Profesores de Colombia estarían inquietos por anhelado pago de mitad de año: Fecode exige respuestas

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, exige respuestas ante las inconsistencias que tienen en vilo el pago de la prima de mitad de año, caso que ya llegó hasta la Fiscalía General de la Nación, para las investigaciones correspondientes.

Esta situación tiene preocupados a los docentes del país, que han estado a la espera de que les sea reconocido el pago de este beneficio por su trabajo en los diferentes colegios públicos del país.

La prima de mitad de año fue creada con la Ley 91 de 1989. Según la norma, los profesores tienen derecho a la pensión de jubilación equivalente al 75 % de su salario mensual promediado del último año y a una “prima de medio año” cuyo valor equivale a una mesada pensional.

Sin embargo, para el Magisterio, este beneficio fue eliminado tras la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005. No obstante, el Consejo de Estado precisó posteriormente que esta prima no desapareció por completo, pues la reforma constitucional incluyó excepciones que permiten su reconocimiento a un grupo específico de docentes que cumplan determinadas condiciones.

Según ha explicado Fecode, el pago de esta prima debe efectuarse a los profesores que fueron nombrados entre el 1 de enero de 1981 y el 26 de junio de 2003, que no hayan obtenido el reconocimiento de la pensión gracia, que se hayan pensionado antes del 31 de julio de 2011 y cuya mesada pensional sea igual o inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Nueva controversia

El pago de la prima de mitad de año para los maestros ahora enfrenta una nueva controversia, según advirtió el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, administrado por Fiduprevisora, que informó sobre la detección de presuntas irregularidades en los pagos realizados por este concepto.

El Fomag, entidad responsable del reconocimiento y pago de prestaciones sociales, cesantías y pensiones de los docentes del país, indicó que adelantó una revisión interna tras la llegada de su nuevo director. Los resultados, dados a conocer el 16 de febrero de 2026, encendieron las alarmas.

De acuerdo con el Fondo, en agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico que cambió la interpretación que venía aplicándose sobre la prima, sin que mediara una reforma legal ni una sentencia de unificación que modificara la línea jurisprudencial consolidada. Entre 2024 y 2025 se desembolsaron $458.799 millones por este concepto; no obstante, se habrían identificado inconsistencias por $260.437 millones, es decir, el 56,8 % de los recursos girados.

Entre los hallazgos más relevantes, el Fomag señaló que 4405 pagos se efectuaron a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que les negaba el derecho, por un monto superior a $83.082 millones.

También se detectaron casos de beneficiarios con pensión gracia o doble pensión; docentes vinculados por fuera del rango legal; pensionados que superaban los topes constitucionales; e incluso registros de personas fallecidas que no habían sido retiradas de la base de datos.

Adicionalmente, el Fondo advirtió sobre demandas promovidas por firmas de abogados sin el cumplimiento de los requisitos legales y sobre la presunta entrega de una base de datos de 9000 docentes a un abogado. Por estos hechos, presentó denuncia ante la Fiscalía contra el profesional y contra quienes autorizaron los pagos. “Será la autoridad competente quien determine la eventual existencia de conductas punibles”, indicó la entidad.

Fecode, que agrupa a más de 270.000 docentes, respaldó la realización de las investigaciones y reiteró su defensa de la sostenibilidad del Fondo. No obstante, insistió en que la prima es un derecho legal para quienes cumplen los requisitos y pidió que la situación no afecte a los maestros pensionados. Asimismo, exigió respeto por el debido proceso y total transparencia en la revisión de cada caso.

Por su parte, Herman Bayona Abello, presidente del Fomag, sostuvo que las acciones emprendidas no buscan desconocer derechos del Magisterio, sino proteger los recursos del Fondo y evitar posibles perjuicios económicos y jurídicos para los docentes.