Fiscalía pide cárcel para expresidente de Reficar por posible obstrucción

Ante el Juez 16 con función de Control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento de manera preventiva al presidente de la Refinería de Cartagena (Reficar), para los años 2012- 2016, Reyes Reinoso Yáñez, como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

En los estados financieros habrían favorecido a empresarios extranjeros de la firma contratista CB&I, para desfalcar a la Refinería en más de 610.000 millones de pesos en la modernización de la misma.

En medio de la diligencia judicial, el fiscal del caso también solicitó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el empresario estadounidense Massoud Deudehban, quien para la época de los hechos fungía como representante legal CB&I.

“Existió el direccionamiento de la contratación para beneficiar a CB&I, violando el régimen de contratación aplicable para la época, no obstante de entidad pública con recursos de los colombianos”, agregó el delegado de la Fiscalía General.

En el mismo sentido, el ente acusador pidió privar de la libertad al vicepresidente jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha, quien debe responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros e enriquecimiento ilícito a favor de terceros.

Igualmente, fue pedida la restricción de la libertad al expresidente de Reficar S.A. Orlando José Cabrales, quien debe responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

“La Fiscalía considera que estas personas podrían incurrir en obstrucción a la justicia y el evidente riesgo de no comparecer al llamado de la administración de justicia por la gravedad y cantidad de los delitos”, dijo el fiscal delegado.

Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, presuntamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010.

El juzgado programó para el 14 y 15 de noviembre las audiencias para definir la petición del ente acusador.