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Odebrecht | Foto: Agencia EFE

El Índice de Percepción de Corrupción en el país aumentó un punto en el último año

Según Transparencia Internacional, Colombia descendió al puesto 99 entre 180 países de la región tras su más reciente medición.

29 de enero de 2019 Por: Colprensa

Según Transparencia Internacional, la percepción de corrupción en Colombia aumentó en el último año.

De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción que mide esa organización, el país cayó de 37 a 36 puntos sobre 100 y descendió del puesto 96 al 99, entre 180 países.

En el índice de este año, Colombia es superado en América Latina, en materia de transparencia, por Uruguay (70), Chile (67) y Argentina (40), y tiene una calificación similar a la de Brasil y Perú.

Mientras que Ecuador y Venezuela, que tienen índices de 34 y 18 puntos respectivamente, están por debajo ya que entre más cercano a cero es el índice, mayor es considerada la percepción de corrupción en un país.

Entre los países miembros de la Ocde, Colombia ocupa el penúltimo lugar en materia de transparencia en 36 países. Superó solamente a México, que tuvo 28 puntos en el índice.

"Sin lugar a duda los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años, no ha sido suficientes, y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared", manifestó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Durante los últimos cuatro años, Colombia se había mantenido estable con 37 puntos en el índice. En 2012 también obtuvo esa calificación.

"En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción", indicó Hernández.

El Índice de Percepción de Corrupción se elabora con datos proporcionados por ocho fuentes distintas, que incluyen la opinión de analistas, académicos e inversionistas extranjeros. Se hace un especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como la sanción efectiva de casos de corrupción por parte del sistema judicial.

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