¿Qué está pasando en la zona rural de Tuluá? Disidencias se disputan el territorio y aumentan la tensión en las veredas

La violencia volvió a abrirse paso en la zona media y de alta montaña de Tuluá, donde después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en 2016, hubo una calma relativa.

Actualmente, entre los caminos rurales y las veredas dispersas hay una disputa entre grupos al margen de la ley que ha reconfigurado el conflicto armado interno y mantiene en alerta a las comunidades campesinas, por lo que escribieron una carta dirigida a las autoridades locales, departamentales y nacionales solicitando ayuda.

Y es que, según los datos del Observatorio de Prevención y Control de la Violencia del Valle, entre el 1 de enero y el 27 de marzo de este 2026 fueron asesinadas 19 personas en el municipio, 5 de ellas en la zona rural, mientras que en los tres primeros meses del año pasado, 14 personas fueron víctimas de homicidio en el área urbana y 3 en la zona rural.

Si bien no se trata de un incremento desbordado, esta situación puede representar cambios en las dinámicas de violencia que actualmente están concentradas en zonas históricamente estratégicas por su ubicación entre el centro del Valle del Cauca y los corredores hacia Tolima y el Eje Cafetero.

El secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, le dijo a El País que el panorama hoy está marcado por la presencia de dos estructuras al margen de la ley que se disputan el control del territorio. Se trata de la estructura Adán Izquierdo y el Frente 57 Yair Bermúdez, ambos disidentes de las Farc.

La violencia no se da en combates abiertos, sino en acciones selectivas entre grupos ilegales. Los más impactados son los campesinos”.

Martín Hincapié, secretario de Gobierno de Tuluá.

Dicha lectura coincide con la de la Tercera Brigada del Ejército. El comandante Juan Oduber Rendón asegura que “lo que está ocurriendo es una disputa territorial entre dos grupos armados ilegales, el Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ y la estructura ‘Adán Izquierdo’. Ambos son disidencias de las antiguas Farc que no se acogieron al proceso de paz” del 2016.

“Con el ingreso de la disidencia denominada Adán Izquierdo, esta mantuvo su presencia en la zona rural durante varios años y ocasionó amenazas, violencia, intimidaciones y homicidios. Se agravó la situación cuando apareció el Frente 57, que es una disidencia de la disidencia, la cual busca absorber a la Adán Izquierdo y tomar el control de la zona de media y alta montaña de Tuluá, en atención a que es una zona estratégica de paso hacia Tolima y el Quindío”, explicó Hincapié.

De acuerdo con el comandante Rendón, dicho conflicto está motivado por el control de economías ilegales: “Estos grupos se están enfrentando porque quieren controlar las rutas de la Cordillera Central para utilizarlas como corredor de movilidad para transportar drogas”.

Según explicó, los enfrentamientos entre esas estructuras no se explican a través de combates abiertos con la Fuerza Pública, como hace algunos años, sino por el actuar selectivo, ya que los actores ilegales operan en pequeños grupos, no están uniformados, sino de civil y tienen una lógica distinta a la guerra de guerrillas previa al Acuerdo de Paz de La Habana.

“No son combatientes uniformados tratando de enfrentarse directamente con el Ejército, sino más bien de lado y lado buscando ajusticiarse los unos con los otros. Esta situación de una manera clara crea tensión en la comunidad, afecta la organización comunal y la tranquilidad de la zona”, afirmó Hincapié.

Frente a este panorama, el alto oficial aseguró que el Ejército intensificó su presencia en ese territorio del Valle.

“Hemos desplegado operaciones militares ofensivas en la zona, trabajando de la mano con la Policía Nacional y la Fiscalía para proteger las comunidades y debilitar las capacidades de la amenaza”, dijo Rincón, quien afirmó que la prioridad de la Fuerza Pública es proteger a la población civil.

El Secretario de Gobierno de Tuluá aseguró que las zonas más impactadas por estos hechos de violencia son corregimientos y veredas como Santa Lucía, Puerto Frazadas, Puerto Rosales, La Moralia, Venus, Naranjal y Monteloro.

Por ello, en varios de esos puntos el Ejército Nacional mantiene operaciones permanentes.

“Tenemos una unidad que es el Batallón de Alta Montaña No. 10, ubicado en el sector de Paila Arriba (Sevilla), que permanentemente está realizando operaciones ofensivas, defensivas y de estabilidad, y labores de inteligencia en la zona rural de Tuluá”, explicó Rendón.

A este panorama se suma el hurto de cerca de cien cilindros de gas y la retención de una misión médica en zona rural del municipio, situaciones que han incrementado la preocupación en el territorio.

Los cilindros fueron recuperados por el Ejército el pasado martes en el corregimiento La Moralia, sector cercano al puente Naranjal.

En el caso del secuestro, el secretario Hincapié indicó a El País que por el momento no es posible atribuirlo directamente a las estructuras armadas ilegales que delinquen en la zona, puesto que las autoridades están adelantando las verificaciones correspondientes.

Hay una disputa territorial entre dos grupos armados ilegales que buscan controlar las rutas de la Cordillera Central para el transporte de drogas. Desplegamos operaciones militares ofensivas”.

General Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada.

El Secretario de Gobierno de la Villa de Céspedes advirtió que esta dinámica del conflicto no solo impacta la seguridad, sino también la vida cotidiana de los campesinos, ya que la presencia de dichos grupos armados ilegales provoca restricciones indirectas y genera incertidumbre.

A esta problemática se suma la llegada de comunidades indígenas provenientes del departamento del Cauca a algunas zonas de la media y alta montaña de Tuluá, lo que, de acuerdo con la Administración Municipal, es un reto que ha generado tensiones en medio de las disputas entre estructuras ilegales.

Una carta sin remitente

Ante esta situación, habitantes de la zona rural de Tuluá habrían enviado una carta abierta a la Alcaldía Municipal, la Personería, la Gobernación del Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional, el Gobierno Nacional y entidades garantes de Derechos Humanos advirtiendo del deterioro del orden público y un supuesto riesgo de desplazamiento.

A pesar de ello, el secretario de Gobierno de Tuluá afirmó que no hay evidencia de que se esté registrando una salida masiva de campesinos de sus tierras a causa de la violencia y dijo que durante los últimos años este delito ha disminuido gradualmente.

Sin embargo, se cuenta con un protocolo establecido en caso de que llegase a ocurrir.

La mencionada carta decía: “Hoy elevamos un llamado urgente solicitando el apoyo de todas las entidades del Estado y organismos de Derechos Humanos ante esta difícil situación que afecta a los diferentes corregimientos y veredas de nuestra región”.

Asimismo, las comunidades afirmaron que observan con preocupación el abandono institucional “y la escasa presencia de la Fuerza Pública, lo que ha permitido que la violencia continúe cobrando vidas y provocando el desplazamiento forzado de numerosas familias campesinas”.

Aunque la misiva encendió las alarmas, Hincapié afirmó que no se tiene conocimiento de quién es el remitente: a pesar de que la Administración Municipal se ha comunicado con presidentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal de las zonas rurales de Tuluá, ninguno se ha atribuido la autoría.

Alerta sobre homicidios

“En los últimos tiempos se han presentado constantes asesinatos de personas adultas, jóvenes y campesinos, presuntamente a manos de grupos armados, lo cual ha generado un ambiente de temor, incertidumbre y desprotección en todo el territorio”, se expresó en la carta pública enviada por los habitantes de la zona rural.

Sobre el tema, Martín Hincapié indicó que estos asesinatos no se le pueden atribuir únicamente a la guerra entre estructuras ilegales: “Lo único cierto que sabemos es que en la zona media y alta de la montaña tulueña delinquen el Frente 57 y la Adán Izquierdo. Entre ellos, desde finales del año pasado y lo que va de este, las confrontaciones han sido más de contacto”.

El funcionario municipal agregó que los homicidios en la zona rural de la Villa de Céspedes han sido selectivos y, en algunos casos, de personas que llevaban pocos años viviendo en el territorio, por lo que indicó que las muertes también pueden ocurrir por causas ajenas al conflicto entre las disidencias.

La ocurrencia de estos dos grupos de las disidencias de las Farc que se disputan el territorio también tiene como consecuencia la ocurrencia de otros delitos como la extorsión.

De acuerdo con datos del Observatorio de Prevención y Control de la Violencia del Valle, en los tres primeros meses de 2026 hubo 26 casos de extorsión en Tuluá, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían denunciado 27 hechos.

Ante este panorama, el Ejército indicó que las operaciones contra estos grupos armados ilegales han dado resultados positivos en la zona rural de Tuluá.

De acuerdo con el comandante de la Tercera Brigada, brigadier general Juan Rendón, “entre las afectaciones más relevantes se encuentra la captura de alias Simón, señalado como tercer cabecilla de comisión del Frente 57, así como la captura de otros dos cabecillas vinculados al reclutamiento forzado de jóvenes”.

Nuestro objetivo es la protección de la población civil. Por eso hemos desplegado operaciones en la zona para proteger a las comunidades y debilitar a los grupos armados”.

General Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército.

Además, fue neutralizado alias Danilo y alias Jefrey, este último señalado de ser el tercer cabecilla de la Yair Bermúdez, junto a miembros de su esquema de seguridad. También se afectó a alias Maikol, señalado jefe de finanzas del grupo.

En medio de estos operativos se ubicó un depósito ilegal donde se halló un lanzagranadas M-203, municiones y equipos de uso privativo de la Fuerza Pública que, según el Ejército, sería usado para atentar contra uniformados y población civil.

“Estos resultados evidencian la presión sostenida que se mantiene contra este grupo criminal, afectando su mando, sus finanzas, su capacidad armada y su accionar delictivo”, puntualizó Rendón.

Estas acciones hacen parte de una estrategia amplia que busca contener la expansión de estas estructuras ilegales en la Cordillera Central, un punto vital para la conexión entre diversos departamentos, lo que hace que se utilice como un corredor para las economías ilícitas.

Por ello, el Comandante de la Tercera Brigada del Ejército explicó que no se busca impactar únicamente a los cabecillas de las disidencias de las Farc, sino también las fuentes de financiamiento de las mismas, como la extorsión, el narcotráfico y demás actividades ilegales que se llevan a cabo en el centro del Valle del Cauca.

Rendón destacó que las actividades militares también cuentan con la articulación de otras entidades del Estado. “Trabajamos de la mano con la Policía Nacional y la Fiscalía para proteger a las comunidades y debilitar las capacidades de la amenaza”, dijo.

Y agregó que esta estrategia está enmarcada en la protección de las comunidades: “Nuestro primer objetivo es la protección a la población civil, siendo esta nuestra prioridad”.

Por ello, el militar insistió en que, además de las acciones institucionales, es clave la colaboración de la ciudadanía, puesto que de esta manera se avanza en las investigaciones y se contrarresta el actuar de los grupos armados ilegales en la zona rural de Tuluá y el resto del departamento.

“Nosotros estamos en el terreno, pero necesitamos su confianza y su apoyo”, concluyó el Comandante, recordando que las líneas 107 y 147 están dispuestas para recibir información de parte de la población civil.