Las irregularidades en la gestión de EPM que reveló un informe de la Superservicios

Pese a que de forma reiterada el alcalde Daniel Quintero ha dicho que durante su gobierno EPM recuperó el rumbo y ha obtenido resultados positivos en sus frentes, un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rajó a la empresa en varios campos durante su gestión en 2020 y en lo que va en 2021.

La Superintendencia presentó varios hallazgos en el informe de evaluación integral a la compañía, según los cuales presenta falencias relacionadas con gobierno corporativo y en la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible.

En este campo detectó incumplimientos en algunos indicadores de calidad en los servicios, presuntas irregularidades en la instalación y cobro de medidores de agua y deficiencias en la estructuración de los planes de emergencia y contingencia, entre otros.

La entidad también alerta sobre los riesgos que traería cualquier retraso en las obras de Hidroituango para su entrada en operación en el tiempo estipulado.

Sin embargo, el hallazgo más importante evidenciado en el informe es que EPM distribuyó, desde 2016, el 55% de los excedentes financieros anuales, cuando, por regla general, esta cifra no debía sobrepasar el 30%.

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La Superservicios estableció que dichas distribuciones adicionales han contado con autorización del Concejo de Medellín, según lo analizado en los estatutos y el Convenio Marco de Relaciones entre la compañía y el Municipio.

El incumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el Municipio de Medellín, indicó la Superintendencia, afecta la calificación crediticia y el acceso a ciertos productos financieros, como seguros y nuevos créditos, tal como lo reflejan los comentarios de las firmas calificadoras de riesgo. De otra parte, se identificó que, en ocasiones, la vinculación del personal no se ciñó a los procedimientos internos de la empresa.

Asimismo, el informe hace hincapié en que el debilitamiento del gobierno corporativo ha afectado la imagen de la empresa y la confianza del mercado en la misma, pese a que algunas calificadoras no han modificado su postura favorable sobre la compañía.

Para la Super, la disminución de la calificación de riesgo puede generar un encarecimiento de la deuda para EPM y, por ende, dificultades para atender los diferentes compromisos asumidos.

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La evaluación integral a EPM comenzó en marzo de este año y tuvo lugar hasta agosto, periodo durante el cual se estudió la gestión de la empresa en 2020 y lo corrido de 2021. Para ello, fueron examinados 21 temas institucionales, financieros administrativos, comerciales, técnicos y de operación de los servicios que presta la compañía. Los hallazgos fueron enviados a EPM para que hiciera observaciones y estas fueron tenidas en cuenta para consolidar el informe final.

“Realizamos visitas técnicas, mesas virtuales de trabajo con la empresa y análisis de la información suministrada. Evidenciamos que el prestador contraviene algunos lineamientos de su gobierno corporativo en su relación con el Municipio de Medellín. Igualmente, encontramos incumplimientos a la regulación en aspectos relacionados con instalación y cobro de medidores en el servicio de acueducto, indicadores de calidad en los servicios de energía y de acueducto, y fallas en los reportes del servicio de gas a nuestro Sistema Único de Información, entre otros. Todos estos hallazgos deben ser corregidos por la empresa y serán objeto de seguimiento por parte de la superintendencia”, manifestó la superintendente Natasha Avendaño García.

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Justamente, entre los otros hallazgos están presuntas fallas relacionadas con los servicios de acueducto y alcantarillado, pues, en algunos casos, EPM habría contravenido normas sobre el retiro, revisión, reposición y cobro de medidores establecidas en la normativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Esto se basa en que, según la observación de la Superservicios, algunos medidores fueron cobrados por adelantado en la factura de los usuarios, otros fueron cobrados pero no suministrados y, en otros casos, no se revisó en laboratorio, de forma adecuada, el estado de los medidores retirados para determinar si debían ser reemplazados.

“Al examinar algunos trámites, no se encontraron soportes sobre la gestión realizada ante los usuarios para el retiro de medidores y calibración de los instalados, entre otros aspectos técnicos. Adicionalmente, se estaría limitando a los suscriptores el derecho a escoger libremente al proveedor del medidor”, indica el informe.

Además, se estableció que la empresa suministró agua no apta para consumo humano en los municipios de Envigado (con incumplimiento de cloro residual en diciembre de 2019), Girardota (con la presencia de coliformes totales en julio de 2019) y Sabaneta y Barbosa (con el incremento de color y turbiedad en agosto de 2019 y febrero de 2020, respectivamente).