Así va la investigación de la Procuraduría por el caso Mintic-Centros Poblados

Un día antes de que se acabara el 2020, se suscribió el acta de inicio del contrato 1043, celebrado entre el Ministerio de las Tecnologías, Mintic, y la Unión Temporal Centros Poblados.

Por parte del Ministerio firmó un funcionario que “en su trayectoria ha demostrado un gran interés por el desarrollo de las regiones, a partir de la planificación de redes, gestión de espectro, regulación de los servicios de telecomunicaciones, y consolidación de estrategias que permitan generar un cambio social y satisfacer las necesidades de la población”.

Era Camilo Alberto Jiménez Santofimio, entonces director de Infraestructura, y contra quien hoy la Procuraduría tiene listo un pliego de cargos, al igual que contra Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general del Mintic, y Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión Contractual.

La delegada del Ministerio Público que asumió el expediente recalca que, pese a que le figuran cargos en el sector público y privado por más de diez años, Jiménez permitió “que fueran modificadas conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio Telbroad-Profi”.

Karen Abudinen le confirmó que estará de vuelta en el país para el próximo 3 de noviembre, fecha en la que está citada a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.

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Esta firma fue contratada para que diseñara los pliegos para escoger el mejor proponente, pero todo apunta a que los involucrados hicieron modificaciones a los términos para, presuntamente, favorecer a Omega Buildings, ICM ingenieros SAS, Intel de la Costa y Novotic, que conformaron la unión temporal de la que surgió también el condenado Emilio Tapia.

En un aparte del expediente se lee que “con esas variaciones, los señalados documentos quedaron elaborados de manera deficiente, con lo que el proceso de selección del contratista facilitó la participación de oferentes que no reunían la capacidad técnica jurídica y financiera capaz de garantizar las obligaciones nacidas del contrato”.

La tesis que persigue la Procuraduría es que se desatendió lo hecho por el consorcio para la estructuración del proyecto que pretendía cobertura de internet de acceso público para zonas rurales, en una época en la que la virtualidad era necesaria para la educación de la población más vulnerable.

Así, el principio de responsabilidad habría sido pasado por alto por Jiménez, al abrir licitaciones y elaborar los pliegos de manera incompleta.

“Es evidente que en algunos aspectos, especialmente los que refieren a requisitos habilitantes, capacidad jurídica, financiera y organizacional, fueron introducidas modificaciones parciales sin que, luego de una lectura objetiva, se encuentren las razones de estos cambios”, dice el pliego de cargos.

Además, el ente de control cuestiona que, luego de invertirse más de $2000 millones en una consultoría que había sido recibida tres meses atrás, no se hubiera advertido de todos estos factores que, sin duda, llegaron a modificar las condiciones inicialmente señaladas por el consultor, especialmente cuando se sustentó en “nuevas condiciones” que no son señaladas con claridad en el documento.

De acuerdo con el Instituto Anticorrupción, que documentó las reuniones celebradas en la sede del Mintic relacionadas con Centros Poblados, Jiménez sostuvo 164 encuentros presenciales, mientras que la entonces ministra, Karen Abudinen, apenas 25.

La primera reunión del 2020 del entonces director de Infraestructura fue el 26 de febrero, la segunda el 5 de abril y la última el 29 de diciembre, lo que demuestra que no siguió la orden del Gobierno Nacional de restringir el trabajo presencial en las entidades oficiales, debido a la pandemia de covid.

Lo cierto es que la calificación que la Procuraduría le da a la conducta por la que Jiménez será investigado es de “culpa gravísima”.

“Queda demostrado que al disciplinado le asistían unos claros deberes funcionales (…) de verificar y controlar los proyectos bajo su responsabilidad para satisfacer esos criterios de calidad que deben imperar en las actuaciones de los funcionarios vinculados al Ministerio de las TIC, lo cual no hizo, defraudando esa confianza y esos deberes funcionales”, continúa diciendo el pliego de cargos.

La exministra de las TIC deberá comparecer en calidad de testigo, dentro del proceso que el alto tribunal adelanta por el escándalo relacionado con Centros Poblados.

De otro lado, a la par con sus funciones como director de Infraestructura del Mintic, Jiménez fungió como supervisor del contrato, por lo que para los investigadores surgen muchas dudas sobre su accionar con respecto al anticipo de los $70.000 millones que se le giraron a Centros Poblados.

El rosario de reparos a lo actuado por el exfuncionario se condensa en una frase de la página 166 del pliego de cargos: “El investigado dejó pasar las presuntas irregularidades que claramente pudo detectar si hubiera analizado la documentación que presentó la UT Centros Poblados 2020”.

Lo que la Procuraduría busca probar es que, de haber hecho su trabajo, el exdirector de Infraestructura hubiera detectado la “espuria” garantía bancaria que presentaron las firmas que conformaron la unión temporal.

“Eso permitió que el Comité Fiduciario, incluido el supervisor contractual, autorizara el uso de los recursos entregados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fontic, al contratista, sin ningún tipo de amparo, lo cual se pudo haber evitado con un mínimo de diligencia y eficiencia, toda vez que no verificaron que el Banco ITAÚ jamás había extendido tal garantía bancaria”, reseña el documento del órgano de control.

Cabe mencionar que Jiménez renunció a su cargo en el Mintic en septiembre pasado, agradeciéndole a su equipo de trabajo porque “aportó fundamentalmente para que Colombia avance decididamente en el cierre de la brecha digital”.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció ayer nuevas imputaciones en el caso del adelanto de $70.000 millones que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados como parte de un contrato que le fue adjudicado de manera irregular para llevar internet a las escuelas ubicadas en las zonas rurales más apartadas en el país.

El funcionario afirmó a Caracol Radio que se va a llevar a cabo una segunda etapa o línea en la imputación de cargos por el polémico caso que terminó con la renuncia, el pasado 9 de septiembre, de Karen Abudinen como titular del Mintic.

El Fiscal General indicó que esto se da luego de un interrogatorio de nueve horas a Emilio Tapia, quien fue capturado el pasado 20 de septiembre, tras comprobarse su participación en los hechos relacionados con la adjudicación del polémico convenio a la cuestionada firma.

Según Barbosa, con la información obtenida se ampliará el espectro de los delitos a los ya involucrados y se imputarán cargos a colaboraciones alrededor de las pólizas y seguros por posibles maniobras precontractuales en las que estarían involucrados funcionarios públicos.

El Fiscal General de la Nació resaltó que antes de finalizar el presente año se tomaría una segunda decisión por parte del ente investigador sobre este tema.

Como se sabe, alrededor del contrato con Centros Poblados se adelantan investigaciones tanto del orden penal, por parte de la entidad a cargo de Barbosa, como del ámbito disciplinario, que son las que están a cargo de la Procuraduría General de la Nación (ver nota principal).