Niños habrían sido utilizados para impedir operación contra la minería ilegal en el Nordeste de Antioquia

Indignación ha generado en buena parte de la opinión pública del departamento de Antioquia los hechos recientemente denunciados por parte de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional acerca de la instrumentalización que grupos armados que delinquen en el Nordeste del departamento estarían haciendo sobre la población.

El más reciente hecho se presentó en una zona limítrofe entre los municipios de Anorí y Amalfi, hasta donde miembros de la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Ejército llegaron para realizar operativos en contra de la minería ilegal.

Sin embargo, según denunció el coronel Gustavo José Gutiérrez Navarro, comandante de la Décima Cuarta Brigada, estructuras ilegales que operan en la zona como el frente 36 de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, utilizaron a varios pobladores, entre ellos menores de edad que se encontraban en una institución educativa entre las veredas Los Trozos y Los Toros, para impedir la incursión de las fuerzas del Estado.

“En el lugar se pudo evidenciar el daño irreversible que se le está haciendo al medio ambiente. Rechazamos que hayan colocado a estos niños como escudo para ellos seguir en el delito”, señaló el coronel Gutiérrez, quien además indicó que ya los hechos fueron puestos en conocimiento de las respectivas instituciones con el fin de velar por la seguridad de las comunidades de la región.

Este se trata del tercer caso que se conoce en menos de dos semanas en Antioquia en los que grupos armados se valdrían de las poblaciones para no permitir operativos y labores de control de las autoridades.

La situación más reciente la denunció la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca del departamento, donde miembros de las subestructuras Yeison Leudo Chaverra y Julio César Vargas, del Clan del Golfo, con influencia en varias zonas rurales, estarían incluso entregando armas a civiles para que enfrenten a las tropas del Ejército.

“Ellos se han visto inmersos a ser obligados por estas organizaciones a mandar los niños, niñas, adultos, mayores, mujeres, e inclusive que se vayan armados para poder realizar asonadas en contra de la fuerza pública”, denunció el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el brigadier Eduardo Arias.

A finales del mes de junio, en el municipio de Briceño, al Norte del departamento, campesinos del corregimiento Las Auras obligaron a miembros del Batallón de Artillería No. 4 a retirarse hacia el casco urbano de la localidad, al parecer intimidados con mensajes de texto enviados por parte de cabecillas de las disidencias de las Farc en la zona.

En otros hechos, si bien la situación no estuvo relacionada con grupos ilegales, también en la subregión Norte, en el municipio de Angostura, recientemente se conoció un comunicado firmado por representantes de las Juntas de Acción Comunal de seis veredas en las que expresaron su malestar frente al accionar del Ejército.

Los firmantes denunciaron arbitrariedades y excesos de la fuerza pública en requisas, acceso a viviendas y la instalación de un puesto de control cercano a una institución educativa rural que pone en peligro a los menores de edad que asisten al plantel.

“La presencia del Ejército Nacional entre nuestra comunidad nos genera riesgos a la seguridad, por lo que solicitamos que no ingrese nuevamente por la posibilidad de presentarse enfrentamientos entre grupos armados que puedan permanecer en la zona o busquen ingresar, dejando en la mitad de dichos enfrentamientos a la población civil”, se lee en la carta.

Si bien la Secretaría de Seguridad departamental en su balance semestral reveló que los homicidios han disminuido en un 16%, el panorama de cara a las elecciones de octubre no parece muy alentador.

La Misión de Observación Electoral (MOE), por ejemplo, detalló que ha recibido reporte de 23 hechos violentos contra liderazgos políticos, entre ellos 16 amenazas, seis asesinatos y un atentado.