Tensión institucional; Gobierno no asistirá a debate de control político sobre emergencia económica convocado por el Congreso

Un nuevo choque entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República se evidenció en la antesala del debate de control político convocado para este lunes 29 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, en la plenaria del Senado.

La sesión fue programada con el objetivo de que los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro entregaran explicaciones sobre las motivaciones y alcances del decreto de emergencia económica y social expedido recientemente por el Ejecutivo.

No obstante, horas antes de la realización del debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó en entrevista con un medio de comunicación, que ninguno de los integrantes del gabinete asistirá a la sesión, la cual fue convocada bajo una modalidad mixta. Según explicó el funcionario, la decisión del Gobierno se sustenta en argumentos legales y procedimentales.

De acuerdo con Benedetti, aún no se han expedido los decretos reglamentarios derivados de la declaratoria de emergencia, por lo que, a juicio del Ejecutivo, el debate carecería de elementos completos para su análisis. Además, señaló que no se ha cumplido el plazo de cinco días que establece la ley para responder el cuestionario de 26 preguntas que el Congreso envió al Gobierno en el marco del control político.

Cabe destacar que, el ministro del Interior ya había anticipado esta postura en un video publicado en su cuenta de X, en el que cuestionó lo que calificó como la “ligereza” de algunos congresistas frente al análisis del decreto.

En sus declaraciones, Benedetti afirmó que el Congreso estaría actuando con premura y acusó a sectores del Legislativo de “salir corriendo” a defender intereses económicos.

“Sale el Congreso corriendo para hacerle un estudio a ese decreto. Pero como los tiempos no le dan, hacen un control político y hacen la situación mal hecha. Pero lo importante es cómo salen corriendo a defender a que a los ricos no les pongan impuestos”, expresó el ministro, quien también comparó esta actuación con el trámite que tuvo la reforma a la salud, la cual fue archivada por el Congreso.

Desde el Legislativo, la respuesta no se hizo esperar, pues el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, aseguró que el debate de control político se iniciará tal como fue programado, incluso si los ministros no asisten. No obstante, precisó que el Congreso respetará los plazos legales y que, una vez se cumplan los cinco días estipulados, se evaluarán nuevas acciones si persiste la inasistencia del Gobierno.

“Cuando se cumplan los cinco días, ellos deben ir al Congreso. Si después de esos cinco días son citados y no llegan, toca hacer uso de las herramientas que tenemos por ley”, afirmó.

En medio de este escenario, sectores de la oposición han planteado que, si el Gobierno no responde el cuestionario enviado por el Congreso, podría abrirse la puerta a una moción de censura contra el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, como responsable de la política económica del país.

Como era de esperarse, las reacciones políticas continuaron en redes sociales, y una de las más visibles fue la del senador Carlos Fernando Motoa, quien a través de su cuenta de X publicó un mensaje crítico contra el Gobierno nacional, en respuesta a las declaraciones del ministro Benedetti y a la decisión de no asistir al debate.

“Queda en evidencia la COBARDÍA del Gobierno Nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la ‘consulta 2.0’, el decretazo y una Reforma Pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político. No lo voy a permitir. Insistiré”, escribió el senador, aunque minutos después elimino su mensaje.

Este nuevo episodio pone de manifiesto las profundas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo frente al manejo del decreto de emergencia económica. Pues mientras el Gobierno insiste en que el debate debe realizarse una vez se cumplan los plazos legales y se expidan los decretos reglamentarios, el Congreso defiende su facultad constitucional de ejercer control político sobre las decisiones del Ejecutivo, incluso de manera inmediata, cuando se trata de medidas que tienen impacto directo en el país.