Crecen las sospechas de montaje tras la denuncia de complot contra el presidente Petro

Más dudas que certezas las que dejó la supuesta denuncia de un presunto complot contra el presidente Gustavo Petro, que llegó en octubre del año pasado a Casa de Nariño.

Surgió por un correo anónimo que bastó para que el gobierno retirara de la Policía Nacional a dos oficiales con más de 30 años de carrera: el brigadier general Edwin Urrego Pedraza, el último comandante de la Policía Metropolitana de Cali, y el coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave.

El primero acumulaba 217 felicitaciones y 62 condecoraciones. El segundo comandaba el Distrito Riomar de Barranquilla, y también había construido una carrera sin manchas.Nadie los llamó a declarar.

Nadie les presentó pruebas. “En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro Armando Benedetti por parte del teniente coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, en el cual con políticos de derecha como Char vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables”. Se leía en ese correo que llegó concretamente el 27 de octubre de 2025, a las 3:20 de la tarde, al portal anticorrupción Paco de la Secretaría de Transparencia, según El Tiempo.

De ahí, el mensaje fue trasladado a la jefatura de protección presidencial, que lo puso en manos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La DNI elaboró un informe, lo remitió directamente al presidente y algunos de sus contenidos fueron expuestos en un Consejo de ministros.

Un informe que, según lo que se ha venido revelando en los últimos días, está plagado de irregularidades.En primer lugar, aunque la DNI le da plena credibilidad a la autenticidad del mensaje, no anexa ninguna verificación plena de los hechos.

En segundo lugar, el documento solo relaciona cuatro procesos pasados en los que el oficial fue denunciado o mencionado, pero ninguno derivó en investigación formal.

Y por último, una de las supuestas fuentes tiene como correo de contacto el del abogado José Fernando Picalúa Ochoa, veedor de la zona de Puerto Colombia en Atlántico, quien denunció ante la Fiscalía haber sido suplantado y se dio cuenta cuando lo llamaron a ampliar versión de unos hechos que dice desconocer.

“Respetado señor investigador: adjunto escrito remitido a la Fiscalía en donde se aclara que no he interpuesto ni noticia criminal ni mucho menos queja dentro del radicado de referencia. Desconozco su contenido, a través de fuente anónima, utilizando fraudulentamente mi correo electrónico como medio de notificación, lo que quiere decir que ambas actuaciones son espurias”, señaló el abogado en un correo enviado a la Fiscalía y citado por El Tiempo.

Y lo que terminaría de confirmar las dudas son las voces que desde el propio Gobierno ya dan visos de un montaje basado en anónimos y acusaciones presuntamente falsas.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ha revelado que no tuvo intervención directa en el trámite del anónimo; que el correo anticorrupción funciona únicamente como canal de recepción; que conoció el caso solo cuando fue publicado por los medios, y lo más grave: que existieron “voces” que pidieron la salida del general Urrego de la Policía Nacional.

“¿Cómo es posible que un anónimo del mes de octubre termine saliendo a esas alturas del partido? No concuerda que un anónimo termine expulsando a un general de la República, diciendo que había una suerte de entrampamiento en una visita a Washington que, para la fecha de octubre, ni siquiera estaba avisorada", expresó Idárraga en entrevista con Caracol Radio.

Entonces la pregunta que queda es inevitable: si el informe está plagado de irregularidades, ¿quién armó esto y por qué? Sobre esa pregunta se han construido tres hipótesis que circulan, pero que ninguna ha sido probada.

La primera tiene que ver con una retaliación política por el allanamiento ordenado el 11 de noviembre de 2025, por la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ubicada en el sector Lagos del Caujaral, entre Barranquilla y Puerto Colombia.

El operativo incluyó unidades del CTI de la Fiscalía y apoyo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuyo comandante era precisamente el general Urrego.

Días después el oficial fue trasladado a Cali. Benedetti, por su parte, negó cualquier intervención en la salida del general.

La segunda hipótesis de la que se habla es que mientras Urrego estuvo al mando de Barranquilla puso freno a la corrupción y golpeó al crimen organizado, hasta el punto de reducir las tasas de homicidio.

Lo mismo pasó con el coronel Moreno Arroyave que se centró en denuncias por el despojo de tierras en Puerto Colombia.

Eso habría generado la salida de varios uniformados y habría tocado nombres que antes no se mencionaban por lo que todo se trataría de una retaliación. Hace algunos meses ya se habrían presentado falsas denuncias.

Por último, Caracol Radio reveló el nombre del mayor en retiro César Ortiz, salpicado en casos de contrabando y narcotráfico, quien pese a esos señalamientos llegó a trabajar en la DNI a mediados de 2025.

El dato clave es que fue el propio general Urrego, cuando dirigía la DIJIN, quien recibió la información sobre los presuntos vínculos de Ortiz con la red de ‘Papá Pitufo’ y firmó su llamamiento a calificar servicios.

Según fuentes consultadas por el mismo medio, durante su paso por la DNI Ortiz realizó menciones específicas sobre el general que lo había sacado y tenía interés particular en asuntos relacionados con la Policía.Aún queda mucho por investigar.

Por ahora, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Defensa tienen un responsable con nombre propio. La única certeza es que dos oficiales con más de 30 años de carrera están a la espera de poder limpiar su nombre, como lo han hecho publicamente desde que estalló el escandalo.