Banco de la República alerta riesgos fiscales en el Presupuesto 2026 que se discute en el Congreso

El Congreso de la República abrió este martes 19 de agosto la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a $556,9 billones y cuya viabilidad depende de una reforma tributaria para recaudar $26,3 billones.

Aunque por ley el trámite debía iniciar antes del 15 de agosto, la sesión conjunta de las comisiones económicas Tercera y Cuarta de Senado y Cámara fue reprogramada. Ahora, en una carrera contrarreloj, los legisladores deberán presentar ponencias, analizar cifras y radicar proposiciones.

Del monto total, $454,5 billones corresponden a gasto primario: $365,8 billones a funcionamiento y $88,5 billones a inversión. El servicio a la deuda alcanzaría $102,5 billones en 2026.

Para financiar estas apropiaciones, el Gobierno proyecta ingresos por $530,7 billones, pero aún persiste un faltante de $26,3 billones que el Gobierno espera cubrir con una Ley de Financiamiento de la que aún no se conocen mayores detalles.

Durante la apertura del debate, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que los gastos inflexibles de la política fiscal para ese año ascienden a $509 billones.

“¿En qué está la inflexibilidad? Tenemos el servicio de la deuda equivalente al 18,4% del presupuesto", afirmó, al recalcar que el Gobierno ha cumplido con responsabilidad sus compromisos financieros.

Sin embargo, el monto planteado representa un aumento real de $20 billones frente al presupuesto vigente y muestra un incremento de $29,7 billones en gastos de funcionamiento.

Sumado a esto, el proyecto está amarrado a la Ley de Financiamiento que el Ministerio de Hacienda aún no presenta, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la sostenibilidad fiscal.

Lo que dice el Banco de la República

En paralelo a la discusión en el Congreso, el Banco de la República señaló que, si bien el plan de gasto responde a las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, también pone de relieve los riesgos estructurales que enfrenta el país para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.

Advirtió que, si se contempla un crecimiento del 3%, una inflación del 3,2% y un precio promedio del petróleo de US$62,3 por barril (en línea con las proyecciones del equipo técnico del Banco de la República), el déficit fiscal en 2026 llegaría al 6,2% del PIB. La deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 63% del PIB.

Uno de los puntos críticos señalados por el Emisor es el aumento de los gastos inerciales, como el Sistema General de Participaciones, las obligaciones pensionales y las vigencias futuras, que limitan la capacidad de maniobra del Gobierno.

Recordó además que el Acto Legislativo aprobado en 2024 incrementará gradualmente los recursos del SGP hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación a partir de 2027, lo que generará mayores presiones sobre las finanzas públicas.

“El creciente desajuste estructural de las finanzas públicas por el aumento de los componentes inflexibles del gasto al igual que la sobreestimación de recaudos, especialmente de aquellos obtenidos a través de la gestión de la DIAN, hacen necesario un examen riguroso de la evolución reciente y de las perspectivas de las operaciones de ingreso y de gasto del gobierno”, señaló el Banco, advirtiendo que no actuar a tiempo podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.

También el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido el posible impacto negativo sobre el cumplimiento de las metas fiscales y el proceso de consolidación de las finanzas públicas, lo que afectaría también la credibilidad institucional.

Ante ese panorama, el Banco de la República insistió en la necesidad de avanzar en la discusión de un proyecto de Ley de Competencias que garantice una correspondencia entre los recursos transferidos a los entes territoriales y las funciones efectivamente asignadas.

El Emisor llamó también a buscar una reforma fiscal integral, acompaña de medidas para la reducción del gasto inflexible, con el fin de cerrar brechas fiscales, mejorar la asignación de recursos y contribuir a la estabilidad de las finanzas nacionales en el mediano plazo.