El proyecto de ley de financiamiento del Gobierno Nacional, que se presentó para terminar de financiar el presupuesto del 2025, parece hundirse cada día.

El Gobierno no ha logrado presentar una ponencia positiva en las comisiones económicas de la Cámara y el Senado y la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le sumó otra traba al proceso.

Precisamente, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, comentó que con la salida de Bonilla se enreda aún más esta iniciativa que, hasta el momento, no ha tenido consensos. “Sin una ponencia positiva se dificultará el diálogo, la concertación y los acuerdos. Mientras tanto, las ponencias negativas, entre ellas, la nuestra están radicadas esperando sean estudiadas en las comisiones”.

Agregó que el tiempo juega en contra del Gobierno Nacional porque cualquier cambio en los tributos para los colombianos en 2025 debe aprobarse antes de que termine el año.

Pero el problema para sacar adelante este proyecto no es solo de tiempo, pues el Congreso se iría a extras hasta el 20 de diciembre, el lío también es de voluntad política y de eso poco hay.

El Partido Liberal anunció que no apoyará la iniciativa, argumentando que la propuesta, disfrazada de reforma financiera, es “altamente nociva” para la economía.

“El bolsillo de los colombianos no soporta más impuestos”, expresaron, refiriéndose a la propuesta que aumentaría el impuesto por ganancia ocasional en 20% sobre las herencias y la venta de bienes.

Con la ley de financiamiento, el Gobierno espera contar para el 2025 con $12 billones que irían al Presupuesto General de la Nación.

Adicionalmente, la bancada conservadora también anunció su voto negativo por el proyecto, por considerar que los actuales momentos no son los indicados para aprobar nuevas cargas impositivas.

Los congresistas conservadores consideran que si avanza la iniciativa significaría un golpe a las finanzas de los hogares, pues temen que la inclusión del denominado impuesto al carbono encarecerá la canasta familiar, teniendo en cuenta que se aplicaría a todos los automotores que utilizan combustibles fósiles.

Ante esto, analistas consideran que la única posible salida es que el Gobierno logre abrir la discusión y conseguir dos aprobaciones antes del 20 de diciembre, y luego retomar el proyecto en 2025. Pero con el ambiente actual, el panorama no se ve claro, y eso podría impactar también en las finanzas del próximo año.

César Pabón, director de Investigaciones de Corficolombiana, comentó que si no se avala la ley de financiamiento, sería necesario realizar un ajuste adicional en el presupuesto de 2025 para cumplir la regla fiscal. “Sin este proyecto, el faltante para cumplir con la regla fiscal ascendería a $30 billones, y su no aprobación sumaría una presión adicional de $12 billones para el próximo año”, dijo.

El Gobierno tendría que decretar un ajuste presupuestal en enero.

Reducir el gasto

Según Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la única política fiscal viable, en este momento, es la reducción del gasto que entre los años 2022 y 2023 aumentó 19%.

“Este año nos encontramos que no teníamos los $503 billones del presupuesto y se bajó a $474 billones, y ahora se tiene un presupuesto de $523 billones y una ley de financiamiento cuando no hay recursos para seguir dándole al Gobierno para aumentar el gasto público”, dijo.