Consejo de Estado revive prima especial para los congresistas; el alto tribunal suspendió decreto

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que derogó la prima especial para los congresistas, contenido en la Ley 4ª de 1992.

Allí se estableció que quienes se vincularan al servicio, a partir del 20 de julio del 2026 ya no recibirían esa prestación, sin embargo, este decreto fue objeto de una demanda de nulidad, de la que actualmente conoce la alta corte.

En ese proceso se formuló una solicitud de suspensión provisional, ante la probable afectación de derechos adquiridos por servidores de la justicia, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otros que comparten este mismo régimen salarial.

Frente a esto, la sala estableció que la norma demandada impone una dualidad en el tratamiento jurídico que reciben dos tipos de funcionarios, pese a ocupar los mismos cargos y ejercer las mismas funciones: uno para quienes se vincularon al servicio antes del 20 de julio del 2026, que pueden seguir gozando del pago de la prima, y otro para los vinculados a partir de esa fecha, que ya no recibirán esa misma prestación económica.

“La diferencia desconoce las garantías que la Ley 270 de 1996 reconoce a todos los servidores de la Rama Judicial. La ley establece que deben recibir una remuneración justa (artículo 157 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) y acorde con las funciones que desempeñan, así como con la dignidad y la jerarquía de su cargo (artículo 152, numeral 7, de la misma ley)”, explicó el Consejo de Estado en su comunicado.

Además, añadieron que esta situación va en contra del principio constitucional de que a igual trabajo, corresponde igual salario (artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política).

Por estas razones, la sala de conjueces que resolvió esta medida cautelar encontró que se reúnen las condiciones fijadas por el artículo 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para decretar la suspensión provisional de acto administrativo demando.

Esta prima especial, que se esperaba eliminar, implica un pago de unos $18 millones mensuales para cada uno de los congresistas, por parte del Estado. Eliminando esta prestación, el gobierno saliente esperaba ahorrarse unos $60.000 millones anuales.

Sin esta prima, los congresistas recibirían, desde este 20 de julio, un salario promedio de $36 millones. Ahora que revive el pago, provisionalmente, estos volverán a ganar más de $50 millones al mes.