Escuchar este artículo

EPM atraviesa la peor crisis de su historia tras renuncia de su junta directiva: ¿qué viene ahora?

Agosto 12, 2020 - 11:16 a. m. Por:
Colprensa-El Colombiano
Hidroituango

Demanda a consorcios de Hidroituango en la que el alcalde Daniel Quintero no tuvo en cuenta las posiciones del resto de la junta directiva de EPM fue lo que provocó la renuncia de estos.

Foto: Colprensa

“Señor alcalde (Daniel Quintero Calle), al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y futuro del Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la junta directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros de esta”.

Así termina el comunicado publicado este martes pasadas las 4:40 p.m. por ocho de los nueve miembros de la junta directiva de EPM (el miembro restante es Quintero), hecho sin precedentes en los 65 años de historia de la joya de la corona de Medellín (cada año le transfiere a a la ciudad 55 % de sus utilidades. Estos recursos, en el periodo 2008-2018, correspondieron a 20 % de los ingresos totales del Municipio).

Lea también: Junta directiva de EPM renunció tras anuncio de demanda a consorcios de Hidroituango

Dieron un paso al costado Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal Correa, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberty, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa y Elena Rico Villegas.

La decisión deja a EPM sin su órgano colegiado de administración y representación, según lo determinan los estatutos de la empresa (artículo 6 del acuerdo municipal 12 de 1998). Contamos a continuación qué sucedió, los hechos que desencadenaron la crisis administrativa y las reacciones a la masiva renuncia.

Cronología de la jornada

La molestia de los miembros de junta fue expresada primero en una carta dirigida al gerente Álvaro Guillermo Rendón el lunes en la noche, en la que protestaron por su exclusión en el debate de asuntos claves para la compañía, así como el manejo de la información respecto a las decisiones de la gerencia en los últimos días.

“Nos permitimos manifestar nuestra preocupación y malestar por (...) la no discusión y análisis de temas relevantes en los que la Junta Directiva debería participar y no se le está teniendo en consideración”, dijo la misiva.

En esa carta solicitaron al gerente Rendón una sesión extraordinaria, la misma se realizó este martes entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m.

Según reportó la empresa ante la Superintendencia Financiera a las 3:48 p.m., en la misma no se trataron asuntos de carácter decisorio.

Siete minutos antes, a las 3:41 p.m., el alcalde Quintero escribió en Twitter: “Estrategia jurídica de EPM en Hidroituango tiene como único propósito proteger el patrimonio público que con tanto esfuerzo construyeron nuestro (sic) abuelos. Adelante Gerente”.

Ya sin el alcalde Quintero, presidente de la junta directiva, la reunión continuó entre los ocho miembros hasta la expedición del comunicado en el que se informó la renuncia masiva.

A las 8:09 p.m., Quintero volvió a escribir en Twitter: “He llamado a cada uno de los miembros de la Junta de EPM, les he agradecido sus servicios y aceptado su renuncia. EPM continuará con las acciones legales que le permitan recuperar los $9,9 billones de sobrecostos en Hidroituango”.

Lo que generó el cisma

El 1 de julio, Quintero radicó ante el Concejo de Medellín un proyecto de acuerdo en el que pidió facultades extraordinarias por seis meses para ampliar el alcance del objeto social vigente (artículo 3 del acuerdo 12 de 1998) que es la prestación de servicios públicos domiciliarios.

Pero la propuesta fue retirada ocho días después, luego de que sectores sociales y algunos empresariales le pidieran que por ahora no se tramitara la iniciativa para que esta fuera discutida dentro y fuera del Concejo en mesas de trabajo.

“Me gusta siempre ganar tiempo y avanzar rápido, pero en esto tienen la razón. El proyecto será presentado en octubre. Crearemos mesas de trabajo con gremios, ciudadanía y líderes sociales para construir juntos el futuro de nuestra EPM”, dijo Quintero ese día.

En la carta de renuncia de los ocho miembros de junta expresan que tanto en la comisión de empalme para el actual gobierno municipal, en el Comité de Estrategia e inversiones y en dos sesiones de junta, el tema se presentó a título informativo sin que mediara discusión sobre este asunto.

“Tal como usted nos lo informó, en uso de sus facultades, decidió presentar la propuesta de acuerdo al Concejo, sin que fuera conocida por la junta directiva”, dijo la misiva.

Añadieron que independiente de las competencias explícitas, consideran que un asunto relacionado con los estatutos de la empresa debió discutirse a fondo y buscar el concurso de la junta directiva como máximo órgano de la entidad.

Pero el tema que rebosó la copa fue el anuncio de la multimillonaria demanda anunciado el lunes por Quintero y EPM contra las firmas que participaron en el diseño, construcción, interventoría y aseguramiento de Hidroituango, con una pretensión de $9,9 billones.

Según argumentó EPM, tras revisar 1.230 registros documentales identificó que el consorcio diseñador (Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor (CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor (Ingetec-Sedic) conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir con la entrada en operación comercial de las unidades de generación.

Ante esto, los miembros de junta señalaron que sin desconocer la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y el vencimiento de términos, “también quedó claro en la reunión que la junta directiva de EPM no conoció ni participó en el análisis para adelantar acciones legales contra contratistas y compañías de seguro del proyecto Hidroituango; y adicionalmente no conocemos que se hayan estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”.

Preocupaciones de fondo

Fuera de los reproches por desconocer la junta para los dos temas mencionados, la carta suma la preocupación porque “no se estén observando las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”.

Añadió el documento que la recomendación reiterada a Quintero ha sido hacer énfasis y enfocarse en los retos que hoy enfrenta EPM, tales como la terminación de Hidroituango, la operación de Caribe Mar y la atención de los efectos del coronavirus covid-19, en particular, frente a las débiles finanzas de los usuarios.

¿Qué sigue ahora?

El acuerdo municipal 12 de 1998 estableció los actuales estatutos de la empresa. El artículo seis señala que para los fines de dirección, administración y representación, EPM tiene un gerente general y una junta directiva. Esta última está integrada por el alcalde (quien preside o su delegado para que lo reemplace en ausencias temporales); cinco personas designadas libremente por el alcalde; y tres personas escogidas también por el alcalde, entre los vocales de control registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios.

Entre las funciones de la junta, los estatutos citan: formular las políticas generales de EPM, y los planes y programas que deba desarrollar; y autorizar el sometimiento de las diferencias de EPM con terceros, cuya cuantía supere los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la decisión de árbitros o amigables componedores, salvo cuando este mecanismo se haya pactado contractualmente.

El artículo 14 establece que la renuncia de un miembro de junta constituye falta absoluta, y que cuando esta ocurra, procederá el reemplazo en la misma forma en que fue designado por el alcalde.

Alejandro Revollo, abogado experto en materia societaria, dijo que un primer aspecto del análisis sobre la situación de EPM debe centrarse en los estatutos de la empresa.

En una segunda línea habló del gobierno corporativo y de los códigos de buen gobierno. “Ese tipo de decisiones que tienen un impacto grande para la marcha de una compañía, por lo menos, deberían haber sido presentadas, así fuera a manera de información, a la junta”, indicó.

Añadió que según los estándares internacionales de gobierno corporativo —citó el código nacional que se implementó para el ingreso a la OCDE, el cual contiene recomendaciones y no acciones vinculantes—, las decisiones, cuanto menos, deben ser informadas previo a la decisión, precisamente por el impacto que tienen para una entidad.

Explicó que son las prácticas de buen gobierno las que permiten que en entidades públicas, sociedades de economía mixta o empresas industriales y comerciales del estado (el caso de EPM), las decisiones no respondan solo al criterio del mandatario de turno y para que haya políticas y estrategias que se desarrollen y ejecuten con base en decisiones de órganos colegiados.

“(La renuncia de los ocho miembros de junta) tiene una significación enorme para el gobierno de la entidad, entre otras cosas porque el reconocimiento internacional de EPM ha sido por el criterio eminentemente técnico por el cual se ha administrado. Por eso es el modelo a presentar. En los debates nacionales sobre existencia de entidades públicas siempre lo ponen como ejemplo”, aseveró.

Incertidumbre

El Comité Intergremial de Antioquia, constituido por 29 gremios y las cinco cámaras de comercio del departamento, manifestó su preocupación por la renuncia de todos los miembros de la junta.

“El desconocimiento de la estatutaria instancia de su junta directiva, en temas de enorme y estratégica trascendencia para la entidad, ignora preocupantemente aspectos básicos y fundamentales como las normas de su propio gobierno corporativo y pone en riesgo la estabilidad e intereses de la institución”, dice el comunicado firmado por el director Nicolás Posada López.

Añadió que el desconocimiento que se viene haciendo de la junta genera pérdida de credibilidad en el manejo de la empresa, afectando su operación, la relación con la banca y los inversionistas.

El Comité solicita “una clara, coherente y sensata explicación” por parte de la gerencia ante la “confusa, cuestionable y desafortunada situación, presentando a los antioqueños y al país los argumentos suficientes por los cuales se violó el Gobierno Corporativo de EPM, justamente en decisiones de su esencia y razón de ser estatutarias”.

Anunció la constitución de un Comité Cívico que actuando como veeduría, “cuide celosamente los intereses de EPM que son los de Medellín y de Antioquia para que en su actuar solo prevalezca el criterio técnico y la sensatez y se oponga y denuncie las actuaciones irregulares que se adelanten en esta sagrada entidad patrimonio de todos los antioqueños y como bien público también, de buena parte de los colombianos”.

Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, dijo que en la historia de Medellín nunca había sucedido una pérdida de institucionalidad “tan grave” como la acontecida tras la masiva renuncia.

“Los miembros de la junta directiva de EPM, a quienes conozco personalmente, se caracterizan por su idoneidad técnica y su compromiso cívico. Siento que si tomaron esta determinación es porque quieren evidenciar que no coinciden con las políticas de la administración y del señor alcalde en las decisiones que se han tomado sin tener en cuenta su conocimiento y observaciones”, dijo.

Añadió que: “Hoy más que nunca debemos hacerle desde todas las instituciones un llamado al alcalde para que se respeten los principios de gobierno corporativo, para que EPM siga siendo el modelo de empresas públicas del que nos sentimos orgullosos”.

Y concluyó asegurando que es “lamentable que hayan renunciado, pero es más lamentable aún que desde la alcaldía no se respeten los principios de gobierno corporativo que deben regir para una entidad pública tan importante para la región”.

Para el profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de Eafit, Santiago Leyva Botero, lo más urgente es entender cómo está operando EPM hoy, porque no está claro. Por eso le formuló cinco preguntas al alcalde: 1. cuál es el procedimiento actual con el que EPM toma las grandes decisiones; 2. qué papel tienen los miembros independientes; 3. cómo se diferencian la secretaría general de la vicepresidencia jurídica; 4. ¿se pueden hacer públicos los estudios que llevaron a las decisiones; 5. por qué la junta no conoció los estudios.

“La confianza solo se recupera con información transparente, una junta con reglas claras y miembros independientes que le den credibilidad a las decisiones”, concluyó.

Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co
VER COMENTARIOS