Contraloría investiga presunto detrimento en proyecto de arrecifes coralinos en San Andrés, tras reclamo de De La Espriella

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un posible detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones relacionado con un proyecto de recuperación de arrecifes coralinos en San Andrés por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo en el archipiélago.

De acuerdo con la institución, la investigación se dio por un contrato celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa, con recursos financiados por el Fondo Nacional Ambiental.

Respecto al caso, que permite inferir la existencia de un daño patrimonial, la Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales a varios servidores y exservidores públicos que participaron en la planeación, supervisión, ejecución, control del contrato y liquidación, así como al representante legal de la entidad, contratista vinculada al desarrollo del proyecto.

El caso salió a relucir en medio de los cuestionamientos del presidente Abelardo de La Espriella a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, durante su reciente visita al archipiélago.

“Estoy enterado de los negocios de su marido —miró y señaló con su dedo a la representante—, estoy enterado de Coralina (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago), de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”, dijo el presidente durante su visita a la isla.

Durante el intenso intercambio de palabras, el dirigente anunció nuevas medidas para contrarrestar la corrupción que se estaría presentando en la isla.

En ese sentido, el gobierno nacional solicitó la intervención de organismos judiciales y de control, ante presuntos hechos de corrupción en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Así lo reveló la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, que tras su llegada al gobierno hizo un llamado a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía al advertir “presuntos entramados de corrupción que estarían saqueando los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Tras una visita realizada a la isla, la exmagistrada explicó que el gobierno identificó un entramado de corrupción “silencioso” denominado “la cooptación de la contratación pública”.

En sus declaraciones, explicó que este entramado ilegal inicia cuando un grupo reducido de contratistas recurrentes se apropia de los contratos regionales mediante procesos diseñados a la medida, de oferente único y obras que se adjudican varias veces a los mismos nombres sin control alguno en la región.

Posteriormente, estos actores financian campañas políticas para apoderarse de las gobernaciones y alcaldías para decidir qué se contrata, con quién y por cuánto dinero. Luego, el círculo de corrupción se cierra con la captura de los organismos de control locales para evitar investigaciones y vigilancia a los recursos, señaló Lombana.

*Con información de Colprensa.