Piden fiscal ad hoc para investigar presunta financiación ilegal de campaña presidencial de Duque

Para el Centro de estudios de derecho, juticia y sociedad (Dejusticia), el fiscal Francisco Barbosa estaría inmerso en un conflicto de intereses por su cercanía con el presidente Iván Duque, por lo que consideraron necesario que se debía nombrar un fiscal ad hoc, para que conozca de las investigaciones que se adelantan por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial.

“Argumentamos que la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente y el fiscal general configuran un conflicto de interés que recae sobre este último, y le pedimos a la Corte Suprema que nombrara a un fiscal ad hoc para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma”, señalaron en el documento.

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Sin embargo, el pedido de la organización se vio troncado por la oficina de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, que respondió a la solicitud diciendo que, según el Código de Procedimiento Penal, los impedimentos y recusaciones se predican únicamente a procesos en curso, y que estos trámites solo se pueden adelantar sobre el fiscal en concreto que lleve el proceso, y no sobre el fiscal general.

Lo que llama la atención es que el exfiscal Néstor Humberto Martínez se tuvo que apartar de la investigación de Odebrecht sin ser el titular del expediente, pues tenía a más de cinco fiscales conociendo del proceso como tal.

Tras la negativa del ente acusador, Dejusticia y Transparencia por Colombia se dirigieron nuevamente al fiscal para manifestarle la preocupación por las denuncias de presuntos delitos electorales, y solicitarle, otra vez, que se aparte de la investigación.

"En la carta que le enviamos, manifestamos que nos preocupa de forma particular la existencia de conflictos de interés, tanto potenciales como aparentes, en su cabeza y el impacto que estos podrían tener en las investigaciones penales que debe iniciar su institución próximamente”, señalan en el documento.

Reseñaron, además, que en la primer misiva no tuvieron en cuenta dos puntos. El primero, que no es cierto que los conflictos de interés se deban revelar solo en casos concretos, ni que los únicos mecanismos para tramitarlos sean los impedimentos y las recusaciones.

En palabras del Departamento Administrativo de la Función Pública, existe una situación de conflicto de interés “cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”.

El segundo punto es que, si bien los fiscales delegados tienen cierta autonomía, es el fiscal general quien tiene la facultad de nombrarlos o removerlos de su cargo.

Se espera entonces una respuesta por parte del fiscal general durante los próximos días.