Cadena perpetua a abusadores de menores cada vez toma más fuerza en Colombia

Luis Santiago, 18 meses. Yuliana, 7 años. Génesis, 11 años. Yenny, Jimmi y Jéferson Torres: 14, 9 y 6 años, respectivamente. Contra todos estos pequeños se cometieron delitos atroces en los últimos años y los colombianos, indignados, elevaron su voz de protesta exigiendo la cadena perpetua contra sus victimarios. El tema, en la última semana, volvió a surgir pero de boca del Gobierno.

Desde Cartagena, donde se hablaba del otro flagelo contra la niñez, la prostitución, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que el presidente Iván Duque dio instrucciones de acelerar la construcción del proyecto de ley que propone la cadena perpetua para violadores de niños, con el objetivo de proteger a los menores.

En sentido similar, Hernán Andrade (Partido Conservador) sostuvo que “el Presidente quiere darle más legitimidad al proyecto de cadena perpetua contra violadores, acompañándolo de millones de firmas y nos pidió como partido que nos pusiéramos la camiseta para recoger firmas, no formales, sino que sirvan para enviar un mensaje de acompañamiento político a la radicación del proyecto”.

El tema no es de poca monta si se tienen en cuenta las cifras de Medicina Legal que sostienen que cada día en Colombia, 64 menores de edad son víctimas de algún delito relacionado con violencia sexual. Cifras que van en aumento, pues de enero a agosto de 2017 hubo 15.206 casos y en el mismo lapso de este año la cifra llegó a 17.574.

Sin embargo, el trámite pinta engorroso y el país recuerda cómo, en 2011, el proyecto de referendo de esta iniciativa se hundió en la Comisión Primera de la Cámara cuando su impulsora era Gilma Jiménez (qepd).

Francisco Bernate, especialista en derecho penal, sostiene que se trata de “populismo punitivo” y que su discusión se puede tardar aproximadamente de un año y medio a dos años. De hacerse, “sería una macrorreforma, deberán modificar toda la legislación penal existente y hay otras prioridades en la agenda legislativa”.

Por su parte, el coordinador del Área Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, Álvaro Garzón, sostiene que el tema de incluir la cadena perpetua en la legislación colombiana siempre ha tenido reservas por temas de garantías internacionales de derecho.

“Debe haber un grado de certeza absoluto para que se profiera una sentencia condenatoria de esa magnitud. Entonces, ese tipo de condenas tan severas pueden ir en contra de tratados internacionales y se han escuchado de casos que, por valoración de la prueba u otro motivo, alguien está preso injustamente”, expone Garzón.

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Génesis, la más reciente víctima de estos hechos, fue abusada sexualmente antes de ser asesinada, de acuerdo al dictamen de Medicina Legal. Yuliana Samboni corrió con la misma suerte. Y Yenny, la mayor de los hermanos Torres, asesinados a manos del teniente Raúl Correa, también fue blanco de vejámenes.

La profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Anika Quiñones, sicóloga y máster en Criminología, sostiene que en los victimarios se habla de una característica de su personalidad denominada predadora relacionada.

“Estas personas saben a quién elegir como víctima. Entre 20 o 30 niños que vean saben con quién va a ser menos difícil tener que luchar con el tema del reconocimiento”, explica.

Con respecto a la posibilidad de la cadena perpetua, Quiñones sostiene que sería útil con aquellos delincuentes llamados de oportunidad, que hace referencia a aquellos que atacan cuando ven la ocasión y no se sienten amenazados.

“Mientras que en esas personas que lo hacen con una planeación, un gusto y trazan una estrategia en torno a su víctima, así exista una amenaza de cadena perpetua van a actuar. Su característica (criminal) no tiene que ver en nada de la ley”, sostiene la experta.

La directora del Instituto de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, respaldó el anuncio del Gobierno y dijo que para la entidad es necesario contar con sanciones ejemplarizantes para los delincuentes que cometan crímenes atroces contra los menores de edad. “La cadena perpetua, si bien no es la única acción, permitiría alejar definitivamente a los violadores de nuestra niñez”, reiteró.

Pero Garzón, de la Universidad del Rosario, insiste que el tema de las penas severas tiene ciertas reservas en el plano internacional y en el bloque de constitucionalidad. Bernate añade que se tendrían que cambiar todos los códigos y la Constitución.

Aydé Lizarazo, senadora de Mira, manifiesta que el tema no debe pasar por el aumento de penas hasta la cadena perpetua o la castración química. “Ya tenemos una cantidad de leyes, incluso hemos avanzado en ello. Acá lo que tenemos que hacer es ir más hacia la prevención, a la persecución del delito y a la protección de las víctimas”, explicó.

Entre las leyes que protegen a los menores se habla de penas de cárcel de hasta 60 años y, decretos adicionales, en los que no se otorgan beneficios (como la detención domiciliaria o la libertad cuando se cumplan las tres cuartas partes de la sentencia) a quienes cometan estos delitos.

Rafael Uribe Noguera tiene sentencia dictada por 58 años. El teniente del Ejército Raúl Muñoz, 60 años de cárcel. Igual pena le dictaron a Orlando Pelayo, papá de Luis Santiago. Quizá pueda interpretarse como una cadena perpetua, porque sus edades ya están por encima de los 40 años.

“El castigo debe ser contundente – advierte el representante a la Cámara David Racero -. Comparto la tesis que se debe tener el castigo mayor absoluto ante aquellos que violente a los niños. Así que sí es cadena perpetua, lo digo contundentemente, es una opción que tenemos que plantear y discutir como sociedad”.

Mientras lo discuten, las cifras van en aumento, lo que es preocupante por el riesgo que corren nuestros menores. De hecho, en la última hora, dos más fueron víctimas de un agresor sexual. Como pasó con Yuliana, Génesis y Yenny, la hermana mayor de los Torres.