El Valle, una de las regiones más peligrosas para jueces y fiscales

El 21 agosto de 2019, hace apenas cuatro meses y medio, el fiscal especializado contra el crimen organizado, Alcibiades Libreros, fue condecorado por la Policía Nacional, la Dijín y la Interpol por ser uno de los mejores fiscales de Colombia.

La medalla y la estatuilla que recibió ese día eran apenas un reconocimiento más a su carrera. En 2013 ya había sido nominado entre los mejores fiscales del país y en 2014 obtuvo el galardón. Al año siguiente, durante la conmemoración de los 17 años del Gaula, recibió un nuevo reconocimiento por su destacada labor mientras se desempeñó como fiscal delegado de esa unidad contra el secuestro.

—Hay muchas cosas que quisiera contar pero no puedo, debido a la investigación que se está adelantando. Pero Alcibiades Libreros nunca, nunca, se dejó corromper, lo que explica sus resultados contundentes contra los grupos delincuenciales organizados— dice uno de sus más íntimos allegados.

Era tal su prestigio y su experiencia en la desarticulación de bandas criminales, que incluso la DEA lo solicitó en 2019 para que adelantara una investigación sobre trata de personas. Alcibiades alcanzó a viajar a Estados Unidos, en días en los que ya sospechaba que algo le podría ocurrir.

Desde una cárcel le confirmaron que se había dado la orden para asesinarlo. Tal vez por eso solicitó el traslado de su despacho a una guarnición militar. También solicitó un cambio de cargo. E insistió en que requería de un esquema de seguridad —un carro blindado, escoltas— debido a las investigaciones y las condenas que había impartido contra los miembros de las bandas al servicio del narcotráfico.

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Sin embargo, no fue escuchado. El pasado domingo 29 de diciembre de 2019, en el cruce de la Calle Quinta con Carrera 66, en Cali, mientras conducía su carro particular, un sicario se acercó a la ventana del pasajero y lo asesinó.

Su muerte reabrió una exigencia añeja en Colombia: los jueces y fiscales que deben condenar a los delincuentes requieren seguridad para ejercer su labor.

Según las estadísticas de la Corporación Fasol, entidad dedicada a la recuperación integral de las familias de los funcionarios y empleados de la rama judicial y la Fiscalía que han sido asesinados, secuestrados o que están en peligro de muerte, entre 1979 y 2018 mataron a 393 trabajadores de la justicia, entre jueces, fiscales, investigadores.

A 548 los amenazaron; 205 fueron víctimas de atentados; 46 siguen desaparecidos; 78 fueron secuestrados; 51 debieron desplazarse de su lugar de trabajo. En total, Fasol reporta 1.505 “afectaciones de violencia” contra quienes imparten justicia en Colombia.

El miércoles 20 de febrero de 2019, en Cali, el fiscal Jorge Eliécer Ospina Tamayo fue víctima de un atentado sicarial en el que resultó herido.

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Diez años antes de su muerte, el fiscal Alcibiades Libreros fue hasta el Senado de la República para denunciar las precarias condiciones de seguridad en las que laboran los empleados y funcionarios de la rama judicial.

Unos días antes de pronunciar su discurso ante los senadores, un sicario que simulaba hacer deporte en el barrio Prados del Limonar de Cali había asesinado en la puerta de su casa al fiscal 7 especializado, Jairo Martínez Solarte, mientras se disponía a salir a una audiencia sobre un caso de secuestro. El sicario tuvo tiempo de robarle una carpeta que contenía el expediente de una de sus investigaciones.

La presidenta de Asonal Judicial en la época, Martha Sánchez, denunció ante la prensa que el fiscal había pedido protección meses antes del homicidio. “Lo que pasa es que los procesados nunca quedan a gusto con las decisiones de los fiscales. Por eso en muchos casos los amenazan o los asesinan”, dijo.

Diez años después de ese homicidio y de la advertencia que hizo Alcibiades Libreros en el Congreso, nada ha cambiado. Un fiscal que pidió la reserva de su identidad aseguró que solo cuando asesinan a un empleado o a un funcionario de la rama judicial se recuerda “el abandono” en el que permanecen por parte de la Fiscalía y el Estado.

—Se lo digo porque también he estado amenazado. En esos casos la Fiscalía ordena un estudio de seguridad y a los meses salen con el cuento de que uno no está en riesgo. Casi nunca la institución le asigna a uno seguridad. Eso se consigue por amistad con la Policía. Yo salí de un municipio del Valle amenazado de muerte y nunca me dieron un esquema. La seguridad que tuve me la dio la Alcaldía de ese municipio. Pero acá en la Fiscalía nos tienen en el abandono. Cuando ocurre el problema, cuando matan a un fiscal como ocurrió con Alcibiades, es que salen a darse golpes de pecho y a lavarse las manos. Pero, insisto, estamos abandonados. Hay fiscales que salen a las 8:00 o 9:00 de la noche del Palacio de Justicia, en pleno centro de Cali, sin ninguna seguridad. Nadie nos escolta a pesar de que durante el día enviamos a muchos delincuentes a la cárcel. A los que le ponemos el pecho a los bandidos en representación del Estado no nos están garantizando nuestra seguridad.

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A la fiscal especializada Silvana Uribe López la amenazaron en septiembre de 2019. A su casa llegó un panfleto con un crucifijo que decía:

“Monita linda, este comunicado lo hacemos unidos para defendernos de sus acciones, ya que nos vemos en la obligación de frenar su bronca personal contra nuestras organizaciones. Desde este momento a usted y a su familia los hemos declarado objetivo militar. Sabemos de sus ubicaciones, de sus movimientos y los de su familia. Inicialmente le demostraremos que este comunicado va en serio, y lo haremos con uno de sus familiares, a quien usted más ama. De no renunciar a su cargo, la mataremos a usted también, por dañina”.

Entre los procesos que adelantaba la fiscal Silvana estaba la desarticulación de la banda Los ‘Pelusos’, la captura de Martín Bala Jr, antiguo jefe de Los Rastrojos y acusado de tener una oficina de sicarios que opera en Cali y Jamundí, además de un caso de corrupción dentro de la Fiscalía. Pese a que le pidió a la Fiscalía un esquema de seguridad, no se lo dieron.

—En mi caso no he recibido ningún acompañamiento de la Fiscalía o de la Unidad Nacional de Protección. Dijeron que mi riesgo era ‘ordinario’, el riesgo ‘normal’ que yo tenía que tomar por haberme posesionado como fiscal. Afortunadamente cuento con el respaldo de la Policía. El comandante de la Policía Valle, mi coronel Navarro, es quien me ha proporcionado el acompañamiento. Sin embargo, como le pasó a Alcibiades, yo me debo mover por todo el departamento haciendo mi trabajo en mi carro particular, lo que me expone. Tras el crimen de Alcibiades, uno de los más respetados fiscales de Colombia, tenemos que asumir la postura de que nuestra vida vale, y si estamos trabajando para devolverle tranquilidad a la sociedad condenando a los delincuentes, lo más lógico es que el Estado se preocupara por darnos tranquilidad a nosotros— dice Silvana.

Un fiscal, por cierto, permanece en contacto con los delincuentes —o con sus abogados— desde el momento de la captura hasta el juicio. Y no todos cuentan con un celular institucional, por lo que convocan a las audiencias desde su número personal. En otras palabras, sus acusados tienen acceso a demasiada información personal, en días en que la delincuencia también se tecnifica al punto de interceptar llamadas.

El abogado Jesús Eduardo Lozano Uribe, coordinador jurídico de la Corporación Fasol, dice que en definitiva la seguridad para ejercer justicia en Colombia es “precaria”, “paupérrima”.

—Es tan complicada la situación, que la Unidad Nacional de Protección y las líneas de protección de la Fiscalía no dan abasto para garantizar la seguridad a los trabajadores de la justicia. En Fasol tenemos casos de jueces y fiscales que nos ha tocado desplazar. El último día de labores de la rama judicial, que fue el 19 de diciembre pasado, por ejemplo, nos tocó trasladar un juez de Vegachí, Antioquia, porque lo iban a matar. Pero también tenemos conocimiento de que el norte del Valle es un lugar muy difícil para ejercer justicia, sobre todo municipios como El Dovio, El Águila y también Tuluá. Cali ha tenido capítulos de violencia continuos y en Nariño y Cauca, ni qué hablar: pareciera tierra de nadie.

Según el abogado, Valle y Antioquia son los departamentos donde más se registran actos de violencia contra el poder judicial. En Tuluá hay procesos ‘engavetados’ debido a que los jueces y fiscales deben desplazarse a la zona rural para hacer sus investigaciones sin protección, pese a la presencia de grupos armados.

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—Hay un común denominador: los jueces y fiscales que hacen bien su trabajo tienen repercusiones de violencia. Un ejemplo más es la Fiscal María Nancy Ardila, quien llevó los casos del Clan Úsuga. Le mataron a dos hermanos y atentaron contra su mamá. Debió exiliarse. Trabajaba en Caicedonia. Este es un problema histórico. Cuando hubo el auge del paramilitarismo entre 2001 y 2005, se incrementaron los homicidios contra los trabajadores de la justicia. Del 2005 al 2016 creció el desplazamiento y las amenazas. El 2017, tras el acuerdo con las Farc, fue un año tranquilo. Pero en 2018 y 2019 aumentaron los repertorios de violencia en todo el país de una manera exponencial y es algo que se debe investigar para determinar su origen— agrega el abogado de Fasol.

Un investigador que pidió la reserva de su nombre tiene una hipótesis: habría un resurgimiento del paramilitarismo y con ello, los homicidios a los jueces y fiscales.

Pero mientras eso se comprueba, la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial, Asonal, en cabeza de uno de sus delegados, Diego Achinte, anuncia que tomará medidas para exigirle al Estado la seguridad que requieren los trabajadores de la justicia.

—Nosotros en varias oportunidades hemos denunciado la falta de seguridad que tienen los jueces, fiscales y en general los empleados y funcionarios de la rama judicial. La productividad que se le pide a jueces y fiscales para resolver casos no es coherente con la seguridad que se les brinda. El Gobierno exige resultados, pero cuando se presentan casos como el del fiscal Libreros no sucede nada. Nosotros como Asonal hemos denunciado que hay jueces y fiscales que están llevando casos muy delicados y no se puede determinar, con la excusa de que no hay presupuesto, que no se les puede brindar seguridad. Eso es lo que está pasando: que por presupuesto no se otorgan los esquemas de seguridad. Hay garantías para los condenados, para los delincuentes, para el que quiere colaborar con la justicia, pero para quienes adelantan las investigaciones no. Como dice nuestro eslogan, se requiere justicia para la justicia – dice Diego.