Conflicto armado en Colombia, una historia de 54 años de horror más allá de las cifras

El informe 'Basta Ya, Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad' sorprendió al mundo con la realidad del conflicto armado, que ha dejado por lo menos 220 mil muertos en el país.

El miércoles de la semana que termina el país se sorprendió con una verdad que se vive desde hace décadas, pero que con el paso del tiempo nos ha llevado a olvidarla y hasta a convivir con ella: los 220.000 muertos, 25.007 desaparecidos, 27.023 secuestros ... Los dantescos datos se lograron gracias a lo recopilado en el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, que fue realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Grupo de Memoria Histórica de Colombia, encabezado por el abogado y filósofo Gonzalo Sánchez, uno de los más reconocidos violentólogos del país.Sánchez explicó que el informe corresponde a una disposición de la Ley de Víctimas. “Nosotros en desarrollo de ese mandato adoptamos una metodología y nos fuimos a las regiones a trabajar en los diversos casos, para ir construyendo no de arriba hacia abajo sino desde las regiones”.“Sale en un contexto de paz, en el cual el tema de las responsabilidades es central y viene en la agenda de la mesa de negociación en La Habana, en donde lo relacionado con las víctimas es fundamental”, agregó Sánchez, al tiempo que escribió que el estudio maneja cifras desde 1958.Es un informe, de cinco capítulos, que, según explicó la coordinadora Martha Nubia, se llevó a cabo “por medio de procesos de consulta y de negociación con las víctimas y contó con su decidida participación como testigos e investigadores. Los casos emblemáticos y los estudios temáticos han sido publicados en 24 libros, cuyos hallazgos son la base de este informe general, que plantea algunas líneas interpretativas y analíticas para entender la lógica, las razones y el modo en que se vive la guerra, y que ofrece una lectura en conjunto y unas tesis sobre sus causas y mecanismos”. Por su parte, el director de Memoria Histórica señaló que para recopilar los datos “en todos los momentos hay una transversal muy fuerte que es la voz de las víctimas, la versión testimonial es central en el informe, pero la capacidad institucional de consolidación de cifras es muy distinta de los años 80 para acá a lo que había del 58. Del 80 para acá hay cifras oficiales: Dane, Fiscalía, Medicina Legal”. “De los 80 para atrás, incluso, nos tocó construir nuestras propias cifras que se hizo con algo de información oficial, pero sobre todo con la lectura de la prensa. Si uno hace un buen registro de periódicos nacionales y regionales, se puede construir un modelo de cifras sustentables”, dijo. “Las autoridades corren cuando hay un crimen de alta significación política o una masacre, pero reaccionan mucho más lentamente cuando se trata de estos eventos que son repetitivos y que de alguna manera van rutinizando la violencia. Podría decirse que uno de los efectos más perversos de esta dinámica del conflicto es el asesinato selectivo. Acostumbrarse al conflicto armado es de las cosas más graves”, concluye.El rostro de los desaparecidosEn noviembre del 2007 un equipo periodístico de El País viajó a La Hormiga, Putumayo, donde iban a ser entregados los restos de 17 víctimas de los paramilitares, cuyos restos fueron hallados por la Fiscalía de Justicia y Paz en fosas comunes. La foto publicada por El País de Tulia Rosa Pérez, una de las personas que estuvo presente en la ceremonia, hace parte del informe ‘¡Basta Ya!. Memorias de Guerra y Dignidad’. Esta es la historia de esta mujer.Tulia Rosa Pérez viajó durante tres días desde Frontino, Antioquia, hasta La Hormiga, Putumayo. Tuvo que abordar tres flotas para reencontrarse con su hija Orfilia Guizao Pérez, desaparecida, junto con su esposo, desde el 2000. Venía con su nieta, una adolescente de 16 años, a quien crió desde la desaparición de su hija. Los otros tres nietos, de 9, 10 y 11 años, viven en La Hormiga, con la otra abuela. El viernes 23 de noviembre del 2007, las familias de 17 desaparecidos del Putumayo tuvieron un acto en el salón comunal de La Hormiga. Abuelas, madres, padres, huérfanos… pasaron uno a uno a una habitación de un salón comunal para ver sus restos por unos segundos. En una caja de madera de casi medio metro estaban sus seres queridos. Frente a la urna de madera Tulia Rosa y su nieta se reunieron. La abrieron, se toparon con unos huesos apretujados. De la mujer de ojos negros y cabello largo solo quedaba esa osamenta. A Tulia Rosa no le importó, se acercó y besó los restos. No se desmayó ni gritó, como muchos de los otros familiares que ese día se agolparon en el salón comunal.Eran los familiares de las víctimas del exterminio paramilitar en la zona del Bajo Putumayo. En fosas en las poblaciones de Puerto Colón, La Dorada, La Hormiga y El Placer, hasta la fecha, han sido encontrados por la Fiscalía de Justicia y Paz 462 cadáveres, la mayoría desmembrados. De estos, 121 han sido identificados. Putumayo parece un cementerio paramilitar.Orfilia Guizao Pérez es una de esas cifras. El informe de Memoria Histórica recopila las historias y números de la tragedia que vivió esta zona, conocida por las masacres de 28 y 21 personas, en El Tigre y El Placer. “La masacre de El Tigre, en Valle del Guamuez en Putumayo, en 1999, ilustró la disputa por el control de la economía regional de la coca”, explica el estudio. Al día siguiente de que Tulia Rosa besara los restos de su hija, la Fiscalía programó el entierro colectivo. Ese sábado llegaron al mismo lugar para recibir los restos de sus familiares asesinados por las AUC. “Tulia Rosa Pérez, identificada con la cédula 9.860.041, reclama los restos de su hija, quien en vida respondía al nombre de Orfilia Guizao Pérez”, anuncia un funcionario de la Fiscalía.Tulia Rosa agarró una de las 17 cajas de madera formadas en L sobre dos mesas. No derramó una lágrima. Firmó un documento y salió del lugar. Tulia Rosa no soltó ni por un segundo la caja de madera con los restos de su hija. La llevó desde la salida de la sede comunal de La Hormiga hasta el cementerio de La Dorada, distante 20 minutos. Allí la despidió.La tortura y las masacresSegún el informe, “los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual”.Una muestra de esto, es que los paramilitares asesinaron a 7160 (el 61 %) de las 11.751 personas que murieron en las 1982 matanzas cometidas entre 1981 y 2012. Entre 1996 y el 2002 se produjo el mayor número de casos: 1089 masacres con 6569 víctimas, lo que equivale a un 55 % de las masacres de todo el período.En cuanto a la tortura, “para el período comprendido entre 1981 y el 2012, se han documentado 588 eventos de violencia en los cuales hubo huellas o marcas de sevicia en los cuerpos de 1530 personas”.Los mecanismos de violencia fueron “el degollamiento, el descuartizamiento, la decapitación, la evisceración, la incineración, la castración, el empalamiento y las quemaduras con ácidos o sopletes. A la utilización de armas cortopunzantes que han acompañado estas prácticas de crueldad extrema, se sumó el uso de herramientas agrícolas que se erigieron como símbolos del terror: la motosierra y el machete”.Los secuestros y minasEl informe explica que “las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. Además afectaron a la población civil como efecto colateral de los ataques a los centros urbanos, y de la siembra masiva e indiscriminada de minas antipersonal”.Las cifras, entre 1970 y 2010, hablan de 27.023 secuestros relacionados con el conflicto, 24.482 de los cuales fueron cometidos por las guerrillas. El M19 fue el primero en cometer secuestros, pero tras su desmovilización las Farc y el ELN asumieron y perfeccionaron esta práctica.“El secuestro se volvió masivo e indiscriminado en el periodo más crítico de escalamiento de la guerra (1996-2002). En dicha coyuntura, además de los secuestros masivos en las grandes ciudades y en aviones comerciales, se produjeron secuestros masivos e indiscriminados de ciudadanos en las carreteras del país por medio de una derivación arbitraria del delito denominada “pesca milagrosa”..En cuanto a las minas, su uso “se convirtió en la táctica militar de las Farc para compensar en tierra la ventaja aérea que habían logrado las Fuerzas Militares desde la implementación del Plan Colombia en 1999 (...)”.Consulte aquí el informe 'Basta Ya, Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad'.