Sistemas de transporte masivo deberán instalar cámaras de vigilancia en buses, ratificó la Corte

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Sistemas de transporte masivo deberán instalar cámaras de vigilancia en buses, ratificó la Corte

Marzo 04, 2020 - 07:20 p. m. Por:
Redacción de El País
Cámaras de seguridad, MÍO, videovigilancia

Los buses de los sistemas de transporte masivo deberán contar con cámaras de seguridad, como lo indica el artículo 146 del Código de Policía

Archivo de El País

Los vehículos de los sistemas de transporte masivo del país deberán implementar cámaras de vigilancia, así lo ratificó la Corte Constitucional tras evaluar una demanda al parágrafo 2 del artículo 146 del Código de Policía.

En la mencionada norma, se indica que las "empresas públicas, privadas o mixtas que presten el servicio público de transporte masivo de pasajeros" deben instalar estos elementos de vigilancia, "so pena de incurrir en multa general tipo 4 e inmovilización del vehículo".

Al respecto, el alto tribunal resolvió que si bien las cámaras implican una "restricción leve" al derecho a la intimidad, "esta se encuentra justificada por la finalidad legítima que persigue", el cual es proteger la seguridad, el interés general y la garantía del orden público.

La Corte añadió que, por tanto, que se cumplen "los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional".

Sin embargo, especificó que el "la captación y almacenamiento de la información, imágenes y datos a través de las cámaras de vigilancia instaladas en los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte masivo, deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia de protección de datos personales".

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Limitaciones a artículos sobre sistemas de videovigilancia

La Corte Constitucional también se pronunció a raíz de una demanda en contra de varios artículos del Código de Policía sobre el uso de sistemas de videovigilancia en espacios públicos o semiprivados, entre ellos el 32 y el 237.

Los demandantes aseguraban que había una vulneración al derecho a la intimidad porque no se exigía orden judicial e implicaba "una recolección indiscriminada de datos sobre los ciudadanos", como explicó El Espectador.

Al respecto, el alto tribunal avaló el uso de los sistemas pero precisó que las autoridades deben manejar los datos captados siguiendo "los principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad y caducidad", es decir, que la recopilación de la información no se puede hacer de manera indiscriminada ni sin orden judicial.

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