No hay dicotomía entre la eficacia contra el crimen organizado y el respeto a los Derechos Humanos: Presidente de la CIDH

Once años pasaron desde la última vez que un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hiciera una visita ‘In loco’ o de verificación sobre el terreno del estado de las cosas en el marco del conflicto armado que azota el país.

Esa visita amplia, realizada en abril del 2024, buscaba documentar los impactos de la violencia en los Derechos Humanos, DD. HH., entender cómo ha sido el trasegar de la paz y los avances logrados tras el Acuerdo alcanzado en La Habana con la guerrilla de las Farc en el 2016.

Sobre esta séptima visita de la Cidh a territorio colombiano, de la que han surgido 57 recomendaciones para el Estado, habló el comisionado José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Iniciemos por el final y cuéntenos, ¿cuál es la principal conclusión del informe?

Tiene conclusiones muy amplias, porque es hondo y hay un diagnóstico muy importante. Hay conclusiones que tienen que ver con desde identificar la desigualdad y la exclusión como un factor que ha provocado o ha buscado salidas en la violencia; que los grupos tradicionalmente marginados o excluidos han sido objeto de mucha violencia del Estado y por parte de actores no estatales armados y que se han reagrupado desde la criminalidad organizada después del Acuerdo de Paz.

Las disidencias, por ejemplo, que el Estado tiene que llevar a nuevos caminos de diálogos con actores, además de lo que provocó con las Farc en 2016; que el Estado tiene que atender la violencia desde una perspectiva integral, no solo a través del uso de la fuerza del Estado, legítimo desde luego, y que además tiene que dar salidas normativas e institucionales hacia la paz.

Hay problemas que vemos que son no solo de Colombia, pero que son muy graves y delicados, como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el desplazamiento forzado por parte de grupos de la delincuencia organizada, etcétera. La Comisión ha venido acompañando a Colombia al darle los elementos de ese diagnóstico, pero también al proponer soluciones.

Hay otras miradas que también tienen que ver con el diálogo con los organismos de la justicia transicional. Todo eso está en el terreno de lo que la comisión está observando y pidiéndole a Colombia; además refrendándole esas ideas como en un espejo y luego pidiéndole ir más adelante con estas 57 recomendaciones.

A propósito, el informe habla del reclutamiento de 18.677 niños, que es casi lo que suman los grupos armados. ¿Significa eso que la guerra en Colombia se libra con menores de edad?

Pues entendemos que en buena parte del conflicto están involucrados niños, niñas y adolescentes, y que además es un problema muy acendrado. Yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Asís, en el Putumayo; tuve la oportunidad de estar en Nariño, Tumaco, y ahí, de las primeras aproximaciones que hizo la gente a la Comisión, era esa. Es un dato muy revelador y una preocupación enorme.

Justo en las regiones donde más se celebró el Acuerdo de Paz es donde más se intensificó el conflicto. ¿Por qué no se cumplió lo pactado en Cuba?

Creo que es una cuestión que tiene que ver también con la ausencia del Estado en entender los temas y en llegar a proyectos y a procesos más ambiciosos, que es lo que está advirtiendo la Comisión.

Y también tiene que ver con la realidad concreta que provoca un acuerdo, ¿no? Hay instituciones que salieron: la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, que dio recomendaciones importantísimas. Está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; está la Jurisdicción Especial para la Paz, que requieren mucho apoyo presupuestal y aliento para poder seguir en estos años de su mandato.

Entiendo que no es solamente con acuerdos ni con el lanzamiento de un proyecto, sino que hay que ir más adelante en la sostenibilidad en todos los ámbitos y es un desafío enorme, sobre todo para un país en el que las distintas formas de violencia han estado instaladas por más de seis décadas.

¿Qué tan lejos ve la paz en Colombia, cuando se negocia con grupos armados cuya ideología es el control territorial para el dominio de economías criminales como narcotráfico y minería ilegal?

Esa es una deriva que ha tomado este tema; que ya no solo es político como antaño, sino que ahora está vinculado con economías ilícitas. Es la realidad, es lo que tiene la Comisión ante sí. Pensamos que el Estado tiene que emplear los instrumentos que tiene en su conjunto para hacer frente a esas economías.

Tiene que trabajar más en los empeños que el mismo Acuerdo de Paz había posibilitado. En la dotación de tierra, el cambio de cultivos ilícitos, la vocación transformadora de la tierra hacia otro destino, ver dónde están los grandes temas de penetración del crimen organizado transnacional, atender el tráfico y control de armas que está utilizando la delincuencia organizada. Todo eso que también son problemas no solamente colombianos, sino latinoamericanos e interamericanos, diría yo.

Pero hay una cuestión que es muy importante, porque el mensaje que piensa la Comisión que puede mandar Colombia ahora es que atendiendo esos temas puede tener una mirada también integral a una paz como fruto de la justicia y que los temas de la delincuencia organizada no solo se atiendan a partir de la denominada guerra contra las drogas, sino desde una perspectiva más integral.

Que posibilite atender las causas de la exclusión, atender las causas por las cuales niños, niñas y adolescentes se van a combatir con estos grupos, atender las zonas más marginadas. Creo que todo eso requiere una estrategia de Estado mucho más amplia y ambiciosa, que es lo que está acompañando la Comisión ahora.

Nosotros estamos viendo el problema, y usted lo dice muy bien, no son solamente razones políticas, sino que son ahora cuestiones que tienen que ver con una deriva del narcotráfico, del oro, del contrabando. Una problemática mucho más delicada y grave porque ahí hay empresas criminales de alta violencia.

Lo que está haciendo la Cidh por lo pronto es preparar una resolución sobre crimen organizado y Derechos Humanos para ofrecer alguna luz a los estados sobre lineamientos para atender este grave problema y entender que la eficacia frente al crimen organizado no es dicotómica con el respeto a los Derechos Humanos. Porque ahora hay un discurso que elegiría, entre comillas, entre respetar los derechos humanos o combatir al crimen que se está instalando nuestras sociedades. Y me parece que es un tema que puede abarcar esas dos aristas tan importantes, respetar los derechos humanos de las personas, pero al mismo tiempo ser eficaz en la contención de las empresas criminales.

Es un debate que no pasa solo por un Estado ni por una fuerza hegemónica de otro Estado impuesta, sino que pasa por una discusión desde la perspectiva de la cooperación internacional. Eso es lo que ha hecho la Comisión en ejercicio de su mandato. Se lo recuerda hoy a Colombia, trabaja con Colombia; la comisión no se desentiende del problema y los desafíos que enfrenta Colombia, y su mirada es de aliento para ir a otro estado de cosas.

¿Esa resolución ya la están preparando? ¿Y qué implicaciones tendría la misma para el Estado colombiano?

Es una resolución regional. Es decir, va para todas las Américas, no es vinculante, no es un informe de fondo con recomendaciones específicas ni está dentro del contencioso y tampoco del monitoreo de Colombia porque es regional; pero también habla de recomendaciones para los Estados. Ojalá que Colombia, que es tan claro en sus compromisos internacionales desde el Estado hacia la Comisión y los órganos del sistema, pueda también atender esa resolución.

Pero por lo pronto, pues ahí hay 57 recomendaciones que sí están dirigidas al Estado colombiano en este contexto de lo que advertimos en la visita ‘In loco’ y de este informe sobre las violencias. Una muy importante es avanzar en un diálogo para la paz, que eso creo que tiene que producirse, remontar un clima de polarización y conducir los esfuerzos de Colombia hacia la paz.

¿Este informe de la Cidh sobre Colombia es vinculante?

Habría que distinguir dos cosas jurídicamente. Lo propiamente vinculante en el escenario de los órganos del Sistema Interamericano, pues son las sentencias de la Corte Interamericana, aquellos Estados que han aceptado su jurisdicción, como Colombia. La Comisión hace informes que son recomendaciones.

Hay diversos alcances de estos informes, los que están dentro de un proceso contencioso, de un caso que es reparar a víctimas concretamente y eso tiene una fuerza de un caso cuasi jurisdiccional.

Digamos que se encamina en la Comisión Interamericana y que se ofrece un marco recomendatorio para el Estado. Si no se atiende, va a la Corte Interamericana, eso tiene una fuerza peculiar. Y luego los informes de monitoreo como este, que son recomendaciones, pero que le digo en Colombia, Colombia tiene una vocación de atender todo lo que la Comisión le dice. No, Colombia no debate este tema si es vinculante o no. Colombia, lo que sale de los órganos del sistema, lo atiende.

Esa es una enorme fortaleza de Colombia como Estado, como sociedad frente al derecho internacional. Entonces, espero que, como siempre, Colombia trate de atender estas recomendaciones y se vayan cumpliendo.

De hecho, tuvo la posibilidad el Gobierno colombiano de presentar objeciones antes de publicar el informe, ¿no?

Siempre se presentan y le llamamos observaciones más que objeciones, porque, como no es un contencioso, no se objeta; no es tanto la perspectiva sino son observaciones al informe que tienen implicaciones al acompañar y expresar algún punto adicional, al aportar mayor información, precisar información. Eso es muy relevante para que la Comisión tenga ese diálogo desde antes.

Puede haber en esas observaciones objeciones, algunos puntos y la Comisión las toma o no las toma. Entonces, la Comisión entró en un diálogo con el Estado y el informe está publicado también con elementos dentro de ese diálogo que tenemos diplomático con el Estado colombiano y el Estado hizo muchísimas observaciones porque nos mandó un documento amplio, robusto; es decir, eso se agradece mucho, se hizo un muy buen trabajo por parte del Estado para complementar el informe.

¿Analizaron las condenas que viene imponiendo la JEP, algunas muy cuestionadas por temas de impunidad, además en delitos relacionados con violaciones graves a los Derechos Humanos?

Lo que pasa es que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene también un mandato de justicia restaurativa. Entonces, una perspectiva que está inscrita en justicia transicional. Yo sé que eso ha sido polémico y también es polémico en relación con el alcance de lo que ha dicho la Comisión y la Corte con respecto a las violaciones graves a Derechos Humanos, pero es un trabajo que me parece que debe acompañarse y pienso que la Jurisdicción Especial para la Paz está haciendo un esfuerzo enorme por llevar justicia de este nivel y de esta magnitud, de este calado, de esta amplitud, hacia Colombia, sobre todo este proceso de violencia que se vivió décadas pasadas.

Tenemos nosotros reuniones periódicas con los integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y escuchamos su parecer y conocemos su trabajo y en el informe también vienen algunas recomendaciones para el fortalecimiento de la propia Jurisdicción.

¿Le preocupa a la Cidh la situación creciente de violencia armada ad portas de una campaña política?

Lo que la Comisión está diciendo es que la salida de ejercicio de los derechos político electorales y el debate político debe ser intenso, vigoroso, de contraste de ideas, pero de ninguna manera llamar a la violencia. Por eso estamos diciendo, en este contexto de lo que viene en el proceso electoral, que tiene que haber diálogo. Un diálogo que pueda eliminar la polarización y que ayude a conseguir la democracia.

La democracia no solamente es el gobierno de las mayorías por una imposición, es un gobierno de mayorías dialogantes; el sentido auténtico de democracia es también dar voz a las minorías, es también la participación política de todas las personas, es la construcción de acuerdos y es el diálogo y es lo que la Comisión quiere privilegiar con esta con este informe.

No es fortuito que su primera recomendación tenga que ver con instalar el diálogo en la sociedad colombiana. Entonces, yo pienso que en este contexto electoral hay algunos mensajes que son importantes. El primero, es que la apuesta por los Derechos Humanos debe ser una apuesta de Estado y una política de Estado, no del Gobierno, no de un partido, no de quien tenga la presidencia en el Congreso ni tampoco en la titularidad del Ejecutivo. Es una política de Estado que debe ser duradera y que trascienda la coyuntura electoral. Que también Colombia en este contexto electoral, pues tendría que refrendar como Estado también su compromiso con los organismos internacionales y con el multilateralismo en tiempos de tanta incertidumbre en las Américas y en el mundo.

Y tercero, que puede dar un mensaje también de construcción democrática y de paz como fruto de justicia y también como fruto del diálogo. Eso yo creo que es un momento importante, de no polarización, ¿verdad?

¿Qué interpretación hace la Comisión de lo que han sido estos años de la Política de la Paz Total del Gobierno Nacional?

Nosotros aludimos a los esfuerzos que se han hecho para poder tener esfuerzos hacia la paz. No tenemos un marco evaluatorio en el informe de las políticas públicas puntuales sino que es una constatación de la realidad colombiana frente a los estándares interamericanos de Derechos Humanos. Se ha saludado el esfuerzo, pero nuestro informe va más allá, va a lo que estamos viendo en el análisis de la situación con respecto a los tratados internacionales. Aunque pues sí se hace una dimensión de reconocimiento, de iniciativas como esta que usted menciona, como el Acuerdo de Paz y también en una estructura tan robusta que tiene Colombia en su Constitución de 1991.

¿Cuál es la principal preocupación para la Comisión frente a lo que han encontrado en este informe especial para Colombia?

No estamos en el en terreno de ranquear las cosas, pero pienso que es una valoración positiva de los esfuerzos que se han hecho; de todo el marco normativo institucional que ya le decía que con Colombia se ha dado, tomándose en serio su compromiso con los Derechos Humanos y tomándose en serio las situaciones de violencia y un reconocimiento a los esfuerzos y también hay una perspectiva de impulso y de reconocimiento también de la realidad, de una realidad que urge a que Colombia haga un trabajo mucho más constante, mucho más hondo, mucho más profundo para paliar todas estas desigualdades.

¿Algún elemento importante del informe por el que no le haya preguntado, pero que usted considere importante que lo conozcan los colombianos?

Insistir en las recomendaciones que le decía: diálogo entre la sociedad, instalar una mesa de diálogo, generar acuerdos con actores armados no estatales, pero que tengan un tema de pretensiones políticas y generar una perspectiva de mayor esfuerzo redistributivo de los bienes, de los servicios, una política de atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En eso se desprenden las 3 primeras recomendaciones, de 57. También decirle que la Comisión va a estar acompañando a la sociedad colombiana y que vamos a dar seguimiento a las recomendaciones y a su cumplimiento.