversidad de enfoques (siendo el de menor presencia el enfoque de derechos y diferencial); la oferta de servicios generalizada (no es precisa en relación al factor de riesgo específico); la ausencia de estrategias o mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación, así como el fortalecimiento de capacidades en los territorios, y la cobertura en relación con la priorización municipal. El informe concluye que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado deben ser prioridad en la garantía y en el restablecimiento de derechos hoy, en un posible acuerdo, en el postacuerdo, y en el postconflicto, para lo cual se requiere el fortalecimiento de la gestión pública territorial, con una efectiva y eficaz articulación Nación – territorio, y que no es suficiente una priorización de municipios si no va acompañada de una priorización de inversión social.