Desde el gobierno de Samper, EE.UU. no descertificaba a Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Han pasado casi 30 años desde la última vez que Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La última ocasión fue en 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio del escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, lo que dio origen al proceso 8.000.

Desde entonces, y especialmente entre los años 2000 y 2018, Estados Unidos destinó más de 10.000 millones de dólares a Colombia —según el Congreso estadounidense— para apoyar programas militares, sociales y de erradicación de cultivos ilícitos. Actualmente, EE.UU. sigue siendo el principal socio comercial y militar del país, pese a la confrmación de la desertificación.

La noticia se veía venir. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro ha promovido un cambio de enfoque en la política antidrogas, calificando la guerra contra las drogas como un fracaso. Una de sus primeras medidas fue suspender la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, principal insumo para la producción de cocaína.

A pesar de este cambio de estrategia, Colombia ha venido rompiendo año tras año sus propios récords en cuanto a la extensión de cultivos de coca y la producción de cocaína. Según el último informe de la ONU (2023), el país cuenta con aproximadamente 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos y produce al menos 2.600 toneladas anuales de esta droga.

La capacidad creciente de los cárteles para producir cocaína coincide con la peor crisis de seguridad en el país desde la desmovilización de las FARC. Disidencias de esta guerrilla, que también se financian a través de la minería ilegal, han intensificado los ataques contra la fuerza pública y la población civil mediante atentados con explosivos.

El gobierno colombiano sostiene que estos actos son respuestas desesperadas frente a los operativos que buscan despojar a los grupos armados de sus territorios y decomisar cargamentos de droga.

En este contexto, las relaciones diplomáticas entre el presidente Petro y el expresidente estadounidense Donald Trump son tensas, particularmente por las críticas del mandatario colombiano a la política migratoria de Trump y su manejo de las deportaciones.

Por último, el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe —que recientemente culminó con la destrucción de dos lanchas presuntamente procedentes de Venezuela y cargadas con droga— ha sido considerado por Petro como una provocación.