Ministerio de Educación lanza críticas contra informe de la Contraloría sobre sostenibilidad financiera en universidades públicas

Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que en el país 33 de las 34 universidades públicas no son autosostenibles, debido a que el 97 % no tiene la capacidad para financiarse con recursos propios porque dependen directamente de las transferencias del Estado colombiano.

En ese sentido, el ente de control advierte que en esta ocasión existe un déficit que afecta la viabilidad financiera del sistema y la autonomía de las almas mater estatales.

En respuesta a esta advertencia, el Ministerio de Educación admitió que el sistema en la actualidad se encuentra en crisis y que es insostenible el modelo que se está manejando. Sin embargo, a diferencia de la Contraloría, afirmó que lo anterior hace parte de un problema estructural a raíz de la Ley 30 de 1992, que amarró los aportes universitarios al IPC.

La cartera dirigida por el ministro Daniel Rojas considera que cada universidad pública no está concebida para ser autosostenible, sino para que de garantías de un derecho fundamental financiado por el Estado. Según el Ministerio de Educación, lo anterior está respaldado en dos sentencias de la Corte Constitucional: C-376 de 2010 y T-068 de 2012.

Una de las advertencias de la Contraloría en su informe es que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se mantiene económicamente con sus propios recursos, mientras que otras instituciones como la Universidad de Sucrepierden más de dos pesos por cada peso recibido del Gobierno.

Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia, según el diagnóstico del ente de control, tiene el mayor déficit acumulado en $764.220 millones. Asimismo, advierte que la autonomía universitaria puede verse afectada por depender financieramente del Estado.

El Ministerio de Educación sostiene que los ingresos por matrículas a lo largo de la historia se han convertido en un complemento y que la gratuidad universitaria ha traído beneficios a más de 900.000 estudiantes, lo que ha reducido la presión financiera sobre las universidades.

Respecto a la inversión en universidades públicas, la cartera resalta que las universidades públicas entre 2023 y 2026 han recibido $15 billones, lo que sería el mayor incremento real en más de una década.

Otra contradicción de la entidad del Gobierno es que admite que las obligaciones son de largo plazo y representan menos del 1 % del gasto pensional nacional, ya que la Contraloría advierte sobre riesgos financieros.

Finalmente, aunque el Ministerio de Educación y la Contraloría coinciden en que se debe reformar el modelo financiero y garantizar sostenibilidad, equidad y fortalecimiento del sistema público, ambas difieren en el enfoque. El primero se enfoca en las reformas estructurales que ya se están implementando, mientras que el segundo es sobre el actual estado de las finanzas.