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Alberto Mariño, presidente de Proindesa. | Foto: Foto: Especial para El País

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La incertidumbre sigue rondando proyecto vial Mulaló - Loboguerrero

Alberto Mariño, presidente de Proindesa, dice que el concesionario de la vía está dispuesto a conciliar una salida para que la región y la ANI busquen otras opciones.

1 de julio de 2020 Por: Francy Elena Chaguendo - reportera de El País

La incertidumbre sigue rondando el proyecto vial Mulaló-Loboguerrero, que es el único de cuarta generación que tiene el Valle del Cauca y para cuyo desarrollo se prevén inversiones por encima de $1,2 billones.

El contrato de inició de obra con la firma concesionaria Nueva vía al Mar, Covimar, se firmó en el 2015 y hoy su ejecución está en veremos por la falta de licencia ambiental.

Alberto Mariño, presidente de Proindesa, compañía que maneja las concesiones de infraestructura de Corficolombiana, principal inversionista en Covimar, le contó al El País que no tienen certeza de poder arrancar las obras del proyecto en el corto ni mediano plazos, por lo que están dispuestos a terminar, de común acuerdo con el Gobierno, el contrato. Con ello, dice que la región y en consulta con las comunidades, pueden buscar otra solución para hacer esa carretera de 31 km, cuya principal bondad es acortar en más de cincuenta km el camino hacia Buenaventura, para quienes viajan desde Cali y el sur del país.

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¿Cuál es la actual situación del proyecto Mulaló-Loboguerreo?

El proyecto no tiene hoy en día ninguna certeza de que se vaya a ejecutar, y menos rápidamente, por muchas cosas que le hemos explicado a los gremios del Valle. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, nos pidió información adicional a finales del 2019 para avanzar en el proceso de licenciamiento ambiental y para ello nos concedió un plazo de 12 meses.

Lo que hemos dicho es que tenemos estudios de mucho tiempo y un año más no va a cambiar los resultados, sin embargo, se solicitó esa información que requiere muestras en invierno y en verano, pero por el aislamiento obligatorio los términos fueron suspendidos.

Ahora para tomar las muestras de invierno tocará esperar a septiembre u octubre para remitir el informe a unos especialistas en Canadá que son los que procesan los datos, es decir que, por los efectos de la cuarentena, esta nueva información se le entregaría a la Anla entre marzo o abril del 2021.

La Ministra de Transporte ha dicho que el compromiso del Gobierno es que después de esto no se pediría más información y que se tomaría una decisión sobre la licencia ambiental…

Nosotros no tenemos garantías de eso. La Anla lo que ha dicho es que se demora 6 meses para revisar la información que nosotros entreguemos, pero la entidad puede continuar pidiendo cosas ya que el proceso de licencia ambiental de Mulaló-Loboguerrero se lleva a cabo según el decreto 1753 de 1994, que no fija límites para pedir información, cuando hoy el día el resto de proyectos de 4G del país se basan en el decreto 1076 del 2015, que sí los pone.

Eso nos deja en el siguiente escenario. Entregamos la información adicional en marzo de 2021, la Anla se demora 6 meses en analizar los datos, sería ya septiembre del 2021. Pero en este proceso hay terceros intervinientes, que son la comunidad y pueden interponer recursos y la Anla está obligada a atenderlos, es decir que pasará el año 2021 y no vamos a tener licencia ambiental del proyecto. Además, la Anla puede pedir medidas adicionales, nosotros también podemos interponer recursos y eso puede demorar más el trámite.

¿El problema ha sido que no hubo acuerdo con la comunidad?

La comunidad de Mulaló con la que tuvimos serias dificultades en la consulta previa ha venido manifestando que, a raíz de todo lo que ha pedido la Anla, hay nuevos impactos en el proyecto, por lo que la consulta previa debe reabrirse, lo que le pone más incertidumbre a la carretera.

Los amigos de Pavas (por donde atraviesa la nueva vía) se han opuesto a la carretera, eso no es nuevo, eso viene de muchos años atrás. Se oponen a que el trazado pase por el acuífero de Pavas, han interpuesto tutelas, acciones populares y ahora han pedido que ese acuífero sea declarado sujeto de derechos, eso no ha prosperado hasta ahora, pero resulta que en Colombia hay varios ejemplos de ríos declarados sujeto de derechos, entonces nadie puede pronosticar lo que un juez de la República considere o vaya a considerar. Le hemos dicho a la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), suponga que en dos años iniciamos obras, pero no tiene nada de raro que ante un ataque jurídico se dicten medidas cautelares que frenen la obra cuando esté en marcha.

¿Ante este panorama qué piensa hacer el concesionario?

Esto le está costando al país y a nosotros mucha plata. El contrato se firmó en 2015, llevamos cinco años, hemos surtido dos consultas populares y cumplido con lo que teníamos que hacer. Nosotros no vamos a ser una piedra en el zapato.

Si me pregunta a mi qué hacer, yo les digo, es sencillo, es devolverse, pero es la única manera de tener seguro este proyecto y es que salgan del concesionario, para quitarse esa camisa de fuerza del trazado actual.
Luego, que la ANI estudie alternativas, involucrando a la comunidad de Pavas para que ellos estén de acuerdo y a la Anla y definan un nuevo trazado y vuelvan a licitarlo.

Yo estoy seguro que esa sería la forma de tener certeza de que el proyecto se desarrolle, que hay una demora, indudablemente habrá demora, cuántos años, no sabría. Pero como están hoy las cosas pueden pasar dos años y medio más y seguir en una incertidumbre total.

Imagínese que comencemos a trabajar con equipo, personal y venga una medida cautelar y paren las obras, lo que eso le puede costar al país. Eso no tiene sentido.

¿La ANI que dice al respecto?

Nosotros le hemos dicho a la ANI que queremos que el proyecto se haga, pero no queremos ser una oposición y por eso le decimos, venga nos sentamos, de común acuerdo terminamos este contrato que le está generando a usted, creo que más problemas que beneficios, y siéntase libre que buscarle una solución al proyecto, sin nosotros.

Yo creo que la ANI está de acuerdo porque quieren hacer la carretera, tiene los recursos, tiene apropiadas las vigencias futuras. Si se mantienen esos dineros y redireccionan el proyecto, pues esas apropiaciones y aportes pueden mantenerse y tendrían el apoyo para ejecutarlo.

Si hacen un cambio de trazado que deje tranquilo a la Anla y a los actores sociales de Pavas se garantiza terminar el proyecto porque el Gobierno tiene apartado los recursos que son bastantes. Lo que tengo entendido es que la ANI está comprometida a mantener esos dineros.

El Gobierno y los gremios del Valle no quieren renunciar al proyecto...

Esto no implicaría una renuncia al proyecto, esto implica es un alto para resolver el trazado y que definitivamente se pueda hacer la carretera. Nada garantiza que el actual trazado sea construible, tenemos todavía demasiados imponderables por delante.

Mientras que si se sientan gremios, Gobierno, la ANI y resuelven con la comunidad de Pavas una solución que permita atender lo que han pedido desde 1999, el proyecto se pueda desarrollar. Con el contrato actual es muy difícil hacerlo y no queremos ser piedra en el zapato. Queremos que el Gobierno y la comunidad del Valle tengan toda la libertad para redimensionar el proyecto y redefinir el trazado de Mulaló-Loboguerrero.

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