Van más de 200 familias desplazadas en Cumbitara, Nariño, por combates entre grupos armados

La intensificación de los combates entre grupos armados ilegales en el municipio de Cumbitara, Nariño, ha provocado el desplazamiento de más de 200 familias desde el pasado 23 de marzo, en una situación que agrava la crisis humanitaria en el suroccidente del país.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones, en las que estarían involucradas disidencias de las Farc, estructuras conocidas como Comuneros del Sur y otros grupos armados, han obligado a comunidades de varias veredas a abandonar sus viviendas y buscar refugio en el corregimiento de Sidón y en el casco urbano del municipio.

Las familias desplazadas provienen de zonas rurales como Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín, donde los enfrentamientos se han prolongado durante varios días.

La situación no es aislada. Según una alerta humanitaria de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el recrudecimiento del conflicto en esta región fronteriza ha generado múltiples desplazamientos masivos en Nariño desde marzo, con afectaciones en municipios como El Charco, Barbacoas, Ricaurte y el propio Cumbitara.

El informe advierte que estas dinámicas incluyen homicidios, amenazas, control social por parte de grupos armados y restricciones a la movilidad de las comunidades, que incluso han perdido el acceso a sus cultivos y medios de subsistencia.

Además, la crisis afecta de manera especial a la población vulnerable. Solo en estos eventos se reportan decenas de niños, niñas y adolescentes afectados, muchos de ellos con dificultades para continuar sus procesos educativos tras el desplazamiento.

La Defensoría recordó que el desplazamiento forzado constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y advirtió que este escenario ya había sido anticipado mediante la Alerta Temprana 008 de 2024, en la que se señalaba el riesgo por la disputa territorial entre grupos armados en esta zona del país.

Ante el deterioro de la situación, la entidad hizo un llamado urgente a los actores armados para que cesen las hostilidades y eviten nuevas afectaciones a la población civil. Asimismo, pidió al Gobierno nacional activar de manera inmediata los protocolos de atención y protección para las comunidades desplazadas.

Por su parte, organismos humanitarios han advertido que las necesidades son múltiples: desde atención en salud física y mental hasta alojamiento digno, acceso a agua potable, alimentos y garantías para la educación de los menores.

Mientras tanto, las autoridades locales continúan atendiendo a las familias afectadas, que permanecen en albergues improvisados y viviendas de apoyo, a la espera de soluciones que les permitan regresar con seguridad a sus territorios.