JEP adelanta audiencia de reparación por falso positivo en oriente antioqueño; víctima y victimario terminaron abrazados

Entre el 25 y el 26 de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizó la audiencia de consolidación de verdad y definición de medidas de reparación para 31 comparecientes de la Fuerza Pública implicados en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el oriente antioqueño.

En la diligencia del primer día participaron exintegrantes de las Fuerzas Militares vinculados a nueve hechos registrados entre 2002 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada (Antioquia), que dejaron 19 víctimas. Para ese entonces, los comparecientes hacían parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez.

Uno de los casos más relevantes corresponde al 20 de mayo de 2004, en la vereda Santa Bárbara de San Luis, donde tres campesinos —Jairo García, Gildardo Salazar y Blanca Olivia Gómez— fueron asesinados y posteriormente reportados como bajas en combate.

Durante la audiencia, Ely de Jesús López explicó que la operación se realizó con base en información suministrada por un informante, sin verificación previa. Señaló además que el subteniente Rosero lideraba los desplazamientos al terreno y que las indicaciones de los guías se acataban sin cuestionamientos.

En la misma línea, Andrés Mauricio Rosero Bravo reconoció que contaban con “guías de terreno” que señalaban a supuestos integrantes o colaboradores de grupos armados, sin considerar aspectos básicos como la edad o condición de las víctimas, como ocurrió en el caso de Blanca Olivia Gómez, una mujer mayor.

Por estos hechos, diez comparecientes, entre ellos Ely de Jesús López Giraldo y Édgar de Jesús Sánchez Restrepo, aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio y desaparición forzada de los campesinos mencionados.

Uno de los momentos más significativos de la audiencia se produjo cuando Édgar Sánchez, de rodillas, pidió perdón a Marino Antonio Mazo Gómez, hijo de Blanca Olivia Gómez. “Espero que algún día pueda perdonarme por haberle quitado la vida a su madre. Este caso transformó mi vida y no quisiera que nadie más tenga que vivir algo así”, expresó.

Durante su intervención, Mazo Gómez recordó que su madre había quedado viuda tras el asesinato de su padre por otro grupo armado, y subrayó que su historia representa la de miles de víctimas de este fenómeno, que afectó gravemente la imagen de la fuerza pública.

El segundo caso abordado ocurrió el 3 de junio de 2004 en la vereda Los Mangos, en Cocorná, donde fue asesinado el campesino Germán Darío Hernández Galeano, tras ser señalado falsamente como integrante de un grupo armado.

Tulio Hernández Galeano, hermano de la víctima, relató que escuchó cómo los responsables introdujeron un arma en la escena para simular un combate y justificar el homicidio.

Al respecto, el compareciente Ubiel de Jesús Ramírez expresó su arrepentimiento, reconoció el daño causado y pidió perdón a la familia, destacando que la víctima era un campesino humilde.

El tercer hecho se registró el 7 de agosto de 2004 en la vereda El Molino, también en Cocorná, donde fueron asesinados Javier de Jesús Castaño Giraldo y Jhon Jairo Quintero Vergara, igualmente presentados como bajas en combate.

En este caso, además de los homicidios, se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la agresión sexual a una mujer frente a menores de edad. Durante años, los familiares creyeron que los responsables eran grupos paramilitares.

Sin embargo, uno de los comparecientes admitió que en varias operaciones se hicieron pasar por integrantes de autodefensas. También reconoció que una de las víctimas fue retenida y atada a un árbol antes de ser asesinada.

Segundo día de audiencia

En el segundo día de audiencia, los comparecientes convocados pertenecían al Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez” (Bajes). Estos no fueron seleccionados como máximos responsables, dado que su participación se circunscribe a nueve hechos ocurridos entre 2003 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada, Antioquia, los cuales dejaron un total de 19 víctimas.

La audiencia pública hace parte de la #RutaNoSancionatoria y tiene como propósito consolidar los aportes de verdad de los comparecientes, escuchar su reconocimiento de responsabilidad y conocer sus propuestas de medidas orientadas a la reparación y dignificación de las víctimas.

Uno de los hechos abordados durante la audiencia, presidida por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, tuvo lugar el 6 de septiembre de 2003 en la vereda El Jordán, municipio de Cocorná, Antioquia. En este caso, integrantes del Bajes asesinaron a Pedro Antonio Marulanda, Jhon Darío Giraldo Quintero y Cristian de Jesús Aizález, a quienes posteriormente presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combate.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, miembros de la batería “Bombarda 4”, bajo el mando de Andrés Mauricio Rosero Bravo, llegaron a la vereda guiados por una mujer conocida como ‘La Pacho’, quien señaló a las víctimas como presuntos milicianos de grupos insurgentes. Las tres personas fueron retenidas e interrogadas y, según lo manifestado por algunos comparecientes, habrían suministrado información sobre la ubicación de caletas.

Tras estos hechos, los integrantes de “Bombarda 4” se reunieron nuevamente en un mismo lugar, manteniendo retenidas a las víctimas. En ese momento, planificaron su asesinato y la forma en que serían presentadas como bajas en combate. Según relató la magistrada auxiliar Ángela Galvis, Rosero Bravo se trasladó a Cocorná para conseguir armas y estableció contacto con integrantes de grupos paramilitares, quienes le entregaron un fusil.

De acuerdo con la información recopilada por el despacho del magistrado Suárez, el teniente Rosero Bravo autorizó a los paramilitares para interrogar a las víctimas como contraprestación por el arma recibida. Posteriormente, impartió la orden de asesinarlas.

Durante la audiencia, el magistrado interrogó a los comparecientes sobre el origen de las armas que fueron implantadas a las víctimas. Al respecto, Rosero Bravo afirmó: “Las armas las conseguimos con el comandante de los paramilitares en El Santuario. Me dijo que me daba un fusil AK-47”.

Por su parte, el compareciente Édgar de Jesús Sánchez Restrepo relató la participación de los paramilitares en los interrogatorios y actos de tortura contra Cristian de Jesús Aizález: “Bajó un paramilitar, alias ‘Alex’, y otro alias ‘Matute’. Golpearon a Cristian para sacarle información”.

Los comparecientes involucrados en este hecho intervinieron ante las víctimas y sus familiares, entre ellos Sol Beatriz Aizález, prima de Cristian; así como Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo Marín, madre e hija de Jhon Darío Giraldo.

En un acto de reconocimiento, el compareciente Diego Londoño Rojas expresó: “Estoy aquí frente a ustedes con vergüenza y arrepentimiento por los horrores que cometí en el pelotón Bombarda (…). Quiero pedirles perdón, aunque sé que no lo merecemos. No hay un solo día en mi vida en el que no me arrepienta de lo que hice; me atormenta pensar en el dolor que les causé”.

Tras sus palabras, Londoño Rojas entregó a Sol Beatriz, Rosalba Angélica y Yésica Natalia un árbol simbólico en memoria de las víctimas, destinado a ser sembrado en el “Bosque del Recuerdo”.