Montajes y amenazas: desmantelan presunta red que operaba desde la Fiscalía para extorsionar a exnarcos

Un expediente judicial conocido por Semana reveló la presunta existencia de una red integrada por funcionarios de la Fiscalía y la Policía que, según la investigación, habría extorsionado a exnarcotraficantes y a sus familias mediante montajes procesales, interceptaciones irregulares y amenazas.

La investigación tomó fuerza luego de que el medio citado revelara indicios sobre la supuesta venta de expedientes en la dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía.

A partir de esos hallazgos, fueron capturadas ocho personas, entre ellas funcionarios del CTI, miembros de la Policía, un exinvestigador, un exintegrante del Inpec y un supuesto abogado.

¿Cómo operaba la red?

Según el expediente, la estructura habría centrado sus acciones en personas procesadas por lavado de activos, especialmente exnarcotraficantes que regresaron al país tras cumplir condenas en el exterior, así como familiares señalados de actuar como testaferros.

Durante los allanamientos, la Fiscalía encontró un documento manuscrito que detallaba, paso a paso, el libreto que los implicados debían recitar a las víctimas. El texto indicaba cómo presentarse como intermediarios ante la Fiscalía y cómo persuadir a los afectados de que existía una investigación avanzada que podría derivar en órdenes de captura.

El guion hallado en los operativos era, de acuerdo con el ente acusador, el primer paso de una estrategia diseñada para generar temor. Tras ese acercamiento inicial, vendrían seguimientos, toma de fotografías, llamadas e interceptaciones telefónicas, incluso a los abogados defensores.

La Fiscalía logró establecer que algunos funcionarios habrían elaborado informes de policía judicial con datos falsos para justificar solicitudes de interceptación. En esos documentos incluían números telefónicos de las víctimas y sus representantes legales, con el argumento de que era necesario monitorear sus comunicaciones.

Las sumas exigidas, según la investigación, podían alcanzar los $1.000 millones de pesos. Un supuesto emisario fijaba la tarifa y ofrecía mostrar parte del expediente como prueba de la supuesta investigación en curso.

Uno de los casos

Entre los afectados figura Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como alias Manicomio o el “piloto de la mafia”, quien afirmó que regresar a Colombia fue “el peor error” de su vida. En declaraciones a Semana, denunció haber sido víctima de presiones antes y después de cumplir una condena en Estados Unidos.

Según su testimonio, un hombre que se presentó como abogado le entregó una memoria USB con información del proceso, incluido un organigrama donde aparecían familiares suyos presuntamente vinculados. A cambio, en un hotel cercano al búnker de la Fiscalía en Bogotá, se habrían entregado $300 millones de pesos.

El mismo intermediario, que luego se convirtió en testigo de la Fiscalía, también entregó en una servilleta el número de radicado del proceso que, según dijo, contemplaba órdenes de captura pendientes.

De acuerdo con la Fiscalía, cuando los integrantes de la red supieron de la denuncia en su contra, buscaron recuperar la USB y ofrecieron devolver el dinero, además de prometer “favores” a los abogados.

Las indagaciones también señalan que un alto funcionario de lavado de activos en la Dijín acudió a la URI donde se radicó la denuncia para intentar conocer el contenido del caso. Al no obtener acceso, habría ingresado sin autorización al sistema de la Fiscalía para descargar el documento, hecho que se convirtió en un nuevo cargo penal.

Otro implicado, según testigos, habría ofrecido entre $50 y $100 millones de pesos a un asistente de fiscal para que “enredara” el proceso. Además, lo habría intimidado mencionando la existencia de una “oficina de sicarios” en el sector de San Andresito, en Bogotá.