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El informe de Lazard establece que dentro de los costos se evidencia que el más alto es la nómina, aproximadamente $90.000 millones con unos ingresos anuales de $160.000 millones, es decir un 55%, cifras aproximadas de cierre de 2018. | Foto: El País

EMCALI

Los puntos de discordia que dilatan un acuerdo con sindicatos para salvar a Emcali

La empresa aclaró que la petición que se hará al Gobierno Nacional es de apoyo y no de intervención.

20 de marzo de 2019 Por: Redacción de El País

Luego de la advertencia que hizo el Alcalde Maurice Armitage, en el sentido de que solicitará la intervención de las Empresas Municipales de Cali si en 30 días no llega a un acuerdo con los sindicatos sobre el tema laboral, la Gerencia de la empresa aclaró que lo que se buscará es un acompañamiento de la Nación para sacar adelante a Emcali.

“Más allá de la palabra literal intervención, que contempla la Ley 142 (de Servicios Públicos), el Alcalde se refiere a un apoyo por parte del Gobierno Nacional para poder tomar decisiones en la empresa, buscando que sea eficiente desde el punto de vista administrativo y financiero. Lo que busca el Alcalde es que en esta empresa se puedan hacer los cambios que se precisan, se pueda mover la planta que se requiere, sacar al personal que se requiere por improductividad”, explicó Gustavo Jaramillo, gerente de Emcali.

Sin embargo, el anuncio del Mandatario despertó inquietud frente a la situación actual de la empresa de servicios y la posibilidad que tendría de ser intervenida por la Nación.


“La única forma de que haya una intervención por parte del Gobierno Nacional es que esté afectado el servicio a los usuarios. En el año 2000 cuando se hizo la intervención era porque ya existía una suspensión de una obra efectuada por el sistema nacional de energía, y se tuvo que hacer la intervención para evitar esa suspensión, ahora no veo que haya intermitencia en los servicios públicos, por el contrario los informes que dan de Emcali en los medios de prensa es que están bien”, dijo Carlos Alfonso Potes, exgerente de Emcali.

A su vez, el presidente del Concejo, Fernando Tamayo, manifestó que la Superintendencia de Servicios Públicos está para garantizar la prestación de los servicios a los usuarios, “más no es un ente fiscalizador o coercitivo de lo que hagan o dejen de hacer los trabajadores de las compañías de servicios públicos”.

“Preocupa que las declaraciones del Alcalde generen incertidumbre frente al futuro de Emcali, que si bien tiene un panorama poco alentador en el componente de Telecomunicaciones, tiene otras Unidades de Negocios como Energía y Acueducto y Alcantarillado, que podrían ponerse en riesgo frente a la competencia y a los suscriptores de la compañía”, advirtió Tamayo y añadió que no se pueden seguir dilatando las decisiones que se vayan a tomar, sin importar cuáles sean, “eso sí, las decisiones deben ser previamente analizadas de manera técnica, intentando buscar una concertación y, si no, soportado en el interés general de salvaguardar la empresa”.

Por su parte, Ramiro Tafur, otro de los exgerentes de la compañía, manifestó que es posible que Emcali esté abonando nuevamente un camino hacia la intervención, entre otras cosas porque desde que regresó a manos del Municipio, en el 2013, no ha sido administrada adecuadamente.

“Cuando Emcali se devolvió a la ciudad venía con utilidades por encima de los $280.000 millones, incluso telecomunicaciones ganaba plata; se dejó el pasivo pensional totalmente fondeado y había el compromiso de escindir telecomunicaciones, era una obligación, pero no lo hizo el doctor Guerrero ni el señor Maurice Armitage. Otro aspecto, es que el Gerente debía ser nombrado por concurso y con todos los méritos y lo nombraron a dedo... se cometieron errores fatales en ambas administraciones”, precisó Tafur.

Para el concejal Carlos Andrés Arias, sería inconveniente que Emcali vuelva a ser intervenida, “porque durante los trece años de intervención la inversión que hizo la Nación, por lo menos en reposición redes de acueducto y alcantarillado, fue nula. Esto sería decirle a la Nación que, como vallecaucanos y caleños, no pudimos administrar de manera adecuada nuestra empresa, nuestro patrimonio, entonces esa no es la alternativa”.

“El Alcalde es un negociante por naturaleza, por lo que creo que esta posición es una forma de presión para poder negociar con los sindicatos el plan de retiro”, afirmó Arias.

Precisamente, el plan de retiro voluntario que se propone para la compañía de servicios públicos es uno de los tres puntos en los que no se ha logrado un acuerdo con los sindicatos. Los otros aspectos tienen que ver con el traslado de trabajadores de Telecomunicaciones a otras áreas y el tema de estabilidad laboral, que solo se garantizaría después de cinco años de que ingrese un nuevo trabajador. ¿Qué piensa la gerencia de Emcali y los sindicatos sobre estos puntos?

Lea además: Los detalles del ultimátum de Armitage a sindicatos de Emcali

Plan de retiro voluntario

El Gerente de Emcali indicó que las propuestas que se han planteado hacen parte de un plan estratégico que fue construido con la Universidad del Valle y participación de los trabajadores. Una de estas es el plan de retiro voluntario que busca la renovación de la planta.

“La empresa tiene una estructura organizacional anticuada, obsoleta, que requiere unos ajustes.... en esta revisión minuciosa también han salido áreas que tienen unas ineficiencias y que requieren bien sea reubicar personal o que no sean manejadas directamente por trabajadores oficiales por sus altos costos y su falta de respuesta ante las necesidades del mercado, a veces es preferible manejarlas por medio de operadores privados, por medio de procesos públicos abiertos”, dijo Jaramillo y añadió que dicho plan se está estructurando.

Ricardo Muñoz, presidente de Sintraemcali, indicó que no llegarán a un acuerdo en este punto porque “sería endeudar la empresa en más de $350.000 millones (para financiar el plan de retiro), además eso conllevaría a la externalización de procesos. Hoy tenemos unas empresas con 2345 trabajadores oficiales, más de 3000 contratistas en empresas terceras y 900 contratistas de prestaciones de servicios”.

A su vez, el presidente de la Unión Sindical de Emcali, USE, José Roosevelt Lugo, añadió que solo se ha hablado del plan, pero no se conoce el énfasis de este: “La mayoría de trabajadores que se acogen a estos planes de retiro voluntario terminan bastante afectados, sacrificados financieramente, a veces hay desequilibrio en el manejo de estos dineros que se entregan para compensar”.

Traslados

Según Emcali, el componente de Telecomunicaciones viene perdiendo cerca de $85.000 millones anuales y su transformación es una necesidad. Parte de las acciones que se deben emprender, explicó el gerente Gustavo Jaramillo, es el traslado de trabajadores a otras áreas para optimizar la planta. Asimismo, reducir costos “atacando las áreas que más le cuestan a la unidad, como la nómina”.

“Tenemos una sobrepoblación de la planta con aproximadamente un 100% más de lo necesario para que opere”, dijo Jaramillo. El área tiene cerca de 600 trabajadores y se necesitarían solo 250.

Para el presidente del Concejo, Fernando Tamayo, “pasar trabajadores de Telco a los otros componentes podría poner en riesgo la supervivencia de Acueducto y Energía”.

Al respecto, el líder sindical de la USE señaló que sería irresponsable que se trasladen trabajadores a cumplir funciones para las que no tienen competencias .

“No pueden pretender que un liniero de red de teléfonos pueda pasar directamente a ser liniero de red de alta tensión de energía, por supuesto que no tiene nada que ver la labor que ejerce en teléfonos con energía”, precisó José Roosevelt Lugo.

Por su parte, el presidente de Sintraemcali, manifestó que tampoco llegarán a un acuerdo en este punto, porque lo que se pretende es “desmantelar el componente de telecomunicaciones”.

“Posteriormente plantearle al Concejo que tampoco es rentable con el 50% de trabajadores y más adelante llevar un proyecto de escisión o de privatización, como sucedió en la ciudad de Medellín y que termine privatizándose”, dijo Muñoz.

Estabilidad laboral

La inclusión de nuevos trabajadores a la empresa, con unas condiciones diferentes a las que tienen hoy respecto a la estabilidad laboral, es otro punto que imposibilita un acuerdo con los sindicatos de Emcali.

“Hoy en día un trabajador que contrate la empresa adquiere la estabilidad laboral hasta los 70 años una vez culmina el periodo de prueba y esto realmente afecta la eficiencia y la productividad de los trabajadores. En ese orden de ideas, hemos propuesto que esa estabilidad se adquiera después de cinco años que el trabajador lleve laborando”, explicó el gerente Gustavo Jaramillo.

Para los sindicatos, esta propuesta “destruye” su convención colectiva de trabajo, por medio de la cual hoy tienen garantía laboral.

“Esto terminará en que a los cuatro años van a empezar a decirle a estos trabajadores que ya no los necesitan y se volverá de nuevo Emcali un fortín político de los politiqueros de turno para meter las personas solamente en sus periodos de elecciones o de campañas”, señaló el líder de Sintraemcali, Ricardo Muñoz.

Finalmente, el presidente del sindicato USE añadió que se debe cumplir el plan estratégico planteado por Univalle en todos sus puntos: “La Univalle dijo que se debían fortalecer las gerencias misionales por donde están los ingresos para sostener la empresa y salir un poco de la carga administrativa, pero lo que se viene haciendo es nombrando en todo este periodo cerca de 100 personas de carácter administrativo. Eso no es responsable”, precisó Lugo.

¿Cuándo se podría intervenir la empresa?

Algunas de las causales de intervención que establece la Ley 142 de 1994, de Servicios Públicos, en su artículo 59 son:

Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas.

Cuando sus administradores persistan en violar en forma grave las normas a las que deben estar sujetos, o en incumplir sus contratos.

Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantiles.

En casos de calamidad o de perturbación del orden público.

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