Cali cinco años después del estallido social: heridas abiertas y búsqueda de reconciliación

En 2024 el Observatorio de Paz de Cali le preguntó a 727 personas cuál había sido el suceso que le había dejado la herida más grande a la sociedad caleña. El listado incluía tragedias que marcaron generaciones enteras: la guerra entre carteles de los años 80 y 90, la explosión del 7 de agosto de 1956, el secuestro de los doce diputados del Valle (2002) o el asesinato de cinco jóvenes de Llanoverde (2020), entre otros.

Décadas de dolor acumulado, condensadas en una encuesta. Sin embargo, el resultado fue contundente: el 33 % de los consultados señaló el estallido social de 2021 como la mayor llaga colectiva, por encima de todo lo demás.

A días de cumplirse el quinto aniversario del 28 de abril de 2021, cuando las protestas iniciaron como rechazo a una reforma tributaria y se extendieron por casi tres meses, la ciudad sigue intentando entender qué pasó, qué cambió y, sobre todo, qué se está haciendo para que algo así no vuelva a ocurrir.

La respuesta no es única. Se mueve entre la institucionalidad, los procesos comunitarios que nacieron en medio de la crisis y las voces de quienes aún reclaman justicia.

Una política para recomponer el tejido social

El sondeo del Observatorio de Paz no fue solo un diagnóstico. Fue también el punto de partida de algo más concreto.

Nigeria Rentería, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, lo explica: “Nos dio luces para poder entender a la gente frente al tema de reconciliación. Con qué lo asociaba, cómo sentía que debería ser esa intervención”.

El resultado de ese ejercicio ciudadano se está materializando en una política pública de reconciliación para la paz que la Administración Distrital lleva ante el Concejo.

Según Rentería, esta comenzó a construirse desde 2022 con base en encuentros ciudadanos, mesas de trabajo y talleres participativos con juntas de acción comunal, cabildos indígenas, comunidades étnicas, organizaciones de mujeres, consejos de juventud, vendedores ambulantes, organizaciones ambientalistas, universidades, Fuerza Pública, organismos de derechos humanos y población migrante y en proceso de reintegración.

“Se trata de enlazar tanto a la institución y a la comunidad en un fin común, que es la transformación pacífica de conflictos a través de la reconciliación y la convivencia democrática”, explica la secretaria.

La política se estructura sobre tres ejes: la mediación de conflictos cotidianos, el fortalecimiento de la memoria y una pedagogía orientada a la desestigmatización, la reconciliación y la consolidación de estos procesos en la ciudad.

“Si sabemos qué ha sucedido en Cali como eje central, donde también han confluido diferentes regiones de Colombia, sobre todo el Pacífico, por el desplazamiento forzoso, eso ayudaría a que ese aprendizaje colectivo no se repita en este mismo tipo de violencia, sino que se canalice en otros”, argumenta.

La política no está aprobada aún. Está siendo presentada secretaría por secretaría ante el Concejo, y se espera que antes de que termine el primer semestre de 2026 se cierre la discusión. Pero ya hay elementos concretos funcionando: mediación en marchas, trabajo con las barras, articulación con Bienestar Social, Deporte, Educación, Participación Ciudadana y Seguridad y Justicia.

El horizonte es una planeación a diez años. “Sabemos que el tema de la reconciliación no se va a dar de un día para otro, pero es un proceso, una decisión colectiva”, señala Rentería, quien también recuerda que el Consejo Territorial de Paz se reactivó en 2025 y viene acompañando la construcción de la política.

La funcionaria es honesta sobre los desafíos y reconoce que “aún persisten como problema público las dinámicas de violencia en Cali, de conflictividad social, y hay mucha fractura en el tejido social”.

En ese sentido, insiste en que la apuesta es que esta política no sea “una letra muerta, sino construida desde la gente que día a día tiene unas dificultades en el territorio”.

Semillitas en Siloé

En Siloé, uno de los epicentros de las protestas, la Fundación Semillitas Somos Todos, que opera en el Centro Cultural Brisas de Mayo, nació en medio de la organización barrial. Su representante legal, Raquel Rodríguez, recuerda que todo empezó “haciendo ollas comunitarias para mi comuna, porque había mucha falta de alimento por la pandemia del covid”.

Con el paso de los días, la ayuda se estructuró en una “mesa solidaria” que distribuía alimentos a manifestantes y familias vulnerables. Cinco años después, ese esfuerzo se transformó en un espacio que atiende a 65 niños de entre 3 y 16 años.

“Ya prácticamente hemos creado un comedor con las uñas”, dice Rodríguez. “Les damos desayuno, almuerzo y un refrigerio”, añade.

El lugar también funciona como refugio. “Es un sitio seguro donde los niños que quedaban solos en casa después del colegio están cuidados, protegidos y aprendiendo actividades”, explica.

El espacio, que antes era húmedo y lleno de goteras, fue renovado gracias al apoyo de la Fundación Fanalca, Compromiso Valle y Ciudad Limpia, que lo dotaron con cocina, baño y mobiliario. Pero las cuatro mujeres que sostienen la fundación no reciben sueldo: operan principalmente con autogestión y apoyo esporádico. “A veces me siento abandonada por la institucionalidad”, reconoce.

A pesar de las dificultades, hay transformaciones que sus líderes destacan. Rodríguez lo dice con convicción: “Acabamos con la estigmatización que teníamos. La gente antes no quería venir a Siloé, creían que vivir aquí era malo; ni los propios artistas los traían aquí. No podíamos hablar de que vivíamos en Siloé porque no nos daban trabajo, no subía el taxi. Ahorita uno pide un carro y llega. Gracias a Dios todo ha cambiado, tenemos personas que quieren hacer la ruta de Siloé, quieren conocer La Estrella, quieren venir a apoyar ideas buenas”.

La Red Cultural Boicop

Otro proceso surgido de ese momento es la Red Cultural Boicop, que agrupa agrupa actores sociales y comunitarios que participaron activamente en el estallido: primeras líneas, colectivos culturales, artistas, artesanos, grafiteros, académicos y centros de pensamiento.

Juan Ortega, uno de sus integrantes, describe su agenda como la necesidad de “incidir políticamente en escenarios donde se nos escuche”.

En este tiempo, Boicop ha construido alianzas estratégicas con el gobierno nacional: con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, lo que dio como resultado una ruta biocultural popular de la COP 16 —“la primera de corte social y comunitario que participa en la cumbre de las partes a nivel mundial”, de acuerdo con Ortega—; con el Viceministerio para el Diálogo Social, para mesas que construyan cultura de paz desde las experiencias de las primeras líneas; y con el Ministerio de Minas y Energías, para el desarrollo de comunidades energéticas.

Sobre el balance general de estos cinco años, la posición de Boicop es matizada. “Nosotros creemos que después de cinco años del estallido social hay cambios. Fundamentalmente en la forma en que las clases y sectores populares de Cali y el suroccidente nos movilizamos, ya con la certeza de que la movilización es un camino seguro para la exigencia y la conquista de derechos”, dice Ortega. Pero advierten: “Las condiciones y las razones estructurales que generaron el estallido social persisten, porque la desigualdad persiste como modelo político.” Pero advierte que “las condiciones y las razones estructurales que generaron el estallido social persisten, porque la desigualdad persiste como modelo político”.

“Creemos que este gobierno, que ya va de salida, ha tratado y ha logrado parcialmente cerrar brechas de desigualdad”, añade y valora como logros la política de financiación de la educación superior y los cambios en materia de salario mínimo vital.

Tejer reconciliación desde lo colectivo

En 2021, Compromiso Valle, una iniciativa que conecta al sector empresarial y social en la región, activó un eje enfocado en la transformación de proyectos de vida, con una inversión de alrededor de $ 38.000 millones.

“Este eje se concentra en jóvenes en altísimos niveles de vulnerabilidad que están en ese gris entre la informalidad y la ilegalidad. A ellos se les apoya con herramientas psicosociales para que puedan tener un proyecto de vida”, explica María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, entidad articuladora de la iniciativa.

En cinco años, el programa ha atendido a más de siete mil personas y cerca de mil han logrado acceder a empleo.

“También hemos empezado a trabajar con fundaciones de base social en Cali y Buenaventura, donde hemos atendido a niños en niveles de riesgo importante”, agrega Ulloa.

Deuda con las víctimas

Cinco años después, la reconciliación también pasa por las voces de quienes perdieron a sus familiares durante las protestas.

Luis Eduardo López tenía 35 años, trabajaba como guarda de seguridad de la empresa Atlas en el Teatro Municipal y era, como lo recuerda su familia, “una persona alegre, trabajadora”, apasionado por las motos y dedicado a su hija. Tenía planes: quería ser escolta y comprar una casa para ella.

“Quería un futuro para su hija, por eso salió a marchar”, cuenta su hermana, Leidy Chica Solano. El 28 de mayo de 2021 fue asesinado de tres impactos de bala en el puente de La Luna, según la Fiscalía, por un miembro activo del CTI, quien fue linchado por los ciudadanos.

Desde entonces, Leidy ha sostenido la memoria como una forma de resistencia. Con otras mujeres en la misma situación construyó una puesta en escena: primero con la ayuda de un artista de teatro, luego ellas solas. Ha marchado, se ha capacitado en Derechos Humanos, terminó un técnico en conservación de recursos naturales y hoy trabaja como gestora territorial del programa Jóvenes en Paz.

Su insistencia tiene un propósito claro: “Que no se olviden nuestros muertos”. Porque, afirma, “aquí hubo una matanza en Cali y en otras ciudades. Son personas a las que les está tocando luchar para hacerse visibles, para que no se les olvide que les asesinaron a ese familiar que les hace falta, esa silla vacía que está en ese comedor en un diciembre, en un día especial”.

Aunque reconoce que han existido cambios sociales derivados de las protestas, para ella la deuda con las víctimas continúa. Su principal exigencia es “que nos reconozcan como víctimas, porque eso somos, víctimas del Estado”.

En ese vacío institucional, Leidy encontró apoyo en organizaciones. El Cinet, La Colcha y la Arquidiócesis de Cali, entre otras, acompañaron a las familias en los procesos de memoria, en talleres y en preparaciones para las exhumaciones del año pasado.