¿Deberá cambiar el presidente Duque su estrategia frente al Congreso?

El jueves pasado, mientras el país seguía la plenaria del Senado de la República por las redes sociales y veía cómo las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se enredaban en las matemáticas y terminaban quedando en manos de la Corte Constitucional, en el recinto de la corporación se dio una desbandada que no se registró en las pantallas.

Se trató de los senadores de los partidos Liberal, Cambio Radical y La U, declarados en independencia. También se sumó el Conservador, aliado del Gobierno. El grupo se unió con sus congresistas más connotados e hicieron de inmediato una rueda de prensa en donde reactivaron la coalición mayoritaria que pactaron en julio de 2018.

En esa época, cuando se instalaron las sesiones del Congreso, se armó una coalición que también incluyó al Centro Democrático y permitió la repartición de las mesas directivas de la Cámara y el Senado. Sin embargo, con el correr de los meses ha habido fracturas y en esta oportunidad el uribismo no estuvo presente.

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“Nosotros cumpliremos la palabra empeñada”, sostuvo el senador conservador Efraín Cepeda, quien lideró la declaración a los medios.

Estos partidos expresaron que su propósito era superar la polarización en que se cayó por las objeciones a la JEP, al punto que estuvo frenada la agenda legislativa sin importar que en el medio estaba un amplio paquete de normas sociales.

En consideración del asesor y analista Fernando Estrada, “lo que hicieron estos partidos fue darle casi que un golpe de mano al Gobierno, casi que obligarlo a que se haga un cambio en la relación que se tiene con el Congreso”.

El senador conservador Juan Diego Gómez, uno de los más cercanos a Iván Duque desde la campaña, considera que lo sucedido en la última semana deja mal parado al Ejecutivo.

“El Gobierno fue el gran perdedor de esta semana, primero, por el Plan Nacional de Desarrollo, y, segundo, porque frente a la JEP se presentó una situación muy particular que es la unión de cuatro partidos de centro que conforman una mayoría y presentamos la proposición de darle trámite a las objeciones y enviarlas a la Corte Constitucional”, agregó.

Gómez precisa que el Gobierno no se quedó solo, pero sí es claro que “somos cuatro partidos buscando que de manera clara se supere las discusión entre los del Sí y los del No y mirar la agenda social que preocupa a los ciudadanos. A una coalición mayoritaria como esta, hay que escucharla”.

A esta voz crítica de los conservadores se sumó el también senador Miguel Barreto, quien cuestionó duramente en el trámite del Plan de Desarrollo al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, porque el Gobierno no se preocupó por buscar soluciones de fondo para atender la crisis del empleo en el sector textil-confección, con el cual se comprometió el presidente Duque en la campaña.

Entre tanto, el senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez considera que el Ejecutivo lo que está buscando es que los partidos que se declararon de gobierno sean ahora independientes.

“Eso tiene una razón sencilla, cuando usted tiene un gobierno que no escucha sus propuestas como partido, tiene a unos ministros desconectados de las realidades de las regiones, como está sucediendo, porque no pueden hacer consensos”, dice el congresista sobre lo que se estaría dando en la relación del conservatismo con el Gobierno Duque.

El analista John Mario González, señala que la relación del Ejecutivo con el Congreso por ahora “está maltrecha. Lo del Plan de Desarrollo, que pasó, es una mera coincidencia de intereses. Es decir, si Duque no varía su estrategia, la agenda legislativa a partir del 20 de julio será más compleja que ahora”.

Estrada y González coinciden en que se equivoca el Gobierno si sigue pensando que algunos éxitos que haya tenido o el desarrollo de algunos programas a los que se comprometió son fruto del trabajo de la Administración Duque y no por lo aportado por el Congreso de la República.

“Desconocer por completo al Congreso y tratarlo como lo han tratado, le podrá alcanzar hasta esta legislatura, no desde el 20 de julio, cuando se posesionen en la Cámara un representante de Cambio Radical y en el Senado un liberal”, dice González.

Precisamente el liberal Lidio García, quien será, según los acuerdos, el presidente del Senado en reemplazo del uribista Ernesto Macías, fue quien lideró la posición de ese partido en la rueda de prensa del jueves.

“Los cuatro partidos hicimos un llamado para salir de la polarización que tiene agotado al país, debemos trabajar por una agenda social que ayude a resolver los problemas de los ciudadanos”, dijo García

Según lo que se rumora en redes sociales, el Jefe del Centro Democrático le manifestó, además, que ese partido no lo iba a apoyar en su aspiración.

En lo que queda de este mes y medio de sesiones, la agenda legislativa no obligaría al Ejecutivo a buscar esos cambios que se reclaman.

Para John Mario González, “el Gobierno por ahora no quiere ceder y además, aprobado el Plan de Desarrollo, ya no hay nada que le obligue”.

Entre los proyectos grandes que hay por discutir están las reformas constitucionales como la política (en quinto debate), la que desliga el delito del narcotráfico del delito político y la reforma a las regalías, las tres de iniciativa gubernamental, pero sin las mayorías para seguir adelante.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, es claro que se demostró que el Congreso está actuando de forma independiente: “El Congreso está actuando con independencia, eso es bueno y creo que al país le sirve esta actitud”.

A Chacón se le ha llegado a considerar como el jefe de la oposición en la agenda legislativa. Sin embargo, en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo esta semana fue él quien le dio un golpe de mano al Gobierno en el Senado, pues obligó a que en esa cámara se aprobara el plan tal cual había salido de su corporación. En octubre pasado sucedió algo similar con el presupuesto bianual de las regalías.

Respecto a lo que queda de la agenda hasta mediados de junio, Chacón sostiene que “todas las semanas sacamos normas en favor de la gente con mucha independencia y eso va a favorecer al ciudadano porque los congresistas empezaron a pensar más en el voto de opinión que en elegirse con el apoyo del Gobierno. Esperemos en los próximos días si es de interés del Gobierno estudiar la conexidad de delitos con el narcotrafico y la ley TIC”.

Desde la oposición, el exconstituyente Fabio Villa, de la Alianza Verde, sostiene que esta relación por ahora va a mostrar que el Congreso actuará más independiente. “Si el Gobierno no tiene mayorías, entonces es evidente que va a haber una mayor independencia, a menos que el Ejecutivo se dedique a repartir mermelada”.

Por ahora la alianza que se pactó en julio del año pasado está activa, pero a diferencia del 2018, cuando la misma era liderada por el uribismo, parece que está dependiendo de la mano de unos partidos que desde el legislativo controlarían mucho más de lo que han hecho hasta el momento con la aprobación de leyes.

Un nuevo revés sufrió el pasado miércoles en el Senado de la República la reforma a la Justicia, una iniciativa que se ha intentado sacar adelante sin éxito, en varias ocasiones, durante los últimos gobiernos.

La bancada del Centro Democrático se retiró de la sesión en la que se discutía el proyecto, presentado por Cambio Radical, con el argumento de que se le hicieron cambios por fuera de lo que se había acordado entre las dos colectividades.

“Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con Cambio Radical de aceptar una reforma a la Justicia que estaba contenida en lo que ellos presentaron. Después deciden adicionarle cosas que no están concertadas con nosotros y quieren que votemos esos artículos”, manifestó la senadora uribista Paloma Valencia.

“Ellos dicen que no votan lo de nosotros, pero sí pretenden que nosotros votemos lo que ellos incluyen adicional”, agregó.

Lo cierto es que Cambio Radical, que se había declarado como partido independiente en el comienzo del Gobierno Duque, se ha ido distanciando paulatinamente del Ejecutivo, en especial por su decisión de no apoyar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP.

Y que con el retiro del Centro Democrático quedó aplazada para una próxima sesión la discusión del proyecto de reforma, que tiene muy poco tiempo para alcanzar a ser aprobado en esta legislatura.

En medio de un ambiente de incertidumbre en que tanto Gobierno como opositores aseguran que ganaron, objecionesa la JEP pasaron a la Corte Constitucional.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de reforma judicial debe ser aprobado en ocho debates, en dos legislaturas diferentes.

Para poder continuar este trámite, la iniciativa debería estar aprobada antes del próximo 20 de junio en comisiones y plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

Ahora los partidos Liberal, Cambio Radical y La U se sumaron en varios reparos a Alianza Verde, Farc y Colombia Humana para contrariar las iniciativas del Gobierno en el Congreso de la República.