Trabajadores se verían obligados a financiar sindicatos a los que no pertenecen, advierte Fenalco

Una nueva alerta sobre decisiones que estaría tomando el Gobierno Nacional y que afectan a las empresas y a los trabajadores hizo la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.

Según informó el gremio, en un comunicado, se trata de la expedición del Decreto 0234 por parte del Ministerio de Trabajo, el cual, de acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, busca revivir por vía administrativa, “es decir, sin pasar por el Congreso, propuestas que fueron rechazadas durante el debate de la reforma laboral”

Por ejemplo, dicho decreto plantea la creación de mega sindicatos sectoriales con capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos.

En la práctica, dice Cabal, esto implicaría que acuerdos alcanzados en una negociación colectiva podrían aplicarse a empresas que no participaron en ella, obligándolas igualmente a cumplir con las condiciones pactadas.

“Esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”, explicó el vocero de los comerciantes.

Uno de los puntos más polémicos del decreto es que los trabajadores que no estén afiliados al sindicato que negoció en el sector también tendrían que pagar aportes a dicha organización.

“Esta disposición desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución”, insistió el líder gremial.

En ese sentido, Cabal Sanclemente advirtió que la medida podría generar un precedente en materia de libertades individuales, al imponer contribuciones a organizaciones sindicales incluso a quienes han decidido no vincularse a ellas.

”Este tipo de cambios en el modelo de negociación laboral deberían debatirse en el Congreso, y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general", afirmó.

¿Qué dice el Ministerio de Trabajo?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a esta inquietud y dijo que una de las funciones propias del Gobierno es reglamentar las leyes vigentes, como el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, que reconoce que pueden existir convenciones colectivas de trabajo entre múltiples empleadores, y los compromisos internacionales asumidos por Colombia, como el Convenio 98 de la OIT.

“Por lo tanto, no se está usurpando ninguna función del Congreso. Lo que se está haciendo es reglamentar derechos ya existentes en el ordenamiento jurídico. Tampoco es cierto que este decreto elimine los sindicatos de empresa ni su derecho a negociar en ese nivel. La negociación a nivel de empresa se mantiene intacta”.

Según el ministro, lo que hace el decreto es abrir la posibilidad de negociar en otros niveles, como el sectorial o por rama de actividad, ampliando los mecanismos de diálogo social.

“En realidad, lo que este decreto busca es democratizar la participación de los trabajadores, permitiendo que puedan negociar tanto por empresa como por rama. Esto no solo fortalece el diálogo laboral, sino que puede reducir la conflictividad laboral y disminuir los altos costos que hoy asumen las empresas en litigios y asesorías jurídicas”, dijo.