Alias ‘Pipe Tuluá’ no recibirá pena de muerte ni prisión perpetua tras su extradición a EE. UU.

Estados Unidos despejó uno de los principales interrogantes alrededor de la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’.

A través de una comunicación diplomática oficial, el Gobierno estadounidense confirmó a Colombia que el procesado no enfrentará pena de muerte ni cadena perpetua una vez sea trasladado a ese país para responder por cargos relacionados con narcotráfico.

La garantía fue enviada mediante la nota diplomática No. 0150, fechada el 30 de enero de 2026, con la que la Embajada de Estados Unidos dio respuesta a las solicitudes elevadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el documento se precisa que, si bien los delitos por los que es requerido contemplan como sanción máxima la prisión de por vida, esa pena no será solicitada ni impuesta en caso de concretarse la extradición.

En relación con la pena capital, la misión diplomática fue enfática en señalar que la legislación penal estadounidense no contempla la pena de muerte para los delitos imputados a Marín Silva, razón por la cual esta sanción queda descartada de plano dentro del proceso judicial que cursará ante una Corte del Distrito Este de Texas.

Además de las garantías frente a las penas, Estados Unidos reiteró compromisos relacionados con los derechos fundamentales del extraditable. Según el texto diplomático, alias ‘Pipe Tuluá’ no será sometido a desaparición forzada, destierro, torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Tampoco será objeto de confiscaciones ilegales de bienes, en consonancia con los estándares internacionales de protección a las personas privadas de la libertad.

Estas precisiones se conocen pocos días después de que el Gobierno colombiano ratificara la extradición del señalado narcotraficante. La decisión quedó en firme mediante la Resolución Ejecutiva 037 del 26 de enero de 2026, firmada por el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, quien rechazó el recurso presentado por la defensa y sostuvo que no existían argumentos jurídicos sólidos para revertir la determinación adoptada por el Ejecutivo.

Uno de los puntos debatidos durante el trámite fue la solicitud de la defensa para que la extradición se realizara de manera condicionada, con el fin de que Marín Silva cumpliera primero las condenas que enfrenta en Colombia por delitos como extorsión, secuestro y homicidio agravado.

No obstante, el Gobierno concluyó que no era procedente aplazar la entrega, argumentando razones de conveniencia estatal y la obligación de cooperar en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

La resolución también abordó el debate sobre un eventual vínculo del procesado con la política de paz. La Oficina del Consejero Comisionado para la Paz certificó que Marín Silva no tiene ningún rol dentro de las mesas de diálogo ni reconocimiento como representante del grupo conocido como ‘La Inmaculada’. En ese sentido, se determinó que los contactos exploratorios adelantados no constituían un obstáculo legal para su extradición.

En territorio estadounidense, alias ‘Pipe Tuluá’ deberá responder por concierto para distribuir cocaína y por fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de esa sustancia.

En cuanto a los procesos penales que continúan abiertos en Colombia, el Gobierno aclaró que el extraditado podrá comparecer ante las autoridades judiciales nacionales a través de medios virtuales, con base en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

Con estas garantías formales, el camino queda despejado para que se materialice la entrega de Marín Silva a las autoridades de Estados Unidos, en un proceso que ha concentrado atención tanto por la gravedad de los cargos como por las implicaciones jurídicas y diplomáticas que rodean su extradición.