Así funciona la licencia por cólicos menstruales para trabajadoras del sector público

Algunas entidades del sector público siguen avanzando en la implementación de uno de los artículos más llamativos de la reforma laboral.

Se trata de la licencia remunerada por cólicos menstruales incapacitantes, un derecho que podrán solicitar las mujeres trabajadoras siempre que cuenten con un certificado médico que respalde la condición.

Este beneficio ya empezó a implementarse en entidades públicas como RTVC. Su gerente, Holman Morris, firmó la resolución que permite a las mujeres que trabajan en el Sistema de Medios Públicos acceder a un día de permiso remunerado y dos días de trabajo en casa cuando presenten síntomas incapacitantes.

“En RTVC, el bienestar menstrual es un derecho. (…) Procedo a firmar la resolución 273 por la cual se implementa un día de permiso remunerado y dos días de trabajo en casa para mujeres y personas menstruantes, funcionarias públicas de RTVC”, indicó Morris.

Camila Manzanares, asesora de género de la entidad, agregó que esta medida abre una discusión necesaria: “Nos va a permitir también abrir un debate bien importante sobre las mujeres rurales, campesinas y de las periferias: cómo vamos a reconocer en ellas sus derechos menstruales. Es un paso histórico por la dignidad y la equidad en el trabajo”.

“Hoy damos otro paso decisivo: RTVC acaba de firmar el acto administrativo que crea la licencia menstrual y el trabajo en casa para todas sus funcionarias”, aseguró la representante María Fernanda Carrascal, quien destacó que otras entidades como el Dane, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda también han implementado la medida.

Según la reforma laboral, la licencia podrá reclamarse únicamente en caso de síntomas incapacitantes y cumpliendo los requisitos legales, entre ellos presentar la certificación médica correspondiente.

Otros temas

La reforma laboral incorporó además otras disposiciones de alto impacto social, especialmente en materia de inclusión. Una de las más relevantes es la obligación para las empresas privadas de cumplir una cuota mínima de contratación de personas con discapacidad, con el fin de derribar las barreras históricas que limitan su vinculación formal al mercado laboral. La norma está vigente desde el 25 de junio de 2025, con un primer año de implementación opcional, y será plenamente obligatoria a partir de junio de 2026.

Para la Fundación Saldarriaga Concha —referente nacional en temas de discapacidad—, aunque los derechos laborales de esta población están reconocidos desde hace décadas, su materialización ha sido limitada por barreras estructurales, físicas, tecnológicas y culturales, así como por prejuicios persistentes en los procesos de contratación.

La reforma también establece que, para que una persona sea contabilizada dentro de la cuota obligatoria, su discapacidad debe estar oficialmente acreditada. La ley exige contar con la Certificación Oficial de la Discapacidad, expedida conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Este requisito busca brindar seguridad jurídica tanto al empleador como al trabajador y estandarizar el reconocimiento de la discapacidad en todo el país.