El Cauca sigue de luto por masacre de indígenas y en estado de alerta

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó que se adelantarán operativos judiciales y militares contra las disidencias de la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’ de las Farc, tras registrarse la masacre (segunda de la semana) de cinco personas en zona rural de Corinto.

“El narcotráfico es la causa de estos hechos lamentables, tanto de la masacre de cinco indígenas de Tacueyó, como la de Corinto. La Fiscalía está al frente de las investigaciones para esclarecer los asesinatos. Como Fuerza Pública aportamos toda la información para facilitar la labor de esta entidad, además no queremos especular sobre las víctimas”, indicó el Ministro.

Recalcó el trabajo que adelantará, en el próximo mes de diciembre, la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, donde 2.500 efectivos militares llegarán a reforzar las operaciones de control en los municipios del norte del Cauca.

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Frente al caso que originó la visita del funcionario del Gobierno Nacional, el mismo no dio muchos detalles, de una situación que se originó con la llegada de un grupo de ingenieros a la zona, para cumplir con unas tareas de verificación de terreno, como bien quedó plasmado en un contrato firmado.

También se conoció que las autoridades buscan, a través de la estrategia planteada por la Defensoría del Pueblo, del establecimiento de una ‘Carpa Blanca’, establecer un diálogo más directo con las comunidades y la institucionalidad para mejorar así la seguridad en los municipios del norte del Cauca.

Este viernes, hombres armados quemaron la camioneta que quedó como evidencia de la masacre de cinco indígenas en Tacueyó, Toribío, norte de la región del Cauca.

Poco a poco se conocen detalles de las víctimas de la masacre registrada en la zona rural de Corinto, al norte del Cauca, quienes eran personas que prestaban servicios laborales a la empresa huilense Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las Ciencias de la Salud, Fundipros.

De acuerdo con información aportada por la Policía, el representante de dicha empresa se comunicó con este grupo de profesionales en la mañana del jueves, cuando salía de El Palo, Caloto, hacia Corinto. Después no volvió a tener comunicación con ellos.

Ya en la tarde, fue contactado por funcionarios del Ejército, luego del hallazgo de los cuatro cadáveres. El representante legal, tras ver las fotografías que circularon, corroboró que se trataba de los funcionarios de dicha empresa.

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Así, entonces, se reconfirmó la información que los pobladores aportaron luego del hallazgo de los documentos de identidad de las víctimas en la misma escena de los hechos: carnés, cédulas, tarjetas profesionales, documento de inscripción electoral quedaron esparcidos entre los cuerpos sin vida, los cuales presentaban tiros de gracia. Uno de ellos, un poco aparte de los demás, si presentaba una amplia herida en el cuello.

“Se trata Diego Alejandro Cerquera Picón, de 21 años, estudiante del Sena y de la Universidad Corhuila, donde cursaba octavo semestre de ingeniería industrial, llevaba una semana laborando en Fundipros, en una pasantía. La otra persona, quien movilizaba a los demás en una camioneta Nissan Frontier, era Roosevelt Saavedra Solarte, quien era oriundo de la capital del Huila”, explicaron periodistas de dicho departamento, donde la noticia causó conmoción porque Cerquera Picón era el hijo de un exconcejal del municipio de Palermo.

De acuerdo con los familiares de Diego Alejandro Cerquera Picón, la comisión que integraba adelantaba trabajos topográficos en la región donde aparecieron muertos, de hecho, dos aeronaves no tripuladas y un multirrotor o multicóptero que portaban para sus labores terminaron en poder de los disidentes.

Luego, se corroboró que las otras dos víctimas eran Carlos Mario López, un ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, de 31 años, y el suboficial jefe retirado de la Armada Diego Hernán Torres, a quien se le encontró un carné que lo acreditaba como integrante activo de la Fuerza Pública.

Por otro lado, este viernes se realizaron los sepelios de la gobernadora del resguardo de Tacueyó, Cristina Bautista y otros cuatro integrantes de la guardia indígena, quienes fueron masacrados el martes pasado en esa zona rural del municipio de Toribío, también en el norte del Cauca.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, anunció este viernes una nueva movilización que se llevará a cabo el 21 de este mes para rechazar los asesinatos de sus miembros en distintos departamentos del país.

”Queremos anunciarle al país que hemos tomado la decisión de sumarnos a la movilización que está convocada para el próximo 21 de noviembre. Es lo que hemos decidido frente al genocidio que se está cometiendo en contra de los pueblos indígenas”, afirmó el consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias.

El anuncio se produjo luego de la masacre de diez personas en el norte del Cauca.