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Sergio Fajardo, precandidato presidencial. | Foto: Colprensa

SERGIO FAJARDO

Sergio Fajardo fue acusado formalmente por la Fiscalía ante la Corte Suprema

La Fiscalía General acusó al exgobernador de Antioquia por presuntas irregularidades en contratos suscritos en 2013.

6 de diciembre de 2021 Por: Redacción de El País

La Fiscalía General acusó formalmente, ante la Corte Suprema, al precandidato presidencial Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato suscrito en 2013. 

Fajardo, quien participará en la consulta de la Coalición Centro Esperanza para elegir a un solo candidato presidencial por el centro político, fue acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.


Según indicó el ente investigador, la acusación se realizó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte por un contrato de sustitución de deuda entre el departamento de Antioquia, el el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y el Banco CorpBanca S.A. que se habría celebrado cuando Fajardo fue gobernador entre 2012 y 2015.

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De acuerdo con lo detallado por El Tiempo, el contrato fue suscrito el 5 de diciembre de 2013 y con este, al parecer, se busca otorgar un empréstito por 98 millones de dólares para la sustitución de una serie de deudas con otros bancos.

La investigación busca determinar porque, presuntamente, no se habrían realizado los estudios correspondientes para argumentar el porqué era necesario realizar la operación no en pesos colombianos, sino en la divisa estadounidense. 

Adicionalmente, el caso radica en que el contrato habría provocado un presunto detrimento fiscal debido a que, por el aumento del precio del dólar y la conversión, el acuerdo que inicialmente habría sido por US$77 millones de dólares, habría terminado costándole US$98 millones de dólares a la gobernación de Antioquia.

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Durante la audiencia celebrada este lunes ante la Sala de Primera Instancia, la Fiscalía señaló que los riesgos del mencionado préstamo no habrían tenido una evaluación razonada ni técnica.

Entre tanto, en medio de la diligencia la Corte reconoció como víctimas del caso a la contraloría General de la República, así como a la Gobernación de Antioquia.

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