¿Pasará algo con las denuncias de corrupción en Cali? Responde la Contralora Municipal

A pocos días de dejar el cargo de contralora de Cali, María Fernanda Ayala Zapata, dice que se va satisfecha y tranquila por haber cumplido con su deber.

Aseguró que se afrontaron varios retos: hacer vigilancia y control oportuno; fortalecer el clima organizacional, vincular a la ciudadanía y adaptarse a los cambios que trajo el acto legislativo 04 y el decreto 403 que modificó el quehacer del control, en medio de la pandemia del covid.

La Contralora dice que es consciente de que los ciudadanos esperan respuestas rápidas y concretas de las actividades de control, pero argumenta que este ejercicio tiene unos tiempos específicos y procesos de ley que no se pueden incumplir.

Por ejemplo, comentó que las investigaciones fiscales sobre la feria de Cali del 2020 todavía están en marcha y los procesos de carácter penal están en manos de la Procuraduría. Y que el tema del alumbrado navideño, que fue un caso muy sonado este año, terminó con la devolución de $2.700 millones por lo que se evitó el detrimento patrimonial.

¿Considera que se ha hecho un buen trabajo de control fiscal en Cali?

Hemos mostrado resultados importantes con las 17 entidades que son sujeto de control por parte de la Contraloría. Los evaluamos a todos, bajo muestras selectivas porque no se puede auditar el 100%.

Lo que pasa es que mucha gente se pregunta pero si hace cuatro meses se dijo una cosa porque no se señalan responsables de ciertos hechos. Lo que pasa es que el control no funciona así, la ley establece unas etapas que se deben cumplir en todos estos procesos y no podemos alterarlas.

¿Cree que se le ha respondido a la ciudadanía?

Nosotros también somos auditados y la gestión del 2020 de la Contraloría de Cali fue calificada por la Contraloría General de la República con 86,42 puntos. Es una calificación favorable donde se evalúa el resultado de la gestión de todos los funcionarios.

No solo por este hecho creo que se ha hecho un buen trabajo, también vemos cómo las personas denuncian cada vez más, este es un mensaje de confianza que hemos generado entre la ciudadanía.

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No obstante, siempre habrá cuestionamientos, muchos dicen que nosotros no hemos dado resultados frente a ciertos temas.

Pero no es así, nuestros informes de auditoría están en la página web y los resultados se le comunican al Concejo para que les sirva a ellos como insumo para el control político.

Siento que no solo yo sino la Controlaría de Cali le respondió a la ciudad, somos una entidad técnica.

¿Cuáles son las denuncias más comunes que reciben por parte de los ciudadanos?

Hay muchas en todo sentido, pero el tema contractual es el más común. Se quejan también de la prestación de los servicios públicos. Muchas veces cuando se está en un proceso en etapa precontractual del Distrito, la gente denuncia o piden que intervengamos en una decisión que está tomando la administración.

Pero nosotros no podemos hacerlo, no podemos hacer control preventivo como si lo puede hacer la Contraloría General. Eso es una limitante, nosotros tenemos que esperar a que las actuaciones estén en firme para poder evaluarlas.

¿De las entidades que auditan o vigilan cuál es la que presenta más incumplimientos a las normas?

Emcali es el sujeto de control más grande presupuestal y administrativamente que tenemos. Por ejemplo, en las auditorías realizadas encontramos procesos de responsabilidad fiscal, desde el 2018, que superan los $395.000 millones. Todo esto fue entregado a la Contraloría General de la República que incluyó a esta empresa en su control y dará continuidad a esos procesos. De aquí se derivaron muchos hallazgos de diferentes connotaciones, administrativos, fiscales, penales que fueron enviados a las autoridades competentes.

A veces por desconocimiento se dice que nuestros hallazgos no se dan a conocer o se quedan debajo de la mesa. No es así, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos unos tiempos que respetar. Además, en ocasiones, en desarrollo de auditorías, hacemos algunas observaciones de algo que puede derivar en un detrimento y una vez liberados los informes, la entidad auditada toma el correctivo o suscribe un plan de mejoramiento con lo que se evita la pérdida de dinero o este se recupera.

¿Qué es lo que más inquieta de los resultados con Emcali?

Todo es muy relacionado con la parte contractual, uno de los temas, por ejemplo, fue el alumbrado navideño del 2020 que fue muy cuestionado. En el informe preliminar se determinaron varios hallazgos de connotación fiscal y disciplinarios. Hicimos dos observaciones que implicaban recursos por $2.700 millones y debido a esto Emcali y la UASPEM llegaron a un acuerdo para devolverle al Distrito $1.400 millones por la no ejecución de algunas actividades del alumbrado navideño.

Asimismo pasó con el contrato entre Emcali y Megaproyectos para la ejecución de actividades que desarrollaban en el alumbrado. Cuando enviamos el informe preliminar con una observación por $1.200 millones, se suscribió un acta de liquidación, cruzaron cuentas y Emcali no tuvo que pagarle ese valor a Megaproyectos por la no ejecución del 100% de las actividades.

Pero finalmente la gente esperaba que se señalaran responsables en ese caso del alumbrado, ¿qué pasó con el informe final?

Informe final si hubo, pero ya no hay detrimento porque el sujeto de control tomó las decisiones recomendadas, en el tiempo que tienen para defenderse; frente al primer contrato Emcali dijo que no iba a pagar y, frente al segundo, nos dijeron que se comprometían a devolver el dinero al Municipio y efectivamente eso se hizo.

¿Qué otros hechos de contratación con problemas ha detectado la Contraloría en esta empresa?

Por ejemplo, tenemos que Emcali no canceló la tasa retributiva, en los años 2001 y 2002 y el municipio le hizo cobro jurídico y debió pagar por intereses de mora $19.932 millones, eso es un presunto detrimento patrimonial. Emcali compró 3000 medidores de energía a un contratista que no pasaron prueba de vulnerabilidad, no fueron utilizados. Eso significó un detrimento de $1683 millones.

También suscribió un contrato, cuyo objetivo era la implementación de una solución tecnología SAP y no pudimos, en el ejercicio auditor, verificar la evidencia de la ejecución de todas las actividades de ese contrato, pero fue pagado en su totalidad, lo que ocasionó un presunto detrimento de $4.974 millones.

En 2021, donde auditamos la vigencia 2020, se hizo un contrato para mejorar la infraestructura de la planta de tratamiento de agua residuales de Cañaveralejo y nos encontramos que el contrato de obra, tenía avance del 57%, pero la interventoría del mismo, no debería pagarse por encima del avance al contrato de obra y resulta que se le pagó todo, al 100%. Esto implica un presunto detrimento de $4270 millones.

Estos son algunos resultados, pero también por las labores de control hemos tenido beneficios con Emcali por $75.988 millones, son pérdidas de recursos que se evitaron.

¿Finalmente con el tema de la feria de Cali qué pasó?

La feria fue un tema muy sonado con el que también hicimos una labor con actuación de fiscalización a toda la contratación suscrita entre la Secretaría de Cultura y Corfecali. Encontramos detrimentos de $5.281 millones y no solamente fueron hallazgos fiscales, que es nuestra competencia directa, se tuvieron 10 penales y 38 disciplinarios que fueron enviados a las autoridades pertinentes, que son los que siguen las investigaciones.

¿Pero la ciudadanía piensa que tampoco hay responsables de ese detrimento?

Entiendo a la ciudadanía, sino conociera la normatividad me haría esas mismas preguntas. Por ejemplo, trasladamos a la Procuraduría los 38 hallazgos de la feria y ellos tienen unos tiempos para determinar la responsabilidad disciplinaria de los presuntos responsables.

En el caso de nosotros están los hallazgos fiscales, todos están en etapas diferentes. Tenemos 7 con aperturas de proceso, 3 en indagación preliminar. Estamos haciendo estudios de bienes para decretar las medidas cautelares sobre los presuntos responsables y para vincular a estos procesos a las compañías de seguros.

¿Por ejemplo, en el caso de que finalmente haya responsables, qué sigue?

Depende de cada hallazgo, para determinar los presuntos responsables hay que revisar el papel que desempeñaron, el manual de funciones, si eran supervisores y si se comprueba que hay un hecho causal entre el hecho y la conducta de manera individual. Lo que puedo decir es que todo avanza, según los tiempos, no puedo dar nombres porque eso parte de la investigación.

¿Los problemas que más detectan son por ineficiencia o corrupción?

Todo esto sucede por falta de control, es la falta de cumplimiento de las responsabilidades de los supervisores. Si no hay control adecuado cualquier cosa puede pasar. Creo que infortunadamente es algo que en el Estado hace carrera, no hay control por parte de los responsables de cada una de las etapas y es falta del cuidado que se debe tener al momento de contratar, determinar la idoneidad de un contratista o efectuar un pago. Los lineamientos están planteados, nosotros lo que hacemos es verificar si se ha cumplido esto y vemos que no.

No podría calificar como corrupción, es la Fiscalía el órgano competente, pero puedo decir que es más ineficiencia, muchas veces se logran los objetivos pero no de la forma que deberían, se cumplen metas pero con sobrecostos y aplazamientos de obras.

La Contraloría de Cali detectó un presunto detrimento por $1.990 millones en un contrato de construcción del puesto de control y vigilancia del predio El Arbolito, que está en el Parque Nacional Farallones. Se pagó el contrato y la obra que quedó inconclusa.

También en una auditoría al Distrito se estableció un presunto detrimento con hallazgos fiscales por $6.540 millones, por el no cobro del impuesto de plusvalía. Estos recursos no ingresaron a la ciudad porque no se hizo la gestión de cobro al proyecto Mall Plaza.

Asimismo, se hizo un análisis de las urgencias manifiestas y se detectó otro presunto detrimento por $240 millones.