Estatuto antiterrorista del Gobierno De La Espriella prohibiría pagar en efectivo algunos bienes; Asobancaria respalda la propuesta

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se prepara para presentar el estatuto antiterrorista para su discusión en el Congreso de la República. La iniciativa tiene como objetivo endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales.

Según lo reveló el periódico El Tiempo, uno de los apartados del proyecto de ley prohibiría pagar en efectivo algunos bienes, como carros, inmuebles y lotes. Esto con el objetivo de que la trazabilidad del dinero sea garantizada por medio del sistema bancario y cortar la financiación del terrorismo.

“Las que hoy contempla (en el borrador del proyecto conocido) en materia de trazabilidad financiera apuntan a organizaciones o personas incluidas en un registro de terroristas, a minerales y a activos virtuales”, resaltó el medio de comunicación citado.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), por medio de su presidente Jonathan Malagón, vio con buenos ojos esta propuesta del estatuto antiterrorista.

“El sector financiero colombiano celebra que el Gobierno Nacional estudie limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor como parte del Estatuto Antiterrorista”, aseguró Malagón a través de su cuenta de X (antiguo Twitter).

A renglón seguido, el directivo del sector bancario destacó que el seguimiento del dinero va a contribuir a que haya un mejor combate tanto del lavado de activos como de la financiación del terrorismo. Además, consideró favorable el hecho de que se usen mecanismos para descubrir cuál es el origen de los dineros con los que se compran bienes como carros o apartamentos.

“La compra de apartamentos, carros y lotes debe contar con mecanismos que permitan rastrear el origen de los recursos. Seguir la ruta del dinero es fundamental para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, agregó el presidente de Asobancaria.

El registro de terroristas en el proyecto de ley se convertiría en una consulta obligatoria como parte de la debida diligencia antilavado. Esto se aplicaría en los sectores como financiero, cambiario, bursátil y asegurador, notarios, oficinas de registro de instrumentos públicos y comercio exterior.

En caso de que el nombre de una persona aparezca allí, se enfrentaría al congelamiento de sus fondos y activos. El proceso se daría 24 horas posterior a la inclusión por parte de la Autoridad de Sanciones Financieras Dirigidas, que es adscrita a la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF).

Posteriormente, un juez penal especializado se encargaría de hacer un control en las 72 horas siguientes. Por lo tanto, el togado debe ordenar que el congelamiento garantice acceso a recursos de subsistencia y a gastos de defensa.