"Sanción de la Superintendencia no tiene ni pies ni cabeza": Néstor Humberto Martínez

El asesor legal de los ingenios azucareros aseguró que la rebaja de la multa anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio es una prueba de la ilegalidad con la que se ha actuado en este caso. Reacciones.

Como una decisión sin pruebas y que no tiene ni pies ni cabeza calificó el abogado Néstor Humberto Martínez, asesor legal de los ingenios azucareros, la ratificación de la sanción hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, hacia dicho sector productivo.

Para el abogado, son varios los elementos que hay que analizar en el anuncio que hizo dicha entidad este jueves, con el cual no se cierra el caso sino que se le da inicio a una nueva etapa jurídica.

En esto coinciden Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asocaña y el abogado de la entidad, Pablo Cáceres. 

"La investigación empezó en la Superintendencia, pero terminará en la justicia. Por fortuna, Colombia es un Estado Social de Derecho y ahora nosotros vamos a iniciar acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en este proceso", manifestó Néstor Humberto Martínez. 

Para el abogado, la rebaja en el monto de la multa que inicialmente había sido de $324.000 millones y este jueves quedó fijada en $260 mil millones es "una prueba jurídicamente valiosa porque demuestra la ilegalidad del acto administrativo". 

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Además, en esta nueva etapa que inicia se buscará demostrar que no ha habido restricción en la impotación del azúcar, como dice la Superintendencia. 

De igual manera, Néstor Humberto Martínez hizo un llamado para que se entienda que este caso no tiene que ver con el azúcar de consumo en los hogares colombianos, ni mucho menos en los precios que pagan los consumidores por el azúcar refinado, sino que es un asunto industrial.

"Es muy útil que la opinión pública entienda que este no es un debate que tiene que ver con los hogares colombianos. La Superindentedencia demostró que no hubo una afectación de los consumidores. El debate es sobre el azúcar industrial que importan las empresas. La queja fue presentada por las empresas nacionales y multinacionales fabricantes de alimentos", dijo Martínez. 

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Según las investigaciones de la Superintendencia, Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios más, incurrieron en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes, fundamentalmente, de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 

"No ha existido ni existe cartel para fijar cuotas"

Luego de conocerse la sanción, Asocaña, a través de un comunicado, manifestó que "esta decisión conlleva a un cambio radical en las condiciones para hacer negocios en Colombia y (...) constituye una infracción directa de la seguridad jurídica".

Para Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asocaña, en el comunicado presentado por la SIC, "hay muchas inconsistencias"; asimismo manifestó: "seguiremos utilizando todos los mecanismos juridicos posibles en todas las instancias para defender a nuestro departamento y a las miles de familias que derivan su sustento de esta agroindustria".

En el documento emitido por la entidad tras conocerse el anuncio también se deja claro que "tampoco ha existido ni existe cartel de precios del azúcar. En la resolución 5347 del 13 de febrero de 2012, mediante la cual se dio apertura a la investigación, la propia Superintendencia de Industria y Comercio señaló que los ingenios No realizaron ningún acuerdo anticompetitivo para fijar de forma directa o indirecta los precios en el mercado del azúcar". 

Además, en diálogo con Blu Radio, Luis Fernando Capurro manifestó en la mañana de este jueves que “la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia para modificar un mercado que es regulado por el Estado, es que el mercado del azúcar está intervenido por el Estado a través de los instrumentos de política pública agropecuaria, llámese el Fondo de estabilización de precios del azúcar, o llámese el Sistema andino de franjas de precios”.

Más pronunciamientos

El ingenio Manuelita S.A. también se pronunció tras el anuncio hecho por la SIC y a través de un comunicado manifestó que "respeta y acata la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no la comparte, razón por la cual en ejercicio de sus derechos, interpondrá una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo"

Asimismo, se manifestó que "la Superintendencia de Industria y Comercio condujo la investigación administrativa con violación del debido proceso, razón por la cual la empresa no pudo ejercer plenamente su derecho a la defensa".

Por su parte la empresa Riopaila Castilla S.A. aseguró que no ha sido notificada de la resolución final de la SIC e hizo un llamado sobre la forma como dicha entidad ha manejado esta situación.

"Para Riopaila Castilla resulta extraño la forma como la SIC ha venido manejando la publicidad de las decisiones adoptadas durante este proceso, sobre todo cuando en virtud del artículo 154 del decreto 019 de 2012, solamente debe hacer publicidad de actos administrativos que estén en firme y, en este caso, al igual que en las ocasiones anteriores en que la entidad ha publicitado informes motivados o resoluciones, Riopaila Castilla ni siquiera ha sido notificada".