Mina ‘La Mandinga’ tiene licencia otorgada por el Gobierno; mineros se defienden

*Por Andrés Felipe Suárez

El gobierno del presidente, Gustavo Petro, entregó los documentos legales de explotación y de autorización ambiental a la mina de oro ubicada en Caucasia, Antioquia, llamada ‘La Mandinga’, que con el paso del tiempo se ha extendido hasta ingresar a parte de los terrenos de una base militar.

La revelación de lo ocurrido con esa mina fue dada a conocer por el diario The New York Times, que mostró el avance de los mineros sobre los terrenos del batallón de infantería No. 31 Rifles y el daño ambiental.

El título minero de ‘La Mandinga’ lo entregó el Gobierno. Junto a su gabinete, el Presidente se trasladó hasta el municipio de Caucasia el 11 de abril del 2024, bajo la denominada “asamblea popular por la paz y para la vida”.

En este encuentro, el mandatario, la Agencia Nacional Minera y su entonces ministro de Energía, Andrés Camacho, entregaron títulos legales a pequeños mineros.

El propósito era otorgar entre 10 mil a 15 mil títulos de explotación a pequeños mineros para que su labor fuera legal “y que pueda generar el oro no un empobrecimiento de la tierra, de la gente y del agua y un derrame de sangre, sino que el oro pueda ser la base real de la construcción de una prosperidad”.

Entre los títulos mineros entregados en ese encuentro público al que asistió el Presidente, estuvo el que le otorgó personalmente a Hermelina Isabel Cardozo Calle, un nombre que por sí solo no dice mucho, de no ser porque es la representante legal del terreno conocido como ‘La Mandinga’.

La Agencia Nacional Minera firmó el contrato con Cardozo para la explotación legal de oro, plata, platino y sus derivados por espacio de 30 años.

Fechado el día del encuentro con Petro y con registro Minero Nacional otorgado seis días después, se dio vía legal para la explotación de esta área de 158.5082 hectáreas, que dos años después sobrepasó sus propios límites y extendió su actividad extractiva hasta los predios de la base militar.

Durante la entrega del título minero, el Presidente señaló que la intención del Gobierno era la de apoyar a los mineros y no perseguirlos criminalmente, como ocurrió en otras administraciones.

“El Estado sólo miró la gran minería; el pequeño minero quedó en el olvido e incluso se convirtió en un ser perseguido por el Estado; a partir de esa ley -porque fue aprobada como tal y es el actual Código Minero-, se convirtió el pequeño minero en un criminal, así fue perseguido, se le bautizó con el nombre de ilegal y poco a poco la ilegalidad misma fue tomando dominio sobre una actividad que fue incluso ancestral, de antes de los españoles. Nosotros queremos transformar eso, el resultado hoy del Código Minero de Andrés Pastrana”, señaló Petro.

No obstante, dos años después de la entrega no se detuvo la violencia y existen interrogantes sobre el tipo de extracción que allí se practica y los daños ambientales que están a la vista de todos.

Denuncias sin resultados y apoyos del Gobierno

Desde el Ejército se aceptó la presencia de más de 2.300 mineros ilegales en esta mina que se ha extendido hasta los predios de la base militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, ubicada en el departamento de Antioquia.

No solo señalaron que están trabajando en un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas, sino que sostienen que están ocupando terrenos colindantes a la base militar para “adelantar explotación ilícita de yacimientos mineros sin ningún título ni amparo legal, causando un deterioro ambiental severo e irreversible en la región”.

Incluso, señalaron que se han denunciado desde el año 2022 ante la Fiscalía y la Procuraduría los graves daños de la minería ilegal en estos terrenos y hasta se han hecho más de 20 intervenciones. No obstante, estas acciones han generado reacciones violentas por parte de quienes se benefician, incluyendo bloqueos en la vía Troncal.

La mina ‘La Mandinga’ (placa ODH-08201) cuenta con licencia ambiental temporal otorgada en el 2022 por Corantioquia y renovada posteriormente para la explotación de oro y plata. Esto, porque cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales, uno de los más importantes es tener el documento que el Gobierno les entregó.

“Es fundamental precisar que para que exista una licencia ambiental, primero debe existir un título minero o un mecanismo de legalización de la actividad debidamente otorgado. Solo a partir de ello, la autoridad ambiental puede evaluar el estudio de impacto ambiental y decidir sobre la viabilidad del proyecto”, explicaron.

Las duas sobre la mina: los mineros responden

Frente a las versiones de que la mina está en una zona dominada por el Clan del Golfo y que eventualmente ese grupo ilegal sacaría algún tipo de beneficio de la extracción que se hace allí, Juan Sebastián Castro, vocero de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba, le dijo esta semana a Caracol Radio que como mineros que operan en esas áreas no tienen ningún tipo de vinculación con grupos armados ilegales.

“Nosotros no tenemos ningún grupo al margen de la ley, no tenemos ningún cartel, no tenemos ninguna negociación con ninguna banda criminal. Nosotros simplemente somos mineros informales que estamos buscando la formalización”, afirmó Castro, que admitió que en efecto en la zona opera el Clan del Golfo, de quien dijo ejerce la veces de autoridad, dado que el Estado no llega.

Frente al tipo de maquinaria que se evidenció en la revelación hecha por el diario estadounidense aseguró que es propiedad de los mismos mineros, comprada con sus propios recursos, al tiempo que dijo que son ellos quienes comercializan el oro que extraen, a través de casas legales ubicadas en la región.

“Le vendemos directamente las compras de oro acá de Caucasia, Cáceres, Zaragoza; cuentan con toda su papelería, tienen equipo con exportadoras. Ahí sí le tocaría al Gobierno Nacional hacer una revisión más profunda, porque nosotros lo único que hacemos es la extracción y la venta”, afirmó.