"Familias se sienten amenazadas y humilladas": Claudia López sobre víctimas del 9S en Bogotá

Luego de una eucaristía en la Catedral Primada de Colombia con las víctimas de las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá, la alcaldesa Claudia López, envió una carta a la Procuraduría y Fiscalía pidiendo celeridad en las investigaciones.

“Sentimos el dolor de las víctimas de las familias como propio y entendemos su dolor y su legítimo reclamo de justicia, un año más tarde el dolor es aún peor”, dijo la alcaldesa de Bogotá.

Con relación a la impunidad que se está presentando en los procesos judiciales por este caso dijo que las familias se sienten abandonadas y humilladas. "Ellos denuncian que no reciben justicia y que están siendo víctimas de hostigamientos y amenazas", dijo.

Por esta razón la Alcaldesa de Bogotá le envió a la Procuradora General, Margarita Cabello, una carta en la que le solicita que la entidad asuma la totalidad de las investigaciones disciplinarias que se adelantan en contra de miembros de la Policía Nacional involucrados en los hechos del 9 y 10 de septiembre del 2020.

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También le envió una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, en la que le solicita que la investigación, en su conjunto, sea adelantada por una Fiscalía delegada de la Dirección Especializada contra las violaciones de los Derechos Humanos.

La muerte de Ordóñez se presentó en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, día que, de acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, Juan Camilo Lloreda y Harvy Damián Rodríguez Díaz, miembros en ese momento de la Policía, golpearon a Ordóñez en más de una ocasión.

Ese día, Lloreda también accionó la taser contra la integridad de Ordóñez, mientras él imploraba que dejaran de hacerlo, y luego en el CAI de Villa Luz, al occidente de Bogotá, continuó la golpiza con puños y patadas, que finalmente llevaron a su muerte.

Por estos hechos ya fue condenado a 20 años de prisión el patrullero Juan Camilo Lloreda, tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía, en el que se comprometió a pedir perdón público ante la sociedad y revelar información sobre otros uniformados que pudieron estar involucrados en el caso.

Esta condena incluye, además, una multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas. Otra realidad vive el patrullero Harvy Damián Rodríguez, quien prefirió declararse inocente y demostrarlo ante la Justicia.