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Emcali | Foto: José Luis Guzmán - El País

CALI

Irregularidades en Emcali no paran: lo que se sabe de la imputación a Emilio Tapia por polémicos contratos

Sintraemcali cuestionó nuevos contratos y la Fiscalía imputó a Emilio Tapia por falsificación en documentos.

12 de octubre de 2022 Por: Redacción de El País

Emcali está nuevamente en el centro de los cuestionamientos luego de que la Fiscalía hizo hallazgos penales en dos contratos más: el primero, para adelantar la fase uno de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Ptap, de Puerto Mallarino y el segundo para la primera etapa de la renovación de dicha planta.

El organismo judicial imputó a Emilio José Tapia, quien se encuentra preso en Barranquilla, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.

“Tapia, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a estos procesos, cuyo costo ascendía a $ 6212 millones y, en compañía de otras tres personas, habría obtenido documentos con información falsa para participar en esas licitaciones”, expuso Eduar Alirio Calderón, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía.

Los documentos falsos serían unos comprobantes de que el consorcio tendría a su disposición un crédito aprobado con algún banco por el 30 % del valor de cada contrato. “Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación en Emcali, que le permitieron al conglomerado de Tapia Aldana quedarse con los dos contratos”, agregó el director especializado.

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Sin embargo, los integrantes de Sintraemcali no estuvieron de acuerdo con que la Fiscalía presentara a los funcionarios de la empresa de servicios públicos como los engañados, pues manifiestan que hay gente profesional en contratación que analiza y verifica todos los documentos.
“Es que, si fueran dos contratos o uno solo, uno dice ‘vaya y venga’, podría tener razón la Fiscalía. Pero, aquí se ha demostrado en otros contratos que se usó la misma modalidad de pólizas falsas”, cuestionó Jhoni Trejos, vocero de Sintraemcali.

Según Trejos, existen tres mecanismos para realizar procesos irregulares de contratación en Emcali. “La modalidad de las pólizas falsas es solo una de ellas. Hemos denunciado el contrato del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado por $ 30.000 millones y que comprometía el futuro del agua de los caleños, a 30 años se proyectaba la gestión del servicio. Ese contrato se logró suscribir y finalmente no se ejecutó; los dos contratos de Puerto Mallarino sí se suscribieron y se ejecutaron al 50 %”.

Sintraemcali cuestionó el uso del modelo de Sociedad de Economía Mixta, con el cual se intentó crear la empresa Cali Inteligente y que, al final, fue denegado por el Concejo.

Otro mecanismo donde habría irregularidades sería el de los ya conocidos convenios interadministrativos.

“Este método se usó con la Empresa de Recursos Tecnológicos, la ERT, que suscribió un contrato con Emcali por $ 18.000 millones, el cual se ejecutó completamente y la ERT, como no tenía las competencias para desarrollar ese objeto contractual, terminó subcontratando con cinco empresas privadas”, expuso Jhoni Trejos.

El senador Alexander López Maya, quien ha sido crítico de la gestión administrativa y contractual en Emcali, manifestó sobre este nuevo escándalo: “Duele mucho dar estas noticias de hechos de corrupción en Empresas Municipales de Cali, a pesar de que el alcalde Jorge Iván Ospina insiste en que todo está bien. Pero, duele más que esta maravillosa empresa sea gerenciada por pactos macabros y miserables que la quieren destruir. No lo permitiremos”, dijo.

Por el momento, Emcali decidió suspender todos sus procesos contractuales, producto de los recientes escándalos por sobrecostos en el contrato de AMI.

Adicionalmente, El País conoció que la misma Emcali ha realizado siete denuncias ante la Fiscalía por posibles irregularidades al interior de la gestión contractual de la compañía.

Estas denuncias son contra la Unión Temporal Máster Plan Cali 2021, responsable del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado; contra los Consorcios Clarificación y Renovación Puerto Mallarino, y también en contra de Emilio José Tapia, el Consorcio Reposición y el Consorcio Cali Raw Urbano Sur.

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Hernando Morales, abogado de las Empresas Municipales, comentó que existe una “presunción de buena fe” en los procesos contractuales, pero que con lo sucedido en el escándalo de Centros Poblados del Mintic se prendieron las alarmas en todo el país y se empezaron a revisar todos los contratos, llegando a hallazgos que ameritaban la denuncia ante la Fiscalía.

“La gente dirá que nosotros no revisamos, pero no es así. Un proceso contractual tiene más de 50 requisitos. Entre esos hay unos esenciales que nosotros sí verificamos, porque sí miráramos todo siempre sería imposible suscribir un contrato”.

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