Gustavo Petro violó el derecho a la intimidad al revelar la historia clínica del niño Kevin Acosta; es reservada y confidencial

En medio del escándalo que sortea el Gobierno Nacional por haber negado la entrega de medicamento al niño Kevin Arley Acosta, de 7 años y paciente de hemofilia, fallecido en Pitalito (Huila), se suma un nuevo elemento a la polémica.

Además de las salidas en falso del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, responsabilizando a la madre de su muerte al haber permitido que el niño saliera a montar en bicicleta y muriera por sangrado tras una caída, el Mandatario ha violado la ley al revelar la historia clínica en otro intento por sacudirse la responsabilidad por su muerte.

De acuerdo con el marco legal y las normas que rigen la ética médica, en Colombia la historia clínica de un paciente es de carácter reservado y confidencial y nadie puede revelarla deliberadamente sin la autorización de la familia o por orden judicial.

Además de ello, el propio Gobierno Nacional ha hecho público un documento privado sometido a reserva legal y se ha violado la norma que obliga a la protección de datos personales en Colombia.

Sobre el menor Kevin Acosta, afiliado a la Nueva EPS (entidad que administra el propio Gobierno Nacional) fue divulgado el informe técnico integral que detalla la atención prestada, los trámites administrativos realizados y las actuaciones clínicas adelantadas antes y después del accidente que derivó en su fallecimiento.

Señala la información revelada que la Nueva EPS garantizó la profilaxis mensual para el manejo de la hemofilia bajo esquema de aplicación de factor VIII cada 28 días, desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025 sin interrupciones.

De acuerdo con la certificación del prestador Medicarte, durante 2025 se registraron aplicaciones continuas y periódicas conforme al intervalo terapéutico. La última dosis fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, por lo que la siguiente correspondía al ciclo de enero de 2026.

Uno de los puntos centrales del informe se refirió al trámite de portabilidad solicitado por la madre del menor del 12 de noviembre de 2025, para trasladar temporalmente la afiliación de Pitalito (Huila) a Charalá (Santander) por un periodo de cuatro meses.

Según la EPS, se activó la ruta administrativa y asistencial para garantizar la continuidad del tratamiento en la red del departamento de Santander y se gestionó agendamiento con el prestador Integral Solutions para el 27 de enero de 2026 en Bucaramanga.

Sin embargo, el 28 de enero la madre solicitó la terminación de la portabilidad en oficina de Pitalito y regresó a su municipio de residencia.

En ese punto, la entidad reconoce en el informe: “Este proceso evidencia que por parte de Nueva EPS y su red prestadora sí se realizó el agendamiento oportuno del tratamiento, activando los mecanismos administrativos y asistenciales necesarios para garantizar la continuidad terapéutica conforme al principio de portabilidad del aseguramiento en salud”.

“Sin embargo, el cambio de municipio generó un retraso en la aplicación correspondiente al ciclo mensual de medicamento”, señaló el informe.

El informe también detalló la atención del evento crítico ocurrido el 8 de febrero de 2026, cuando el menor sufrió una caída desde un muro de aproximadamente 1,5 metros mientras montaba bicicleta en un polideportivo de Pitalito.

“Ingresó a la ESE Departamental San Antonio con pérdida transitoria del estado de conciencia, desorientación, otorrea y epistaxis. La tomografía evidenció hematoma epidural parietotemporal derecho, colección subdural laminar izquierda, fractura lineal de la escama temporal derecha y edema subgaleal frontal izquierdo, configurando un cuadro de alto riesgo y pronóstico neurológico reservado”, dice el documento privado.

Aunque el Mandatario endilga de nuevo responsabilidad en la madre, quien firmó un documento rechazando una cirugía, su historia clínica indica que “Tras análisis multidisciplinario y en conjunto con la madre, se decidió no realizar manejo quirúrgico y continuar con soporte vital y medidas de neuroprotección” porque el menor no había recibido medicamento para la coagulación de su sangre.