Contraloría detecta fallas en recaudo del impuesto al turismo: hallazgos fiscales por $28.310 millones

La Contraloría General de la República alertó sobre irregularidades en el manejo del Impuesto Nacional al Turismo, identificando hallazgos fiscales por $28.310 millones en una auditoría intersectorial que revisó la vigencia fiscal de 2023 y declaraciones extemporáneas de periodos anteriores.

El informe advierte fallas en el recaudo, administración y control tributario de este impuesto, que se cobra a pasajeros de vuelos internacionales y está destinado a financiar proyectos de competitividad turística en Colombia.

Según el organismo de control, el mayor impacto fiscal está relacionado con un proyecto de embarcaderos fluviales financiado por el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), que presentó presunta incidencia fiscal por $23.006 millones.

El contrato, suscrito a finales de 2023 para instalar 88 embarcaderos en 81 municipios, mostró importantes brechas entre los recursos ejecutados y los avances físicos de la obra, lo que, para la Contraloría, evidencia “fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual”.

El impuesto al turismo fue creado con la Ley 1101 de 2006 para financiar la promoción, competitividad y desarrollo del sector. Se cobra a los pasajeros de vuelos internacionales que inician o terminan su viaje en Colombia, con excepción de quienes solo hacen tránsito o conexión internacional.

Aunque las aerolíneas deben cobrar y declarar este impuesto, corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ejercer el control tributario, fiscalizar y sancionar el incumplimiento.

La Contraloría también detectó declaraciones presentadas fuera de término y fallas en el control que ejercen la DIAN, Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que, según el informe, representa una presunta incidencia fiscal adicional por $5.303 millones y posibles responsabilidades disciplinarias para los funcionarios involucrados.

El ente de control advirtió que la falta de vigilancia y de sanciones oportunas por parte de la DIAN incrementa el riesgo de pérdida de recursos públicos y podría afectar la disponibilidad de recursos destinados a la promoción y la competitividad del sector turístico, un segmento clave para la economía colombiana tras la recuperación pospandemia.

El informe de la Contraloría llama a fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y fiscalización del impuesto al turismo para garantizar que los recursos recaudados cumplan con su propósito legal y se ejecuten de manera eficiente en proyectos que beneficien al sector.

Cabe mencionar que el ecosistema de alojamientos turísticos ofrecidos a través de plataformas digitales enfrenta un momento decisivo en el país, luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicara un borrador de decreto.

Dicho proyecto podría transformar de manera abrupta el funcionamiento de servicios como Airbnb y otras aplicaciones de arrendamientos temporales, ya que el Gobierno estaría imponiendo una especie de “licencia de facto” a todos los propietarios que ofrecen sus viviendas para estadías turísticas.