En Colombia hay más de 1.800 casos de víctimas de tortura, según ONG

En un evento de solidaridad con esas víctimas, la Coalición contra la Tortura presentó un panorama de este delito en el país.

En el marco del Día Mundial de la Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, la Coalición Colombiana Contra la Tortura organizó un evento en el que se llevaron a cabo varias actividades culturales, presentaciones musicales, espacios de diálogos y exhibición de galerías, para conmemorar a las víctimas de este flagelo. La Coalición Colombiana Contra la Tortura es un grupo de Organizaciones No Gubernamentales, nacionales e internacionales, que brindan apoyo a las víctimas y se oponen a esta práctica en el país. De acuerdo con un informe emitido por este colectivo, “la tortura es un flagelo que aún azota a Colombia y tiene muchos nombres”. La Convención Internacional Contra la Tortura, la define como “todo acto por el cual se ocasiona –intencionalmente- a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero información o confesión, castigar a la víctima por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido y/o intimidar a la víctima o, por su intermedio, a terceras personas". En el caso colombiano, ésta se presenta bajo diferentes caras y nombres. Entre éstas, la Coalición menciona la detención arbitraria, el desplazamiento forzado, el hacinamiento carcelario, maltrato físico y psicológico, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia sexual, la desaparición forzada, así como todo tipo de amenaza contra la vida o dignidad humana. De acuerdo con las cifras presentadas en un informe de la Coalición, entre 2001 y 2009 por lo menos 1.834 personas fueron víctimas de tortura en todo el país. De ellas, 422 quedaron con vida, 1.148 fueron asesinadas y 264 son consideradas víctimas de tortura psicológica. A esto se suma que, de acuerdo con un informe presentado hace dos meses por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a 2014 en Colombia se han reportado más de 25 mil víctimas de desaparición forzada, crimen que según el Centro de Memoria, continúa ocultándose a la opinión pública, bajo nombres como ‘falsos positivos’ y ‘crímenes pasionales’. Las cifras presentadas por la Coalición también incluyen más de 63 mil denuncias de amenazas contra la vida e integridad personal, especialmente de las personas en situación vulnerable. Lo informes de los procesos de Justicia y Paz con los paramilitares desmovilizados también reportan 773 casos de tortura directa y más de 500 mil víctimas de violencia sexual. A eso se suman los cinco millones de desplazados reportados por las mismas autoridades gubernamentales, en los últimos 25 años. Según el informe presentado por la Coalición Contra la Tortura, la responsabilidad del 90,59% de las acciones de tortura mencionadas recae sobre el Estado, ya sea por perpetración directa o por omisión o complicidad con el accionar de grupos paramilitares y bandas criminales. De los casos reportados, solo el 9,41% se atribuye a algún grupo guerrillero. Prevalece la impunidad El informe de la Coalición no solo muestra la gravedad de la tortura en Colombia, sino también la impunidad que prevalece cuando se denuncian estos casos. Parte de esto, el informe lo atribuye a la congestión judicial. Esto combinado con el desorden y falta de registro de este tipo de hechos por parte del Estado, hacen que sea muy difícil dimensionar o diagnosticar adecuadamente este flagelo. Por esta razón, la Coalición solicita al Estado colombiano “centralizar las denuncias sobre tortura y capacitar a los entes estatales para identificar las diversas manifestaciones con el fin de que éstas sean registradas separadamente de los delitos particulares”. Recomendaciones que no han sido acatadasLa Coalición colombiana Contra la Tortura recordó que el 26 de junio de 2013, los representantes de la Organización Mundial Contra la Tortura, Eric Sottas y Andrea Meraz Sepúlveda, estuvieron en Colombia e hicieron varias recomendaciones al Gobierno Nacional, las cuales no han sido acatadas. Entre ellas incluyeron agilizar la investigación y procesamiento judicial a los responsables de estos hechos, así como ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura establecido por la ONU, y que desde noviembre de 2009 han instado varias organizaciones mundiales por su importancia para la prevención de este delito. También este mismo año, la representante de la Misión de Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura, Anne Boucher visitó Colombia con el fin de acompañar diferentes movilizaciones en el marco del Paro Agrario Nacional y dar seguimiento a los avances en materia de tortura de los estamentos gubernamentales. Durante ambas visitas, las organizaciones internacionales han concluido que la tortura en Colombia se comete y oculta de manera sistemática.