Gobierno de De La Espriella alista estatuto antiterrorista: estas son las medidas que propone

Teniendo como premisa la situación de seguridad que enfrenta el país actualmente, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que esta semana presentará ante el Congreso de la República el estatuto antiterrorista, una iniciativa que busca endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales.

El Mandatario confirmó que el articulado ya está listo, luego de una etapa de revisión en la que se recibieron observaciones sobre la propuesta, que ha generado reacciones entre sectores políticos por sus alcances y las herramientas que plantea para combatir el terrorismo.

“El estatuto antiterrorista lo radicaré ante el Congreso y es una ley que crea un registro de organizaciones terroristas y permite congelar bienes, cortar la contratación con el Estados e impone penas severas por el uso de drones, castiga la asonada contra la fuerza pública y quien entregue información efectiva antes de la acusación puede reducir su pena”, explicó.

La propuesta contempla medidas para identificar organizaciones consideradas terroristas, afectar sus finanzas y restringir su acceso a contratos estatales, además de establecer sanciones por ataques con drones y agresiones contra integrantes de la Fuerza Pública.

“Necesitamos una legislación acorde para luchar contra eso, en el Covid la ciencia inventó una vacuna, así que en Colombia tenemos que crear una vacuna para luchar contra la delincuencia”, reiteró el jefe de Estado.

El Gobierno también busca establecer un registro de organizaciones armadas ilegales que permita aplicar herramientas contempladas en el derecho internacional humanitario, incluidos bombardeos cuando se cumplan los requisitos legales.

La iniciativa deberá debatirse en el Legislativo antes de que puedan entrar en vigencia las medidas propuestas.

Adicional a lo anterior, durante la misma intervención, De La Espriella anunció un decreto para establecer diferencias entre las manifestaciones pacíficas, protegidas por la Constitución, y las acciones violentas que puedan constituir delitos, con especial énfasis en los bloqueos que afectan la movilidad y las actividades económicas.

“Uno de esos instrumentos es el decreto de la protesta social que lo firmo para separar lo que la Constitución protege de lo que la ley persigue”, indicó el mandatario.

El presidente insistió en que su administración garantizará el derecho a la movilización pacífica, pero que actuará frente a los hechos violentos y los bloqueos que, según sostuvo, afectan el trabajo y la producción en el país.

“Ni un derecho menos para quien proteste en paz ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano. Durante años se dejó que el bloqueo para el trabajo y la producción lo llamaran un derecho y eso no es así. Se respeta la protesta, pero no se tolerará ni un bloqueo más en ningún rincón del país”, afirmó De La Espriella.