Cárcel de Tuluá: ¿Qué ha pasado en el centro penitenciario a cuatro meses del incendio?

Hoy se cumplen cuatro meses de la tragedia de la cárcel de Tuluá que, hasta el momento, deja 60 personas fallecidas y dos más en estado crítico. El deceso más reciente se dio el pasado martes. Juan Camilo Vallejo, uno de los sobrevivientes que se encontraba en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial de Tuluá, falleció debido a las heridas que sufrió tras el incendio, según el informe de la Defensoría del Pueblo.

El 28 de junio, tras una riña que se presentó por tensiones generadas entre dos bandos que se disputaban el control del pabellón ocho de la cárcel de Tuluá, oficiales del Inpec lanzaron gas pimienta para controlar la situación, ante esto, algunos reclusos encendieron colchonetas de espuma para contrarrestar el gas, sin embargo, lo que se generó fue un incendio de grandes proporciones.

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Tuluá, a raíz de la tragedia se tomaron varias medidas urgentes en el centro penitenciario con el fin de aliviar los problemas que se presentan. Una de estas fue la reubicación de los detenidos porque había un hacinamiento de 24 %.

“Los 350 reclusos que se encontraban en la estructura antigua de la cárcel fueron trasladados a otros centros penitenciarios y los que se reincorporaron al centro fueron atendidos por sanidad”, afirmó el Personero de Tuluá, José Martín Hincapié.

Por su parte, el director regional del Inpec, coronel Juan Carlos Navia, explicó que “los reclusos fueron trasladados a centros penitenciarios cercanos como Buga, Cartago, Caicedonia y Palmira”.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo entregadas a El País, actualmente la cárcel de Tuluá es una de las que no presenta hacinamiento, pues tras los masivos traslados su población quedó reducida a 846 personas y su capacidad total es de 1078.

Posterior a la tragedia la estructura antigua, cuya población era de 350 personas, fue completamente deshabitada debido a que no contaba con las condiciones para albergar a los prisioneros, incluso, según testimonios de los sobrevivientes, estaba tan deteriorada que algunos escombros de la cárcel fueron utilizados como armas durante la riña que desató el incendio.

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“Recién pasados los hechos fuimos a verificar que la parte antigua de la cárcel haya sido deshabilitada. También a escuchar algunos presos que denunciaron ser objeto de amenazas por parte de otros reclusos de distinto patio, además a verificar la salud de los que retornaron a la cárcel luego de la tragedia”, declaró Hincapié.

Por su parte, el defensor regional del Valle, Gerson Vergara, afirmó: “La cárcel de nueva generación es totalmente diferente, sus condiciones de habitabilidad son mejores y sus espacios están adecuados para tener a la población”.

Informes después de la tragedia

Tanto la Defensoría y la Personería visitaron el centro penitenciario en múltiples ocasiones luego de la tragedia. A pesar del balance positivo respecto a las condiciones de hacinamiento, denuncian que las dinámicas alrededor del consumo de estupefacientes y el microtráfico es un problema que persiste dentro de la cárcel.

El personero de Tuluá, José Martín Hincapié, denunció que en una de las visitas programadas por la Personería se le negó la entrada al penal: “Estuvimos hace mes y medio allí, lamentablemente íbamos a reunirnos con todos los internos líderes de derechos humanos de cada patio, pero debido a disposiciones del entonces director y del Inpec, la visita fue fallida. Queríamos hablar con los internos, fue una visita anunciada y ante esta situación irregular pasamos la denuncia a la Procuraduría”.
“El Inpec es una entidad muy cerrada y luego del incendio ha sido hermética con la información. Casi que ocultando todo y que sea poco lo que se conozca”, añadió el Personero.

Ante esta denuncia el coronel Juan Carlos Navia respondió que “el Inpec siempre ha estado atento y presto a colaborarle a todos los entes de control y entidades del Estado, si el funcionario presenta el informe ante esta dirección, me comprometo a tomar las acciones disciplinarias del caso”.

Otra de las denuncias es que, hasta la fecha, la cárcel nueva no presenta un sistema contra incendios y “solo hay extintores. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) no ha instalado nada contra incendios, esa es responsabilidad de ellos”, afirmó la Defensoría.
Por su parte, Navia afirmó que “a raíz de la tragedia hemos hecho los requerimientos contra incendios por orden del director general a la Uspec”.

También preocupa el estado de salud mental de los sobrevivientes al incendio, pues “algunos reclusos quedaron con secuelas mentales, muchos afirman que no pueden dormir y al escuchar algún ruido reviven los momentos que vivieron durante la conflagración”, dijo Gerson Vergara.

Además, se conoció que hasta la fecha dos sobrevivientes se encuentran internados en centros hospitalarios de la ciudad y su diagnóstico es reservado. “Son personas que quedaron vivas pero no se pueden valer por sí mismas, no tienen conciencia y dependen de terceros. Por ejemplo hay una persona que está sentada, mira fijamente, pero no responde”, dijo el Personero de Tuluá.

Cuatro meses después la Fiscalía continúa con la investigación de los orígenes del incendio y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.