Las presuntas irregularidades detrás del contrato de $18.000 millones adjudicado por Findeter

En noviembre de 2025, Findeter abrió una convocatoria pública para adjudicar un contrato cuyo objeto era la adquisición de maquinaria pesada para actividades de construcción y mejoramiento de vías en sectores priorizados de los municipios de Tibú y Sardinata (Norte de Santander), Roberto Payán y Tumaco (Nariño), y Villa Garzón (Putumayo). El contrato tenía un presupuesto inicial de $15.215 millones, con recursos provenientes del Fondo Paz.

La Financiera de Desarrollo Territorial opera como una banca de inversión que otorga créditos y administra recursos de otras entidades para proyectos de infraestructura en el país, especialmente vías, con un presupuesto anual cercano a un billón de pesos y el objetivo de apoyar municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 para cerrar brechas sociales.

Los $15.000 millones del contrato provenían del Fondo Paz, administrado por la Presidencia, y Findeter debía encargarse del proceso completo: convocatoria, selección del contratista, adjudicación e interventoría. El propósito era adquirir maquinaria amarilla para la construcción de vías en municipios de Nariño, Norte de Santander y Putumayo afectados por la violencia y la presencia de actores armados.

La convocatoria se abrió el 13 de noviembre de 2025, con recepción de propuestas entre el 14 y el 19 de noviembre. Posteriormente, se evaluarían propuestas económicas, documentos, certificaciones y un comité seleccionaría al oferente. A estos procesos suelen presentarse uniones temporales de empresas que deben cumplir requisitos, contar con garantías bancarias, cupos de crédito, viabilidad económica, experiencia y finanzas saneadas.

El 25 de noviembre se recibieron tres propuestas: Unión Temporal M&B (Moto Mart SAS e Industrias Búfalo), General de Equipos de Colombia S.A. (GECOLSA) y el Consorcio MAQ 157 (Grupo Inversionista El Transportador SAS, Gyafra SAS y Construcciones Universal RLM SAS).

En esa etapa inicial, algunos proponentes no cumplieron requisitos, como la falta del documento de constitución, lo que debía implicar su descalificación, pero no ocurrió. Findeter realizó varias adendas para ampliar los plazos: del 2 de diciembre al 4, luego al 9, al 11, al 12 y finalmente al 15 de diciembre, permitiendo la corrección de fallas.

Tras al menos cinco prórrogas, Findeter canceló la convocatoria en diciembre sin adjudicar el contrato. La Unión Temporal Moto Mart Industrias Búfalo no presentó a tiempo el documento de constitución.

Posteriormente, se abrió un nuevo proceso para el mismo contrato, adicionando $3000 millones, para un total de $18.000 millones. La contratación se estructuró por grupos (retroexcavadora, volqueta, motoniveladora, bulldócer, excavadora y vibrocompactador), con posibilidad de adjudicación total a un solo oferente.

El proceso inició el 26 de diciembre y el informe final se publicaría el 23 de enero. El 7 de enero se recibieron seis propuestas, de las cuales cuatro fueron rechazadas, quedando Unión Temporal M&B y Partequipos Maquinaria SAS.

En una investigación de La FM se logró evidenciar que en un comité financiero se estableció que la carta cupo de la Unión Temporal M&B, presentada por MotoMart, había sido adulterada según el banco. La certificación, atribuida al Banco de Bogotá y que confirmaba un cupo de crédito de hasta $21.970 millones, fue declarada falsa por la entidad financiera.

El proceso de Findeter señala que la carta fue remitida al banco para verificación, y este respondió que no correspondía a un documento emitido por ellos, que el cliente no contaba con esa línea de crédito y que el documento no especificaba la convocatoria correspondiente.

Aunque el otro proponente cumplía la mayoría de requisitos, el proceso se declaró desierto el 29 de enero. Ese día, el comité fiduciario de Findeter votó la decisión entre las 6:05 p. m. y las 11:50 p. m., y a las 10:30 p. m. se determinó buscar una contratación directa para el mismo objeto.

Seis directivos de Findeter, entre ellos el secretario general Iván Alirio Ramírez y el presidente Carlos Saad, avanzaron en la búsqueda de un contratista directo.

El 30 de enero se adjudicaron directamente $18.000 millones al consorcio MAQ 2026, un día antes del inicio de la ley de garantías. El consorcio es representado por Kelly Patricia Almanza Correa, Serafín Antonio Urrea (El Transportador SAS) y Annie Yohai Macea Cano (EMARCO, con el 70 % del contrato).

Para la adjudicación directa, el Consorcio debía presentar certificaciones de experiencia como distribuidor y comercializador de maquinaria pesada. Entre ellas, certificaciones de empresas como Sinotruk, que señaló a Motomart como único concesionario en Colombia, empresa que había sido descalificada previamente por la certificación financiera cuestionada.

Posteriormente, dentro de la documentación del consorcio MAQ 2026, aparece una certificación atribuida a Distribuidora Nissan (Dinissan), en la que se indica una relación comercial de más de cinco años con el Grupo Inversionista El Transportador.

Según un documento del 11 de marzo, al que tuvo acceso La FM, la representante judicial de Dinissan, Cyslin Yelitza Sánchez, advirtió que dicha certificación no corresponde a una comunicación de la compañía y que se requiere verificar su contenido, alcance y procedencia, señalando que podría tratarse de información no verificada.

Finalmente, Findeter adjudicó directamente el contrato por $18.000 millones a este consorcio.

La respuesta de Findeter

En respuesta a un cuestionario, enviado por La FM, Findeter indicó que, durante los procesos y la contratación directa, no recibió comunicación de Dinissan señalando la falsedad de certificaciones a su nombre.

“En desarrollo de las convocatorias mencionadas y la contratación directa, no existió documento alguno mediante el cual Dinissan señalara la falsedad de certificaciones a su nombre”, dijo la entidad.

En relación con la certificación del Banco de Bogotá, Findeter confirmó la irregularidad y presentó una denuncia penal contra MotoMart el 2 de febrero ante la Fiscalía General de la Nación.