Las posiciones de los concejales de Cali para elegir Contralor; mientras unos dicen que hay presion del Alcalde, otros lo niegan

La elección del Contralor de Cali para el periodo 2026-2029, que debió realizarse el año pasado por el Concejo local, ha llevado a los 21 cabildantes a exponer sus argumentos, desde orillas muy distintas, sobre cómo debe manejarse la situación, que tiene implicaciones legales y políticas. La mayoría respalda el proceso con el que se busca subsanar las observaciones hechas por la Procuraduría, mientras otros dicen que el trámite iniciado en agosto de 2025 debe continuar y elegir contralor de la terna que ya fue escogida.

Total, esta es una ‘novela’ a la que le faltan muchos capítulos y no se sabe cuál será el final.

La elección del Contralor de Cali es fundamental para salvaguardar el patrimonio público, vigilando la gestión fiscal, la transparencia y el uso eficiente de los recursos por parte de la Alcaldía. Es el encargado de ejercer control posterior y selectivo, asegurando que los bienes públicos se destinen correctamente para el bienestar ciudadano, manteniendo autonomía técnica.

Actualmente Cali tiene una Contralora encargada, pero fue elegida por el propio alcalde Alejandro Eder, como lo dispone la ley. Sin embargo, algunos cabildantes no están tranquilos con esa determinación y sostienen que es una funcionaria de ‘bolsillo’ y que no está haciendo el control debido.

¿Qué fue lo que enredó el proceso de elección?

Uno de los primeros concejales que desde el año pasado propuso retrotraer el proceso fue Carlos Andrés Arias. En aquel momento su propuesta generó posturas diferentes entre los cabildantes y desde allí se comenzaron a ver diferencias. El ambiente en aquellas sesiones era tenso.

“Nosotros lo que hemos hecho es acoger las recomendaciones hechas en medio de un control de advertencias de la Procuraduría Delegada para Asuntos de Vigilancia Administrativa. Allí se evidenciaron unas dificultades o errores en el procedimiento, por lo que nos recomendó no votar la elección hasta que no se subsanaran. Como estos errores no se subsanaron, entonces mi posición siempre fue no votar”, explicó el concejal a El País.

“En consecuencia, lo que hoy está haciendo la mesa directiva del Concejo (Daniella Plaza, presidenta, Andrés Escobar, vicepresidente y María del Carmen Londoño, vicepresidenta, pero en desacuerdo con la decisión de los otros dos colegas) es retrotraer los efectos de esta resolución para poder sanear el proceso y volver a elegir una terna que cumpla con todos los requisitos de la Procuraduría y evitarnos a los concejales a futuro una investigación y posterior sanción”, señaló Arias.

Sobre los errores de procedimiento, el cabildante, quien es abogado especialista en derecho administrativo, dijo que el primero era incluir requisitos adicionales por fuera de la ley en la convocatoria. Por ejemplo, pedirles a los aspirantes un paz y salvo de que no tienen procesos o sanciones por demandas de alimentos. Ese es un requisito para posesionarse, pero no para presentarse a un concurso, como en este caso.

La segunda irregularidad, explica Arias, es la extralimitación de funciones por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuando resolvió reclamaciones de aspirantes, “porque esa es una competencia que no puede ser delegada”.

“El tercer error es que hubo una indebida delegación por parte de la mesa directiva del Concejo al permitir que la universidad recibiera reclamaciones y las resolviera, pues esa era una competencia propia de la mesa y, como eso no se corrigió o subsanó, es necesario volver a retrotraer los efectos”, dijo el cabildante del Partido de la U.

Otro de los puntos que encontró la Procuraduría es que hubo una omisión de la publicación del proyecto de convocatoria conforme al numeral 8 del artículo 8 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Este punto ya fue subsanado, pero quedan los otros tres pendientes.

“Lo ideal es que se hubiera hecho la corrección de los diferentes puntos en su momento, porque hubiéramos tenido una terna para diciembre y ya se hubiese elegido el Contralor, pero como se dilató el proceso, se venció el plazo en el que la universidad podía resolver y hoy el contrato con esta se encuentra terminado y liquidado. Entonces, es imposible retomar con la misma institución o hacer algún proceso diferente porque hay que volver a contratar”, dijo.

Una de las principales voces a favor de la continuidad del actual proceso es el concejal Roberto Ortiz, quien desde el año pasado ha manifestado que el alcalde Alejandro Eder está interviniendo en el mismo.

“Al Alcalde le digo que deje de meter sus narices en la elección del Contralor de Cali. Esto le compete al Concejo y aparentemente él se está saliendo con las suyas, porque el problema del año pasado se dio por interferencias de él. Eso todo el mundo lo sabe en Cali”, dijo el cabildante y añadió: “¿Cuál es el temor a que la ciudad elija un Contralor independiente?”.

Al preguntarle si tiene pruebas sobre la presunta interferencia de Eder en el proceso, Ortiz respondió: “Es simple deducción, ya que todo el proceso se venía cumpliendo el año pasado con normalidad y el problema explotó cuando salió la terna en la que ninguno de los candidatos que el Alcalde quería estaba allí. Desde ese momento todo el proceso ha sido dinamitado por parte de la Administración. No necesitamos tener la bola de cristal para darnos cuenta cómo Eder se peleó con sus amigos políticos porque ellos aparentemente lo traicionaron y no le metieron a nadie en la terna de Contralor”.

Roberto Ortiz pidió que “el proceso que venía en curso continúe, ya que ningún juez de la República o ninguna autoridad judicial me ha dicho que hubo irregularidades”.

Una posición diferente tiene el cabildante Juan Felipe Murgueitio, puesto que, para él, la mesa directiva tomó la determinación más acertada porque hay unas alertas de la Procuraduría que no fueron levantadas ni subsanadas.

“En absoluto he recibido presiones del Alcalde. La única presión que he sentido ha sido la de los concejales que han pedido que el proceso siga como estaba, a pesar de que la Procuraduría dijo que hay unos presuntos vicios de trámite”, sostuvo el cabildante.

“Nosotros no podemos pasar por alto que la Procuraduría ha hecho una acción preventiva y desconocerla sería desconocer la norma y podríamos incurrir en un delito. A mí me eligieron más de 14.000 caleños y mi única presión son los ciudadanos, no el Alcalde. Mientras haya dudas jurídicas en el proceso, no podré votar”, sentenció el concejal del partido Conservador Marlon Cubillos.

Otra es la visión de Rodrigo Salazar, del partido Alianza Verde: “Este proceso de elección de Contralor es el mismo que se ha adelantado en diferentes ciudades del país y en Cali se presentó la situación de retrotraer el procedimiento porque algunos concejales no asistieron a las plenarias. Eso deja entrever que han habido unas expresiones desde el Alcalde porque quería tener en la terna una persona que fuera de sus afectos. Este nuevo proceso podría desencadenar en la elección de un Contralor de ‘bolsillo’ que carecería de objetividad en las interventorías y auditorías de control fiscal en la ciudad”.

Para María del Carmen Londoño, del Pacto Histórico, es “ilegal la decisión que tomó la Presidenta del Concejo”.

Para ella, la no presentación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos por parte de alguno de los integrantes de la terna que aspiraba a ser elegido como Contralor de Cali “no genera un tropiezo para quien quiera participar del proceso. Es decir, que así no lo presente, cualquier colombiano podría participar si no tiene ese documento”.

Otra duda de la Cabildante es por qué si con base en un mismo documento se eligieron contralores de Palmira, Buenaventura y de la Asamblea del Valle, entre otros, a esas entidades no se les cuestionó, pero sí la elección del Contralor en Cali.

“Otro elemento que para mí es muy grave, es que el vicepresidente del Concejo, el señor Andrés Escobar, el año pasado colocó una tutela contra la mesa directiva de ese momento para revocar todo el proceso de elección de Contralor. Sin embargo, un juez de la República, en segunda instancia, ante la tutela que él instauró, le dice que ni aún teniendo mayorías del Concejo puede revocar este proceso. Solamente lo puede hacer a través de un fallo de un juez”, dijo la cabildante Londoño.

“Al volver a iniciar el proceso lo único que están generando es que, Dios no lo quiera, después se demande al Concejo por un presunto detrimento patrimonial porque ya se le pagó a una universidad para que adelantara todo el proceso, pero ahora se va a contratar otra para hacer el mismo proceso”, agregó.

Por su parte, Daniella Plaza, actual presidenta de la corporación, indicó que ninguna decisión que ha tomado la mesa directiva ha sido debajo de la puerta o sin socializar: “Hemos hecho esto con total y absoluta rigurosidad y transparencia”.

“Aquí el error es permanecer en él, pese a que estás viendo que hay una irregularidad. El error es no retrotraer y no corregir. Nosotros estamos aplicando esos principios derivados del Acuerdo Constitucional”, señaló la cabildante.

“Una cosa es la revocatoria en el acto administrativo, que implica dejarlo sin efectos de manera definitiva, y otra muy distinta es la subsanación o corrección de acciones del proceso. Son artículos totalmente diferentes”, agregó.

Para la cabildante, con la subsanación que se plantea hacer el proceso de elección de Contralor quedaría en aproximadamente un 20 % de avance, pero espera que a mitad de año ya se haya avanzado y la capital del Valle tenga un nuevo contralor para esas fechas.

Sobre la nueva universidad que evaluará a los aspirantes al cargo, la presidenta aseguró que habrá un proceso de selección y que aún no está definida.

“Hay una cortina de especulación y nosotros, desde la mesa directiva, no tenemos bajo ningún punto de vista una universidad definida. Ojalá se presenten instituciones de alta calidad de la región”, anotó.

Finalmente, Daniella Plaza aclaró que la terna seleccionada el año pasado podrá volver a postularse.