La JEP inicia juicio contra 22 militares y civiles implicados en 301 casos de ‘falsos positivos’ en Casanare

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso definitivo en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado en el llano colombiano.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz asumió formalmente la competencia para iniciar el juicio contra 22 personas señaladas de participar en asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas ilegalmente como bajas en combate en el departamento de Casanare.

Este proceso, conocido técnicamente como “juicio dialógico”, se centrará en los hechos ocurridos entre los años 2005 y 2008.

Los comparecientes, que incluyen a un mayor general retirado, 17 antiguos integrantes del Ejército, un exdirector del DAS y dos civiles, ya han aportado verdad y reconocido su responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Una estructura criminal en la Brigada XVI

La investigación de la JEP determinó que en la Brigada XVI del Ejército se instauró una organización criminal compleja.

Esta estructura se valió de la arquitectura institucional para ejecutar un ataque organizado y a gran escala contra civiles indefensos.

El objetivo era presentar resultados operacionales ficticios, apartándose por completo de las normas legales y constitucionales.

Entre los llamados a juicio se destaca el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó dicha brigada en el periodo de mayor intensidad de estos hechos.

También figuran nombres como el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Casanare: y Orlando Rivas Tovar, quien fuera director seccional del extinto DAS.

El expediente incluye la responsabilidad por 301 casos de las denominadas ejecuciones extrajudiciales.

En la trama también participaron civiles como Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes habrían actuado como falsos informantes para engañar a las víctimas y entregarlas a las unidades militares.

Lo que viene

Con el inicio de esta fase, los magistrados evaluarán si la verdad aportada por los militares y civiles es completa y coherente con las pruebas recaudadas.

A diferencia de la justicia ordinaria, el modelo de la JEP permite la imposición de una “Sanción Propia”.

Estas sanciones tienen una naturaleza dual. Por un lado, buscan la restauración de las víctimas y los territorios afectados a través de proyectos específicos y, por otro, imponen una restricción efectiva de derechos y libertades para los responsables.

El cumplimiento de estas medidas será monitoreado estrictamente para asegurar que se repare el daño causado a las comunidades de Casanare.

Este es el quinto proceso que llega a la etapa de juicio ante el Tribunal para la Paz, sumándose a casos emblemáticos como los de Norte de Santander, Dabeiba y la Costa Caribe.

La etapa final de este camino judicial será la emisión de la sentencia de primera instancia, la cual se construirá en diálogo con las víctimas para garantizar que sus exigencias de verdad y reparación sean escuchadas.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.