Universidades privadas en alerta: impuesto millonario por parte del Gobierno Nacional amenaza su estabilidad

El nuevo impuesto al patrimonio creado por el Gobierno colombiano preocupa seriamente a las universidades privadas, son alrededor de más de 100 instituciones deberán pagar entre COP 300 millones y COP 23.000 millones antes del 1 de abril, una carga que podría desestabilizar sus finanzas y que ya genera advertencias de acciones legales.

De acuerdo con el Decreto 0173 de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica por desastres climáticos, introdujo un gravamen al patrimonio que incluye a las universidades privadas.

Aunque el Gobierno lo justifica como una medida extraordinaria para recaudar recursos, las instituciones educativas cuestionan que no hubo concertación previa y que se les está tratando como empresas con ánimo de lucro, pese a que su naturaleza es distinta.

Por su parte, Harold Castilla, rector de la Universidad Minuto de Dios y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), mencionó que esta cuestionable decisión los tomó por sorpresa y que “no somos empresas ni damos utilidades”.

La magnitud del impuesto varía según el patrimonio de cada institución: algunas deberán pagar cifras cercanas a los COP 300 millones, mientras que otras, con mayor tamaño y activos, enfrentarán obligaciones de hasta COP 23.000 millones.

Dentro de ese rango se evidencia la disparidad en el impacto, pero en todos los casos supone un ajuste presupuestal significativo. Las universidades advierten que la medida podría obligarlas a recortar programas, limitar becas o incluso aumentar matrículas, afectando directamente a los estudiantes.

El malestar se extiende debido a que las universidades privadas cumplen un papel esencial en la cobertura de la educación superior en Colombia. Además de representar una alternativa para miles de jóvenes que no acceden a instituciones públicas y, en muchos casos, sostienen programas sociales y comunitarios.

La imposición de un tributo de esta magnitud, sin distinción de su carácter educativo, amenaza con debilitar esa función. ASCUN y varios rectores han señalado que, de mantenerse la medida, acudirán a la Corte Constitucional para buscar su derogación, argumentando que se vulnera el principio de autonomía universitaria y se desconoce la naturaleza sin ánimo de lucro de estas instituciones.

Por otro lado, desde ASCU, tomaron acción al respecto del decreto y en un documento de 36 páginas, presentado por Oscar Domínguez Gonzáles, director ejecutivo de ASCUN, planteó argumentos por los que consideran que el Decreto 0173 de 2026 debería ser suspendido de manera provisional ante el despacho de la magistrada de la Corte Constitucional Lina Marcela Escobar

“Al menos en cuanto hace a la aplicación del impuesto al patrimonio a las personas jurídicas sin ánimo de lucro calificadas como sujetos del régimen tributario especial“, al tiempo que pide que se declare como inconstitucional.